Torneo de Debate Escrito UCR

El Torneo de Debate Escrito de la Universidad de Costa Rica es una competencia en la cual, a través de la investigación y métodos

El Torneo de Debate Escrito de la Universidad de Costa Rica es una competencia en la cual, a través de la investigación y métodos de razonamiento, se discuten temas actuales. La competencia busca crear un espacio de controversia donde los estudiantes se reten a sí mismos defendiendo posiciones que quizá no comparten, y de esa manera exploren objetivamente sus opiniones personales.

Cuatro equipos de la Facultad de Derecho de la UCR se inscribieron y se enfrentaron durante tres rondas en el transcurso de cuatro meses. La modalidad del debate escrito permitió que las discusiones fueran de manera remota y los escritos se enviaron por correo electrónico. Se debatieron temas como el enfoque educativo de la UCR y el endurecimiento de penas privativas de libertad; para esta última ronda se quiso analizar el tema de la transparencia en la gestión del Gobierno actual, como una oportunidad para exponer la perspectiva de los estudiantes en una discusión que ha sido de suma importancia para el país. Esta publicación es una síntesis de los escritos que participaron de esa ronda final.

Tesis: “Este es el Gobierno de la “casa de cristal” en donde la transparencia y rendición de cuentas son la esencia de la gestión pública”.

Proposición

María Alice Miranda Marchena

Bárbara Medrano Vega

Dominique von Köller Agüero

Defendemos la tesis de que la Administración Solís Rivera se ha preocupado por fortalecer los mecanismos existentes y por implementar nuevas herramientas que contribuyan con la transparencia y efectiva rendición de cuentas del Gobierno.

Respecto del concepto de la “casa de cristal”. Finalmente, la “rendición de cuentas” es el procedimiento de evaluación de resultados al que están sometidos los funcionarios públicos, según se regula en el art. 11 de la Constitución Política.

Argumentos a favor de la tesis

Este Gobierno ha puesto la transparencia como pilar fundamental de su gestión, lo cual respaldamos en la vasta implementación de mecanismos y políticas que fomentan la transparencia y la utilización de las redes sociales como mecanismos de información.

Estas herramientas suponen avances no solo en cuanto al reconocimiento de la importancia de la utilización de mecanismos que respondan a la realidad nacional, tal como es la utilización de medios digitales y electrónicos de conformidad con el avance de las comunicaciones y la tecnología, sino también con respecto al establecimiento de medios por los cuales los ciudadanos puedan conocer datos de relevancia nacional, por contener información de interés público, de una forma accesible y agradable con el usuario.

El portal “Gobierno Abierto”, dirigido a transformar la cultura política, empodera a la ciudadanía por un lado y fortalece el servicio público por el otro. La idea es garantizar una gestión pública más transparente, ética, eficiente y participativa. Además, entiende que el derecho de acceso a la información pública es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa en tanto que permite a la sociedad civil analizar, juzgar y evaluar íntegramente los actos de sus representantes y estimula la transparencia en los actos de la administración pública del Estado.

Es también relevante mencionar el portal “Datos Abiertos”, al cual se le dio apertura en el año 2016, con la finalidad de garantizar a los ciudadanos el acceso a la información, respecto de la gestión de la política gubernamental. Dicho portal constituye una herramienta digital, de acceso abierto, que facilita el acceso a información de datos sobre las compras públicas, específicamente sobre las licitaciones adjudicadas y compras firmes de instituciones públicas para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos; información sobre la gestión y la ejecución presupuestaria no solo de la Administración Central, sino que también de los gobiernos locales y las instituciones públicas; datos sobre la planilla y los salarios de los funcionarios de la Presidencia y del Ministerio de la Presidencia. Es importante recalcar que sin la facilidad de acceso a los datos mediante una herramienta como la de “Datos Abiertos”, no sería posible que el pueblo costarricense pudiera conocer toda la información de manera sencilla y rápida.

En este sentido, es posible señalar los Planes de Acción, mediante los cuales el Gobierno ha procurado que haya una participación ciudadana, en relación con tópicos de importancia nacional. Ello implica que el Gobierno sea abierto a escuchar propuestas del pueblo y que este último no sea un mero espectador de las decisiones políticas que vayan a afectar su esfera personal, jurídica, económica y social. En esta herramienta de “Plan de Acción”, se establecen estrategias y ejes para la realización de una relación de colaboración entre el Gobierno y el pueblo para la concreción de políticas de interés general sobre aspectos como la transparencia, la lucha contra la corrupción y otros.

