La población tiene derecho a tener seguridad jurídica y confianza en el sistema financiero. La confianza es un valor social y económico que nos afecta e interesa a todos en general y al ahorrante en particular, reconociéndolo como socio estratégico y parte actora del sistema financiero.
Para Velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del sistema financiero nacional, se creó la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE, con el fin de fiscalizar las operaciones de las entidades bajo su control, con personal que actúa a manera de expertos, así remunerado con salarios entre ₡5 y ₡9 millones, de lujo para una economía como la nuestra. Sustentados en ingresos brutos que se generan en los entes fiscalizados cuyos usuarios, nosotros, tendremos algún aporte mediante el pago de los servicios recibidos.
Sin embargo, no fue, la SUGEF quien abogó a favor de los clientes por el abuso de los intereses bancarios, fue la actuación del diputado W. Ramos. Lo más grave es que muchos beneficiarios, por su ignorancia financiera, fueron incapaces de entender el logro alcanzado. Hoy, tendrán nuevas tarjetas en un mercado acosador, sin límites, ni regulación y sin políticas públicas que garanticen mayor protección a clientes y habitantes en general.
Este sistema financiero, ha venido operando como una república independiente, como si el Estado se hubiera creado de manera fragmentada, lejos del principio de unidad que conforman los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Y corresponde al Poder Ejecutivo velar porque el sistema actúe como facilitador y protector de los habitantes en general.
Seis expertos de la SUGEVAL fallaron en el caso ALDESA. Y resulta que la Procuraduría de la Ética, reconoció el incumplimiento de deberes de los expertos y estableció una conciliación que no guarda proporción ni valora la consecuencia del error, en el daño social realizado. ¿Qué intereses representó esa procuraduría? Dejó sin seguridad jurídica a los clientes y desacreditó su función.
La SUPEN permitió que las operadoras jueguen con los recursos del ROP en mercados internacionales. Ahora, con rendimientos decrecientes, dejándolos a la capacidad de administración de la operadora, sin un esfuerzo de consulta al trabajador, a saber si están dispuestos a jugarse su pensión. El punto es que usaron los recursos de los trabajadores y, con ello, los pusieron a jugar un rol que no les corresponde, en mercados variantes, volátiles y con mayores riesgos. Si eso dice la ley, el trabajador nunca fue consultado en esos términos y tendría que corregirse para dar mayor seguridad jurídica y financiera hacia ellos.
Lo que se ha visto y nos ha enseñado la crisis del 2008 y ALDESA es cómo se esfuma el dinero sin dejar rastro en esa ingeniería financiera perversa. En momentos de inestabilidad mundial, parece una medida muy riesgosa e ingrata para un trabajador. Si bien se ganó y se perdió. El punto es que el ahorrante, se quedó sin decir esta boca es mía.
Debería la SUPEN, al menos, proponer un contrato muy claro para que el trabajador indique a su operador cómo autoriza la inversión de sus ahorros con claridad y seguridad jurídica para su pensión. Fiscalizando que ese contrato y su contenido no sea un cheque en blanco. En un mar de dudas y desconocimiento, un trabajador está en total desventaja y eso es responsabilidad y omisión de parte de SUPEN.
Para ganar confianza, la SUPEN y sus expertos deben demostrar que le interesan los trabajadores y que resguardan sus intereses. La pérdida de confianza generada en el sistema demanda cambios y proactividad para ejercer una fiscalización en favor de los trabajadores y no hacia los beneficios de las operadoras, quienes no dudarán en asumir mayor riesgo cuando el dinero no es de ellos.
