Los pactos sociales se generan en coyunturas excepcionales, en etapas críticas y de elevada conflictividad y en momentos sujetos a un elevado grado de incertidumbre. La magnitud y carácter de los cambios al statu quo que pueden acarrear se relacionan con su oportunidad; con la confluencia de una apertura de la agenda pública y gubernamental; con la disponibilidad de alternativas de política, de diagnósticos y de narrativas, y la receptividad de actores con poder de decisión formal. Pueden tener efectos estructurales a largo plazo e implicar momentos definitorios o fundacionales que dan origen a sendos ajustes o reformas posteriores.
Diversas vías pueden cimentar la construcción de pactos, según los actores participantes, el carácter de los ganadores y perdedores, la interacción con procesos de representación y de participación política. No provienen de un único momento fundacional por excelencia. Generalmente, abarcan momentos sucesivos o paralelos de conflicto, discusión, ruptura, acuerdo y decisión, ya que, por definición, requieren negociaciones y concesiones por parte de los actores participantes, quienes acotan el alcance de las medidas y decisiones. Por esa misma razón, no necesariamente colman las demandas y expectativas de sujetos políticos vitales o, incluso, del grueso de la ciudadanía. Cuando originan un nuevo statu quo que llega a ser aceptado por gran parte de la sociedad, se cimentan amplios consensos; a la larga, la representatividad de los pactos es fundamental para su legitimidad democrática.
Tras diecisiete años de dictadura, la experiencia chilena demostró la posibilidad de hacer pactos serios y estables entre fuerzas otrora antagónicas, en el marco de un régimen presidencialista; sin embargo, para ello, las coaliciones medulares se forjaron previamente a las elecciones. La encrucijada política que enfrenta actualmente Costa Rica pone sobre el tapete el desafío de forjar pactos de cara a esta segunda vuelta electoral, lo cual le imprime una gran complejidad en el marco de un régimen presidencialista.
Por otra parte, cabe considerar que el bipartidismo llegó a su fin en el país y que no se retornará a él, lo que pone sobre el tapete la pertinencia de pactos entre los partidos políticos como un elemento indispensable de la gobernanza, a corto y mediano plazo.
Algunos piensan que forjar un pacto en las actuales condiciones ata de manos a los partidos participantes, pues los hace corresponsables de una futura administración sin contar con los instrumentos que hagan efectiva la realización de los compromisos pactados y sin que pueda cambiarse el gobierno ante su incumplimiento, como ocurriría en un régimen parlamentario. Plantear consecuentemente que sean los ciudadanos quienes, de forma individual, lleven sobre sus hombros la importante obligación de elegir al próximo presidente busca -al menos en público- eximir a los partidos de su responsabilidad histórica. Es decir, desplaza hacia los individuos la decisión cabal acerca del destino patrio. Esa narrativa escamotea la responsabilidad de todos los partidos políticos en la actual encrucijada, la más crítica en muchas décadas.
Por otra parte, ante el fenómeno de Trump y el reciente logro de una regresiva reforma tributaria en los EEUU, y ante el éxito de los grupos religiosos con representación parlamentaria en Brasil -determinantes en el impeachment de Rousseff-, habrá empresarios que hasta se ilusionen ante la perspectiva de darle el apoyo a Fabricio Alvarado y, por ende, quieran negociar con él acuerdos para lograr una repartición de campos de acción. Ello se ve nutrido, o bien por el fracaso del PAC en el logro de una reforma tributaria, que sabemos era y es inaplazable, o bien por la percepción de que Fabricio va a lograr reunir más votos.
Esa perspectiva empresarial indudablemente parte de la premisa de que podrán domar a un presidente disminuido y falto de experiencia política, quien presuntamente buscaría consejo y experiencia en personas afines al empresariado. Se trata de una apuesta muy arriesgada, pues no solo el mandatario tendría tales características, sino que carecería de un partido político, que es indefectible para la gestión política en los turbulentos tiempos actuales. Por otro lado, la lectura de la experiencia internacional se revela como muy simplista, ya que Trump, por ejemplo, no puede analizarse sin el papel del Partido Republicano, pese a su franca decadencia.
Subestimar a los grupos protestantes fundamentalistas se ha vuelto una tónica en los años recientes. Lo cierto es que han demostrado gran sagacidad destructiva. Es así como sus organizaciones religiosas, sus medios de comunicación televisivos y radiales, el financiamiento de sus fieles (logrado muchas veces de formas cuestionables) y de organizaciones foráneas, su exigua representación parlamentaria, la disimulada penetración de los partidos tradicionales, y el uso incontenido de la mentira dentro y fuera de las redes sociales para lapidar al enemigo les han permitido llegar a proyectarse como una inusitada alternativa política en la Costa Rica actual, convertida en un paraíso terrenal de la posverdad. La experiencia de los partidos políticos que han subestimado la sagacidad y la penetración de estos dirigentes y grupos religiosos debiera estar en el radar de los políticos y de los empresarios que apuestan por un Fabricio domado y obediente.
A Carlos Alvarado le toca un protagonismo inesperado en la actual contienda y, sobre todo, liderar el diálogo en torno a un pacto nacional, aun cuando el PAC es un partido tradicionalmente alérgico a los pactos. En el caso de Carlos Alvarado y del PAC, esto implica: rectificar errores de la actual administración y ejercer una autocrítica franca al país; dialogar con los demócratas de diversas pertenencias partidarias que otrora han sido el blanco por excelencia de sus ataques; pensar una agenda nacional que trascienda los marcos tradicionales de su partido y reflexionar acerca de la necesidad de ampliar su base social. Esta última ha estado anclada eminentemente en los trabajadores públicos y cuyas reivindicaciones deben contenerse debido a sus efectos fiscales y el uso de las contribuciones de la CCSS. Por ello, cabe preguntarse, ¿podrán estar a la altura de las circunstancias?
Es iluso y arrogante creerse domador en política, ya que esta no es un espectáculo circense. La aquiescencia de políticos y empresarios ante el fundamentalismo religioso como norte del país y ante la fusión del poder político y del poder religioso será un acto de trágica gravedad moral y ética. Por el contrario, están llamados a resistir desde su poder político el ascenso de figuras que carecen de la estatura, del conocimiento, de la experiencia y del temperamento indispensables para tomar las riendas de nuestra democracia. En este sentido, una posible abdicación afectaría gravemente el ya disminuido liderazgo de los partidos políticos tradicionales, y comprometería su futuro a corto y mediano plazo. Los problemas de los últimos años entre los partidos democráticos hacen, indudablemente, difícil un pacto. No obstante, la presente encrucijada, al igual que otras experiencias históricas, puede hacer posible lo que en la normalidad parecía imposible.
El país requiere que se fortalezcan los partidos democráticos y la institucionalidad con el fin de acometer los desafíos en el campo tributario, del transporte público, de las comunicaciones, de la calidad de la educación, de las reducciones de la desigualdad y de los derechos humanos. Esto nos permitiría proyectarnos promisoriamente hacia el siglo XXI en un mundo globalizado y con aceleradas transformaciones tecnológicas y sociales. En este sentido, una abdicación de los partidos políticos solo puede conducir al fracaso y a dar al traste con esa querida democracia que tanto esfuerzo ha costado forjar tras la cruenta guerra civil.
