La seguridad y la libertad son bienes éticos, morales y tangibles que, en la mayoría de las especies, se encuentran en competencia y en relativo dominio de alguno sobre el otro. En el humano esta competitividad es más notoria y controversial que en otras especies, dada su posibilidad de autonomía, escogencia o de “libre albedrío”.
Al formarse los primeros conglomerados humanos, la lucha por la subsistencia, sumada a su natural agresividad, originó individuos dominantes y dominados, iniciándose las más rudimentarias formas de gobierno o de dominio de unos sobre otros.
Comenzó a establecerse la dosificación o grado en que ambos factores, libertad y seguridad, podrían estar presentes, al mismo tiempo, en las sociedades de humanos.
Los más fuertes o dominantes buscaron ejercer y mantener su dominio sobre el resto, mediante las más variadas formas de fuerza bruta. Hasta nuestros días la fuerza bruta, pura y simple, ha sido el modo más común usado para someter voluntades en masa y obtener provecho de ese sometimiento.
Sin embargo, en los últimos siglos, en presencia siempre de la fuerza bruta, la estrategia se ha ido complementando; se ha “civilizado” en favor de la ley para constituir, alternativamente, la “fuerza bruta de la ley” con sus sofisticadas formas de dominio o “intenciones políticas”, materializadas, normalmente, a través de un mal llamado “pacto social”, con promesas de protección y seguridad, pero sin dejar de ser formas de avasallamiento que van desde las también mal llamadas “democracias” hasta las más oscuras y odiosas tiranías.
Todas las formas de dominio y avasallamiento, perfeccionadas por la astucia del poder, se han formado y mantenido gracias al juego entre esos dos invaluables bienes, libertad general y seguridad general, hasta contar hoy con elaborados sistemas políticos en donde los vasallos están “dispuestos” a ceder, pacíficamente y sin objeción, parte de su bien más preciado después de la vida o la salud, su libertad, en aras de reforzar su seguridad general.
Hay sistemas de avasallamiento, propios de ciertos países nórdicos muy desarrollados, tan bien diseñados, que el administrado promedio percibe poco su menoscabo en libertad y patrimonio y, de todas maneras, piensa que tal menoscabo se compensa con un retorno real en seguridad general. Al no sentir la necesidad de contemplar otras alternativas de vida, pareciera que, para esos pueblos, la solución es aceptable.
En nuestra región, en contraste, los que gobiernan y fabrican “sus” leyes saquean el Estado, y luego no hay dinero para las seguridades “prometidas” más elementales; salud, vivienda, obra pública, educación, emergencias, defensa personal.
En estas latitudes es común que los beneficios de ese “pacto social o fuerza bruta de la ley”, derivados del producto de los trabajadores, se encaucen; en primer lugar, hacia los que ostentan el poder político-económico, los cuales se brincan sus leyes como jugando rayuela, o las hacen a su gusto y medida, para el saqueo de bancos, obtención de lujosos salarios, pensiones y privilegios; convenciones y fueros burocráticos abusivos y otras mil prebendas, mientras que los sacrificios y pérdidas los asume el vasallo trabajador cada vez más oprimido y miserable.
Mientras cada cuatro años en un apoteósico derroche y jolgorio, siempre sin precedentes, para elegir a los vividores de turno, nos cueste que falten miles de camas de hospital, que las escuelas carezcan de aulas, que las carreteras sean un desastre, que los servicios y bienes de primera necesidad sean de los más caros del planeta, que la pobreza y miseria aumenten sin freno día con día, por nombrar algunas de nuestras calamidades, podemos entonces estar muy seguros de que la “ecuación” que estamos utilizando para medir la cantidad de libertad, de disponibilidad de nuestra vida y de patrimonio que ponemos en manos de sátrapas y maleantes, es de las más estúpidas que podemos utilizar.
Nos amenaza el maleante,
con revólver o cuchillo,
y saquea nuestro bolsillo.
Con “su” ley en nuestra sien,
el político también,
¡nos roba hasta el calzoncillo!