Relacionado con este tema, también hay que mencionar la comparecencia de Luis Guillermo Solís ante la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa, con fecha del 4 de setiembre de 2017, en la cual el mandatario procuró atender todas las inquietudes y cuestionamientos sobre su propia gestión relacionada con este caso. De lo anterior se denota la voluntad del mandatario de ser transparente en cuanto a sus gestiones.

En conclusión, se observa que en este Gobierno se han establecido políticas y mecanismos que procuran la mayor transparencia sobre datos de interés general y una participación ciudadana, para procurar una gestión apegada a los principios del Estado Social de Derecho. En este sentido, los esfuerzos en cuanto a la implementación de instrumentos de fácil acceso a la población sobre información de la gestión y administración pública en general reflejan la forma en la que la Administración 2014-2018 ha mantenido, como pilar de su gestión, la transparencia y honestidad, con la finalidad de procurar un avance que diferenciara este Gobierno de los anteriores, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones como jerarcas de la Administración.

Oposición

Priscilla Álvarez Vieto

Valeria M. Garro Ortega

Sebastian Sauter Odio

El Plan Nacional de Desarrollo, “derrotero de este Gobierno,” dispone que uno de los “pilares fundamentales” de la Administración Solís Rivera es la búsqueda de un “Gobierno abierto, transparente, que lucha contra la corrupción”. En los últimos años, después de estas promesas, hemos visto un desfile de casos de corrupción, de los cuales la falta de transparencia es lo que sale a relucir. Defendemos que la transparencia y la rendición de cuentas definitivamente no pueden ser considerados elementos esenciales para el Gobierno de nuestro país entre el  2014-2018.

Refutaciones a los argumentos de la posición a favor

Es menester señalar que los argumentos de la posición a favor se limitan a describir la instauración de canales de comunicación más directos con los administrados y cómo funcionan. No negamos que la Administración Solís Rivera se haya “preocupado por fortalecer los mecanismos existentes y por implementar nuevas herramientas que contribuyan con la transparencia y efectiva rendición de cuentas del Gobierno”. Lo que sí negamos es que la transparencia y rendición de cuentas sean la esencia de la gestión de este Gobierno, y que además estas herramientas y canales de comunicación sean garantía de la transparencia. Como bien señala la contraparte, son precisamente “herramientas”, entre otros posibles medios, que colaboran con el objetivo de alcanzar la transparencia. Se debe partir de la criticidad.

La contraparte toma en consideración el canal de comunicación, obviando el contenido de la información comunicada (el mensaje). Solamente en el caso de “Datos abiertos” se analiza con mayor detalle el contenido del canal de comunicación. Este es un punto fundamental para entender la transparencia como esencia del Gobierno actual, y es algo que carece el escrito de proposición. Es decir, la transparencia y la rendición de cuentas no solo involucran una comunicación eficaz entre la Administración y los administrados, sino que requieren eficiencia de la propia actividad gubernamental, que luego se comunica. Se localizó un sitio con el nombre “Plan de Acción” en la misma página de Gobierno Abierto y se trata de un espacio de participación ciudadana sobre cinco ejes temáticos seleccionados, que para 2017-2019 son los siguientes: igualdad entre géneros, acción por el clima, ciudades sostenibles, paz y justicia y poblaciones vulnerables. En este sentido, no es cierto, como afirma la contraparte, que estos sean espacios donde la ciudadanía haya podido incidir en temas como transparencia y lucha contra la corrupción, puesto que no se encuentran dentro de los cinco ejes temáticos que se detallan en la página.

Por otro lado, la comparecencia del Presidente Solís ante la Asamblea Legislativa responde a una atribución de la propia Asamblea de nombrar comisiones especiales de investigación y “hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla”, incluyendo la obligatoriedad de comparecer del Presidente. De modo que este hecho no responde, como alega la contraparte, a “la voluntad del mandatario de ser transparente en cuanto a sus gestiones,” sino al cumplimiento de un mandato constitucional.

Argumentos en contra de la tesis

Nos gustaría partir con la más reciente encuesta de la Unidad de Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, la de octubre 2017, donde se muestra que la evaluación de la gestión del Gobierno ha aumentado en su calificación negativa, y que “la percepción de la corrupción como problema principal [del país] aumentó.” La constante negligencia en la debida transparencia y la falta en la rendición de cuentas podrían explicar que los ciudadanos percibamos la corrupción del Gobierno como más problemática que en años anteriores.

