Tal vez usted sea una más de las víctimas del agobio que, para miles y miles de personas de la GAM, significa transportarse. Una de las principales causas, aunque no la única, de este martirio cotidiano reside en lo inadecuado del transporte público. Pero, ¿qué tan público es el inadecuado transporte público en Costa Rica? Recordemos que, en el caso de los servicios, el calificativo de “público” puede decirse tanto de los que están abiertos al público como de los que, además, son de propiedad pública. De hecho, la apelación de “público” a veces se reserva para los de propiedad pública. Por ello un banco propiedad de una empresa privada pertenece a la banca privada, aunque sus servicios estén tan abiertos al público como los de la banca pública, que sí es de propiedad pública. Así las cosas, en nuestro país el “transporte público” es tan “público” como la banca privada: ambos son de propiedad privada aunque sujetos a regulación estatal. Y si encima muchas de las normas estatales relativas al transporte público no se cumplen, lo que acentúa el que las empresas proveedoras actúen como simples empresas privadas, la situación se torna aún más ambivalente. En resumen, que nuestro transporte “público” lo es solo a medias.
Viendo lo que ocurre con el transporte público en las urbes metropolitanas de otros países, se observan dos situaciones: o es enteramente provisto por operadores privados, o predominan las empresas públicas. En el caso de la GAM, y de todo Costa Rica, tenemos la primera situación. Esto alegrará a quienes consideran que lo privado es, per se, superior a lo público, pero lo cierto es que dicha situación prevalece solo en el antes llamado Tercer Mundo, donde el transporte público a menudo es caótico e inadecuado, mientras en las urbes del así llamado Primer Mundo, donde suele ser más ordenado y eficiente, prevalecen, aunque hay excepciones, las empresas de propiedad pública. Un ejemplo es la ciudad de Nueva York, donde la Metropolitan Transportation Authority (MTA) opera el subterráneo, los buses, los trenes e incluso los puentes y túneles de una urbe de quince millones y un uso intensivo del transporte público, en el que los usuarios realizan en promedio seis millones de viajes diarios.
Ajenas a la obsesión de que lo privado es, per se, más eficiente que lo público, las mecas del capitalismo global, con Nueva York a la cabeza, a menudo cuentan con sistemas de transporte público operados por empresas públicas. Quienes gobiernan estas urbes reconocen, además, que la importancia de un transporte público eficiente es tal que amerita subsidiar dichas empresas, caso de la MTA, de la que nadie espera que deje ganancias. La razón es clara: saben que los múltiples costos generados por un transporte público deficiente son mucho más altos que el de los subsidios otorgados. Estos costos, por lo demás, a menudo se sienten más allá de las urbes, aunque es en ellas donde fenómenos como las presas se sienten con más fuerza. En Costa Rica, por ejemplo, los ferrocarriles estatales fueron cerrados por el costo que implicaba subsidiarlos. Pero su sustitución por cientos de trailers y camiones privados tuvo costos bastante más altos: carreteras congestionadas y dañadas por vehículos para las que no estaban preparadas, aumento en los tiempos de viaje, incremento de la factura petrolera, contaminación, etc. En breve, que los costos ocasionados por el cierre superaron con mucho el supuesto ahorro obtenido.
Las posibilidades de que la GAM llegue a tener un sistema de transporte público realmente público son hoy día muy limitadas, acaso inexistentes. Pero ello no debe impedirnos ver los problemas creados por la mezcla de una inadecuada supervisión estatal y una ineficiente, salvo para los empresarios, operación privada del transporte público. Una situación que cuestiona la validez de la difundida creencia de que la empresa privada es, per se, más eficiente que la pública. Como suele ocurrir en la esfera de lo humano, las posiciones maniqueas no dan cuenta adecuada de la complejidad de lo real.
