El pasado 2 de mayo, se desprendió desde este Semanario Universidad, como efecto de la desmedida opinión pública, una desafortunada valoración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, liderada por el señor Gerald Rodríguez Abarca. Y al desprestigio inadmisible que orquestó esa insoportable opinión es que me quiero referir.
180 años han transcurrido desde que las puertas de la Facultad se abrieron, como casa de enseñanza emblemática, apuntando a un liderazgo originario en el campo legal, y figurando como un instrumento socialmente transformador, de realización e instrucción tanto pública como privada, que cimentó en el colectivo la visión de una pueblo libre y consciente de las obligaciones cívicas, baluarte de la libertad y rector de la política.
¿Cuántos legisladores sabios, magistrados justos, fieles defensores de derechos y precursores de la administración han superado, en tiempo y forma, la dificultad académica que se pondera en el plan de estudios que oferta la Facultad? Su estudiantado ha encabezado competitivos proyectos de desarrollo social, político y económico, dentro y fuera del país y, de seguro, desarrollaron sus obligaciones académicas sin cuestionamiento alguno de la exclusión de algún requisito para llegar al preciado y esperado acto de graduación. Antes bien, el interés por alcanzar la cima intelectual, académica y profesional mediaba prioridad.
Mientras fui estudiante de grado en la Facultad, era inviable considerar que el ejercicio profesional desarrollado en los consultorios jurídicos podía no tratarse de un requisito de graduación. Si forma parte del plan de estudios es justamente para un mejor desarrollo profesional, porque el estudiantado alcanza mayor conocimiento práctico en los despachos judiciales, como defensor de derechos de las partes.
Si usted, señor Gerald, no recibió información de si haber cursado consultorios jurídicos se trataba de un requisito para el acto de graduación, ha de ser porque el personal atendía asuntos de alta relevancia: convenios interinstitucionales, pasantías, defensas de trabajos finales de investigación, evaluaciones, docencia, acción social, asuntos estudiantiles, etc. Pero, si los consultorios jurídicos están incorporados en el plan de estudios (DE4200), ¿cuál fue el esfuerzo intelectual que lo llevó a la conclusión de que la Universidad no lo exige y que, por ende, no se trata de un requisito de graduación? Lo más lamentable es que se enojó, a pesar de que fue unilateral la expectativa de derecho al eventual levantamiento, sin esfuerzo alguno motivador.
Usted mencionó que la Facultad, al remitir el asunto a Oficina Jurídica, “perdió el precioso tiempo que pudo invertir en valorar los reclamos estudiantiles”, como si la administración debiera haber atendido con carácter de urgencia sus insostenibles peticiones, mientras que la generación, seguía el curso normal de su plan de estudios, sin aspavientos.
Señor Gerald, no es que usted como afectado haya quedado fuera de la graduación de abril, como erróneamente lo hace ver al colectivo, sencillamente es que no le correspondía para entonces beneficiarse del acto de graduación. Porque justamente usted, al parecer, no había finalizado su plan de estudios.
Note que, de haber recibido una respuesta positiva por parte de la administración, hubiera sido de agregado valor respecto a la condición normal que ostenta como estudiante. En todo caso, tenga presente que se encuentra usted en la misma condición en tiempo, modo y lugar, que le corresponde al estudiantado de Derecho con el grado de avance del plan de estudios que lleva: a la espera de finalizar el plan de estudios para optar por el derecho de graduación.
Por último, ya ve que el Derecho es para la Facultad como la Facultad es para el Derecho, lo que difiere absolutamente con su idea, aquella que pretende justificar que la administración esté al servicio de peticiones desmedidas del administrado.