El presidente Luis Guillermo Solís procuró dejar claro desde un inicio que su administración iba a ser transparente: “deseo que el Gobierno –empezando por el propio Despacho presidencial– funcione como una gran vitrina o casa de cristal.” Sin embargo, parece que a esta vitrina o casa de cristal le instalaron unas cortinas bien gruesas, y que además las dejaron cerradas, reflejado en las actuaciones inconsistentes por parte del presidente y varios funcionarios relacionados directamente con la Administración Solís Rivera. Este es el caso de los escándalos del “cementazo” y el caso Yanber, y las actuaciones de la Administración que se han denunciado a través de medios de comunicación de masas. Queremos aclarar que esto no implica que se tenga una certeza de culpabilidad de X o Y funcionario; eso corresponderá al proceso judicial correspondiente. Lo que sí encontramos es prueba indiciaria suficiente para concluir que existen inconsistencias en las actuaciones del Gobierno. La sola creación de la Comisión legislativa especial para la investigación del “cementazo” ya es un indicio significativo para alegar presuntas actuaciones poco valiosas y no transparentes de la Administración; aún más las medidas cautelares recientemente dictadas contra algunos involucrados en este escándalo.

Con respecto a este caso, el presidente manifestó: “a mí que me registren, que analicen el gestionar del Gobierno y que vean si hay o no interferencia de terceros en ese proceso, porque no la hay.” Mediante esto alega que no existe interferencia de él en este proceso, sin embargo, el diputado Víctor Morales Zapata, el cual fue calificado como “embajador de Bolaños” por Mariano Figueres (Jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad), afirma que “siempre actuó con estrecha comunicación y coordinación con el presidente”. Se muestra una inconsistencia entre ambas declaraciones, que provoca incerteza en la población respecto de la gestión del Gobierno, y que pone en riesgo su transparencia.

Respecto de Yanber, la compañía de plásticos presuntamente emitió estados financieros a su conveniencia para que le fueran otorgados créditos siete meses antes de que la “empresa solicitara el inicio de un proceso judicial para evitar la quiebra”. Entre sus acreedores, figuran bancos comerciales de fondos públicos, entre ellos el Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Bancrédito quienes le otorgaron créditos por una suma de  $22,8 millones. Aún más, cinco miembros de la Junta Directiva del BCR fueron nombrados por el Consejo de Gobierno de Solís Rivera. La utilización de fondos públicos para el otorgamiento de créditos, en vista del advenimiento de la crisis de Yanber, puso en “juego el ahorro público,” la credibilidad de la gestión gubernamental y su transparencia.

Por tanto, lo que se puede aseverar con fundamento, es que hay indicios para al menos dudar de la transparencia y debida rendición de cuentas de la Administración Solís Rivera (en sentido amplio) — indicios extraídos de los medios de comunicación de masas—, y por tanto establecer que efectivamente la transparencia y la rendición de cuentas no han sido la esencia de su gestión de gobierno.

Réplica

María Alice Miranda Marchena

Bárbara Medrano Vega

Dominique von Köller Agüero

Defensa de argumentos a favor

Con respecto a la información relativa a los Datos Abiertos como mecanismo ideado e implementado con la finalidad de lograr mayor transparencia en la gestión de la Administración Solís Rivera, es menester aclararle a la contraparte como defensa de dicho argumento, que la misma es una plataforma de acceso abierto. Por lo anterior, este equipo, en aras de optimizar el espacio argumentativo, optó por realizar una mención general del contenido de dicha plataforma, resaltando -lo que consideramos de mayor relevancia-, su importancia como mecanismo ideado por la Administración por procurar mayor facilidad y alcance respecto a información de interés público. Ello implica que el gobierno procuró, mediante la creación de esta página, que toda persona sin discriminación alguna, pudiese acceder a datos que puedan ser de conocimiento general, en relación con la gestión y administración de fondos y recursos de la Administración Central e incluso de otras entidades descentralizadas funcional y territorialmente. En esta misma línea, la contraparte señala que la transparencia no solo implica una comunicación eficaz entre la Administración y los administrados, sino también la eficiencia de la propia actividad gubernamental, respecto a lo cual coincidimos. Sin embargo, la oposición no aporta prueba concreta para sus alegaciones de ineficiencia en la gestión del Gobierno.

