En otros artículos anteriores, publicados en el Semanario UNIVERSIDAD, he señalado mis preocupaciones en torno a la negociación y crecimiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), así como la necesidad de utilizar los parámetros más apropiados que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Hoy ante la obligación de suscribir un nuevo acuerdo FEES, considero pertinente exponer estas interrogantes básicas: ¿Cómo participará la comunidad universitaria en esta negociación? ¿Habrá crecimiento real de los recursos? ¿Por cuánto tiempo se negociarán? ¿Qué incidencia tendrá la incorporación de la Universidad Técnica Nacional en la distribución de estos? ¿Cómo se verá afectada esta negociación por los cuestionamientos recientes en torno al manejo de presupuestos específicos en la Universidad de Costa Rica, especialmente por parte de la Rectoría?
Planteo lo anterior porque a pesar de que le corresponde a la autoridad administrativa superior la negociación formal, se requiere abrir espacios de diálogo, particularmente en una coyuntura donde el Gobierno señala, entre otros aspectos, el déficit fiscal como uno de los principales obstáculos para otorgar mayores recursos a las universidades. En esta situación, la comunidad universitaria (docentes, estudiantes y personal administrativo) puede plantear propuestas para orientar la discusión y evitar, incluso que el porcentaje de crecimiento con respecto al año anterior no disminuya, como ya sucedió entre el 2015 y 2016, pasando de un 14% a un 7,38%, respectivamente.
Preocupa el hecho de que en el 2015 el Gobierno y los rectores de las universidades públicas llegaron a un acuerdo anual. Es ineludible que en esta oportunidad se negocie un FEES quinquenal, que no exponga a las universidades a un lobby permanente con las autoridades gubernamentales, en detrimento de su autonomía. También, debe existir una fuerte voluntad política para fortalecer la educación superior pública como un todo, apoyando decididamente a las cinco universidades, sin que haya ningún tipo de afectación al trabajo que ejecutan en pro del desarrollo social, científico y cultural del país.
Por último, se debe realizar un gran esfuerzo para informarle al pueblo costarricense, con total transparencia, en qué se invertirán los recursos que este aporta. No debemos olvidar, como lo afirma Kehm (2012), que el mayor reto de las universidades en el siglo XXI es garantizar la confianza de la sociedad respecto del trabajo que desempeñan. Un FEES bien negociado debe estar en función del logro de este objetivo.
