En 1991, durante la primera administración presidencial (1990-1994) del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), las universidades públicas se movilizaron exitosamente contra las políticas restrictivas impulsadas por el entonces ministro de Hacienda, Thelmo Vargas Madrigal, quien debió renunciar a su cargo.
A ese éxito, contribuyeron cinco factores básicos. Primero, las universidades públicas, tanto en término de sus autoridades máximas como de sus dirigencias sindicales y estudiantiles, pese a las diferencias que las separaban, lograron actuar cohesionada y organizadamente.
Segundo, lejos de ser producto de circunstancias ocasionales, esa unidad universitaria fue resultado de las constantes movilizaciones en defensa de su presupuesto, iniciadas por las instituciones de enseñanza superior en la década de 1970 e intensificadas en la de 1980.
Tercero, tanto algunos de los rectores de entonces, así como miembros de los consejos universitarios, otras autoridades universitarias y dirigentes estudiantiles, mantenían fuertes y estrechas conexiones con el Partido Liberación Nacional, principal organización de oposición al PUSC.
Cuarto, pese a la reciente crisis experimentada por los partidos de izquierda, tanto a nivel nacional como universitario, persistían estructuras y tradiciones de movilización y lucha basadas en las experiencias de protesta popular organizada que predominaron en las décadas de 1970 y 1980.
Quinto, el ministro Vargas, al convertirse él mismo en el principal crítico de las universidades públicas, logró polarizar en su contra a todos los sectores de las comunidades universitarias, incluidos aquellos que podrían haber concordado con algunos de sus puntos de vista.
Diferencias
Todas las condiciones anteriores están ausentes en el contexto actual, en el cual las universidades públicas enfrentan la decisión del Ministerio de Hacienda, apoyada por los diputados, de condicionar una parte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para gastos de infraestructura.
Al día de hoy, no existe siquiera un frente común de rectores, consejos universitarios, otras autoridades universitarias ni dirigencias estudiantiles y sindicales para enfrentar las políticas regresivas del Ministerio de Hacienda. De hecho, a nivel del Consejo Nacional de Rectores lo que se nota es una profunda división por la redistribución del FEES entre las universidades.
Igualmente, la combatividad de las comunidades universitarias ha sido decisivamente desgastada por años de colaboración con los gobiernos del Partido Acción Ciudadana, proceso que culminó en el 2018 cuando las autoridades, los sindicatos y las organizaciones estudiantiles de las instituciones de enseñanza superior estatal se mantuvieron, en lo esencial, al margen de las luchas contra el plan fiscal.
Con mucha inteligencia, la actual ministra de Hacienda, en vez de desgastarse, como lo hizo Vargas, en cuestionar sistemáticamente a las universidades públicas, ha dejado que de esa tarea se encarguen los medios de comunicación, las redes sociales y, en particular, las propias universidades, hoy más que nunca desgarradas por escándalos y conflictos internos.
A diferencia de lo ocurrido en 1991, las universidades estatales ya no tienen aliados de importancia en los partidos políticos y han perdido mucho del apoyo que alguna vez tuvieron entre los sindicatos del sector público.
Por último, lejos de existir estructuras y tradiciones que posibiliten una acción efectiva y organizada, las actuales protestas en las universidades públicas, de momento hegemonizadas por los sectores más radicales de los estudiantes, podrían intensificar las divisiones dentro de las comunidades universitarias, más que unificarlas en torno a objetivos comunes.
En fin, mucho es lo que está en juego ahora para las universidades públicas, pero se presentan al combate divididas, fragmentadas y aisladas, sin estrategias definidas de lucha ni liderazgos claros y competentes.