En relación con el “Plan de Acción”, es menester señalar a la contraparte, que dicho programa implementado por el gobierno, puede consultarse vía página web. En ella, se establecen los ejes del mismo: Transparencia y Acceso a la Información, Lucha contra la Corrupción y Participación Ciudadana, así como se definió el marco temporal de su aplicación, que corresponde a los años de 2017 a 2019. El Plan de Acción es un documento con varios compromisos que rige por dos años y funciona como hoja de ruta para el trabajo multisectorial en temas de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y lucha contra la corrupción.

Argumentos en contra

La contraparte de este debate asume una postura incriminatoria del Gobierno a partir de simples declaraciones. Para juzgar una situación, jurídicamente hablando, no es adecuado partir de aseveraciones que no han sido sometidas a prueba formal, contraponiendo estas opiniones con pruebas físicas, u otras declaraciones oficiales. Desde la perspectiva personal de quienes escribimos esta postura, aborrecemos la corrupción y censuramos cualquier acto que atente contra la sana democracia, y el ejercicio normal de las funciones administrativas. Sin embargo, consideramos, apoyándonos en las teorías garantistas, en los principios del debido proceso, de la obligación de la administración de la  búsqueda  de la verdad real, y en las actuaciones materiales públicas y probadas de este Gobierno, que el tema de la transparencia no es un tema en cuestión.

Es importante hacer un recorrido histórico por la política costarricense, o incluso centroamericana para ver la crisis cuasi fisiológica, que envenena la comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía. El “dar la cara” y ser abiertamente sometido a discusión es parte de ese ejercicio de apertura que no se había venido visto en administraciones anteriores. Asumir que el presidente, u otro representante del Gobierno es el culpable, de forma a priori puede funcionar como chivo expiatorio, y calmaría las efervescentes almas desveladas con sed de justicia.

De conformidad con lo anterior, pretendemos señalar que la contraparte, en relación con el escándalo del “cementazo” no puede apelar a manifestaciones realizadas por funcionarios respecto de los cuales se tienen sospechas en cuanto a su vinculación con la dinámica corrupta que dio lugar al caso concreto, para tomar una postura afirmativa respecto de la relación -improbada- de la Administración Solís Rivera, con el tráfico de influencias sobre el cual se tiene certeza de su existencia, más no de aquellos funcionarios que resulten “culpables” respecto de los hechos, de conformidad con las reglas del debido proceso que rigen los procesos de juzgamiento de las personas, dentro del Estado Social de Derecho.

Por otra parte, en relación con la Administración Central, comprendida como el Poder Ejecutivo, la misma no responde por responsabilidad in eligiendo o in vigilando por las actuaciones de las juntas directivas de las entidades bancarias, pese a que la elección de sus miembros sea realizada por el Gobierno. Lo anterior, por cuanto las entidades bancarias gozan de autonomía dentro del ejercicio de sus funciones en estricto apego al principio de legalidad. Lo anterior supone que la responsabilidad derivada de la actuación inobservante del deber de probidad en el ejercicio de la función pública por parte de los miembros de las juntas directivas de las entidades bancarias, y en el caso concreto del “cementazo” la del Banco de Costa Rica, podría ser de índole administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda tener lugar si se somete el caso a la jurisdicción penal respectivamente. Ello con la finalidad de señalar que no puede comprenderse la regulación respecto de la responsabilidad administrativa, con base en una interpretación tan extensiva incluso implicando a la Administración Central -en concreto la Administración Solís Rivera- por la actuación de los funcionarios designados por la misma, que pertenecen a otras entidades descentralizadas -entes bancarios-, omitiendo la materia de autonomía de la que gozan las entidades de la Administración Pública.

En síntesis, sostenemos que tal como se presenta la situación actual respecto del caso del “cementazo” y el caso de “Yanber”, resulta insostenible basar un alegato respecto de la vinculación concreta entre la Administración Solís Rivera, y el tráfico de influencias, en declaraciones indiscriminadas de un funcionario que incluso en la formulación de las mismas, no prueba el motivo por el cual la Administración Central se encuentre de forma alguna implicada en los hechos que dieron lugar a la celebración de acciones y eventos tan dolorosos para la estabilidad democrática de nuestro país.

