Solicité este espacio al Semanario UNIVERSIDAD con el propósito de que el lector de este medio pueda darle seguimiento a la información que divulgó en agosto pasado, bajo el título “Diputados apuntan a directora jurídica del ICE quien denuncia afán persecutorio”.
En esa ocasión, UNIVERSIDAD consignó declaraciones mías en las que señalaba que la denuncia planteada en julio de 2016 en mi contra por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público ante la Procuraduría de la Ética, correspondía a un asunto ya investigado y desestimado por la Contraloría, en 2014.
Cuando se dio a conocer esa nueva denuncia, expliqué a lo interno del ICE que de los nueve diputados que suscribieron esa denuncia en mi contra, cinco estuvieron presentes en la comparecencia a que acudí el 16 de octubre de 2014, celebrada por la misma Comisión para indagar sobre el mismo tema.
En esa comparecencia, aporté copia de dos oficios de la Contraloría General de la República, en los cuales se desestiman las denuncias en mi contra por conflicto de intereses. Se trata de los oficios n°02709 del 12 de marzo del 2014 y n°4694 del 14 de mayo del 2014.
Pese a ello, los diputados insistieron, en julio pasado, en tramitar la denuncia sobre el mismo tema a la Procuraduría de la Ética.
Recientemente, me enteré –pues nunca fui notificada– que la Procuraduría envió, el 3 de octubre de 2016, una carta a los diputados de la Comisión, donde les informa que la solicitud de investigación fue considerada improcedente y se ordenó el rechazo de la denuncia y el archivo del expediente.
En esa resolución0 (número AEP-RES-086-2016), la Procuraduría recordó que ya desde 2014 la Contraloría General de la República había investigado amplia e integralmente el caso y lo había desestimado.
La resolución de la Procuraduría reproduce algunas consideraciones que hizo la Contraloría cuando desestimó la denuncia, como las siguientes:
– El tiempo transcurrido entre mi renuncia al ICE (junio 2004) y la inscripción de la empresa (diciembre 2005).
– El hecho de que la primera contratación para la administración pública fue en 2006, cuando yo me encontraba fuera del sector público y ejercía mi profesión de abogada.
– La ausencia de pruebas o indicios a partir de los cuales se pudiera derivar válidamente algún tipo de favorecimiento de mi parte a la empresa.
– La conclusión de que no se ubicó ningún criterio, estudio técnico, recomendación, ni ningún otro documento suscrito por mi persona, de los cuales se deduzca o refleje la toma de decisión de su parte a favor de la empresa.
– Tampoco se observó influencia sobre terceros de mi parte para la toma de decisiones encaminadas al favorecimiento indebido de esa empresa.
También, la resolución de la Procuraduría aclaró que los diputados no aportaron información adicional que justificara la apertura de una nueva investigación en mi contra.
Como lo he dicho en varias ocasiones, cuando ya se ha indagado reiteradamente sobre el mismo tema y se insiste en nunca acabar, cabe preguntarse sobre los verdaderos motivos de todo este afán, que empieza a verse como persecutorio.
Además, pienso que conviene preguntarse si es ético y eficiente que se dediquen recursos públicos, una y otra vez (como en este caso), para volver a indagar lo que ha sido investigado y, además, desestimado.
