En fecha reciente ha figurado, en los medios de comunicación nacional, referencia a un acuerdo entre las nueve bancadas políticas que integran la Asamblea Legislativa, mediante el que estarían conviniendo en un proyecto para disminuir de manera permanente la deuda política (dineros del erario que se conceden a los partidos políticos por su labor proselitista) que estipula el artículo 96 de la Constitución Política, para que pase del actual 0,19% a un 0,11% del producto interno bruto (PIB). Ya en las elecciones del 2010, mediante decisiones transitorias, el monto dedicado había sido el equivalente al 0,11%; no obstante, el propósito actual es modificar el texto de la Carta Magna y convertir el citado porcentaje en regla.
Hasta ahí todo muy bien; sin embargo, la desilusión sobreviene en trago grande cuando un día después informan los mismos medios de comunicación que el rebajo de la inversión en deuda política viene amarrado a la pretensión de aprovechar la reforma al 96 constitucional para eliminar el requerimiento según el cual para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
En síntesis, el mensaje que se transmite a la ciudadanía es la intencionalidad de los padres de la patria de buscar congruencia con el discurso salvador (hasta cierto grado populista) de reducción del gasto público, pero, eso sí, liberando a sus respectivas casas políticas de las responsabilidades elementales de transparencia previa y concomitante rendición de cuentas que motivan la exigencia constitucional de comprobar los gastos antes de que sean girados los respectivos dineros. La justificación de semejante idea se compone, por una parte, de la intención de agilizar la entrega de los recursos a los que los partidos tienen derecho en razón de la cantidad de votos obtenidos; por otra, de la exculpante de que la reforma viene acompañada de un robustecimiento a nivel del Código Electoral de los controles que sobre los fondos girados realice el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). En conclusión analítica: los partidos consideran que los controles estipulados a nivel constitucional (con la consecuente fuerza normativa de primer orden que encarnan) deben ser eliminados por el retraso que generan, para ser estipulados y vigorizados en el plano legal. ¡Vaya disparate diputadil!
Esta transacción inaceptable causa estupor a quienes, con un mínimo de seguimiento de la realidad nacional, pueden constatar que hace escasamente un año se dictó condenatoria penal contra un exdiputado, un exsecretario y el contador del Partido Movimiento Libertario para las elecciones del 2010, por cuanto estafaron al TSE mediante capacitaciones ficticias por un orden superior a los ¢200 millones. Igualmente, el Partido Liberación Nacional tiene en suspenso, hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 128 del Código Electoral, una multa de mil millones de colones por la recepción mediante donación irregular del predio del Balcón Verde. Un grado elemental de suspicacia nos advertiría de que si esas situaciones se presentan con los actuales controles de rango constitucional, ¿qué podría atestiguarse si los controles se flexibilizan o descienden a nivel legal?
Ya el magistrado presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, advirtió que una reforma constitucional de esta naturaleza perjudicaría de manera significativa las facultades del Alto Tribunal en el supuesto de que se giren dineros que luego no pudieran ser justificados con arreglo a ley, puesto que podrían convertirse en sumas incobrables. El escenario parece claro, y sin duda alguna la ruta anunciada por los legisladores se aparta del clamor popular que demanda hoy un escrutinio del más alto orden en todos los aspectos de la función pública y del aparato democrático de nuestra nación. Ante una eventual negativa de esta advertencia, y como dice el juramento constitucional, la Patria se los demandará.