Dúplica

Priscilla Álvarez Vieto

Valeria M. Garro Ortega

Sebastian Sauter Odio

Refutaciones a los argumentos a favor

La contraparte admite que su argumento relativo a los “Datos abiertos” se limita a establecer que es un canal de comunicación que puede fomentar la transparencia, cosa que admitimos en el propio escrito de oposición, pero no profundiza en analizar el contenido transmitido por este medio, que es lo que cuestionamos, haciendo caso omiso a las preguntas que les formulamos. Claro, permite acceso abierto, pero, ¿por ese simple hecho se puede afirmar que “Datos abiertos” garantiza la transparencia? ¿Qué porcentaje de la información de índole pública está ya disponible en estos portales? ¿Cómo saber que en efecto se puede confiar en estos portales? ¿Qué tan seguros son? ¿Cada cuánto se actualizan? ¿Nos revelan toda la información que tenemos derecho a saber? ¿Cómo sabemos que mediante ellos podemos verdaderamente fiscalizar y prevenir actuaciones irregulares? La contraparte no contesta estos cuestionamientos ni prueba que esta sea una herramienta que verdaderamente garantice transparencia o rendición de cuentas.

Como se demostró, en efecto existen medios por los cuales la Administración va rindiendo informes, pero no demuestra que la información revelada en estos sea garante de transparencia. Lo que el “Plan de Acción” evidencia es un uso a conveniencia. Parece que la contraparte no se tomó el tiempo de observar el video del sitio web que cita (http://gobiernoabierto.go.cr/3pa/) y meramente copió el primer texto que encontró. A pesar de decir el texto que los ejes incluyen la transparencia, se puede constatar mediante el video que se habla de cinco ejes temáticos seleccionados, para 2017-2019, que son igualdad entre géneros, acción por el clima, ciudades sostenibles, paz y justicia y poblaciones vulnerables. Por lo tanto, cabe preguntarse cuál sería la efectividad de tener herramientas de acceso público en donde se rindan los informes de la Administración si la eficacia en cuanto a transparencia no queda demostrada. La transparencia no es tan central como se quiere hacer creer.

Defensa de los argumentos propios

La contraparte alega que nuestro discurso es contrario a derecho, equívoco desde un estudio jurídico. El debate no conforma un estudio jurídico, y en ningún momento lo fue. Aún más, la contraparte alega que nuestras “aseveraciones no han sido sometidas a prueba formal”. Reiteramos que en este debate no exige una evacuación probatoria similar a la de un proceso jurisdiccional, sino el uso de evidencias referenciadas que sirvan de fundamento a las aserciones. Nosotros sí presentamos pruebas indiciarias de las inconsistencias de ciertas actuaciones del Gobierno que señalan presuntos casos contrarios a la transparencia y a la rendición de cuentas.

El apoyo de la contraparte al debido proceso, al sistema garantista y el aborrecimiento de la corrupción son todas proposiciones, las cuales compartimos, pero no son pertinentes a la tesis en cuestión. Pareciera ser que la contraparte insinúa que calificamos a la Administración Solís Rivera como corrupta sin un debido proceso ni pruebas suficientes, cosa que es absolutamente falsa. Lo que sí alegamos es que el “cementazo” y el caso Yanber son presuntos que le restan credibilidad e indican una falta en la transparencia y la rendición de cuentas de esta gestión de Gobierno; esto debidamente fundamentado en evidencia mediática.

Resulta aún más irrazonable el hecho de que la contraparte alega que asumimos que el “presidente u otro representante del Gobierno es el culpable”, apriorísticamente. En ningún momento hacemos mención a la culpabilidad en el escrito de oposición. De hecho, fuimos especialmente cuidadosos en no utilizar el concepto “corrupto,” sino que nos limitamos a indicar presuntas conductas no transparentes de la Administración, en razón de inconsistencias en las mismas. Utilizamos como evidencia pruebas indiciarias de los medios de comunicación costarricenses de masas, analizando la tesis desde el “escrutinio mediático”. De igual forma sucede con la responsabilidad in vigilando e in eligiendo a las cuales hacemos referencia. No estamos condenando a nadie, puesto que, como hemos indicado, no ha habido un proceso jurisdiccional. No obstante, aludimos a nociones básicas de responsabilidad para evidenciar que el Consejo de Gobierno realizó la elección de cinco de siete miembros de la Junta Directiva del BCR, que está altamente cuestionada. Nos parece que la elección llevada a cabo por el Gobierno lo que hace es permitir cuestionar la transparencia para la gestión pública. Es a partir de estos argumentos que concluimos que este Gobierno no es la “casa de cristal”, donde la transparencia y la rendición de cuentas hayan sido lo esencial de su gestión.

 

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