Recientemente, la Sala Constitucional dictó la Resolución N.° 2019-02659, que sin duda marca un hito importante en la vida de las personas menores de edad víctimas de abuso sexual; es reconocer y saldar parte de la deuda social y política pendiente con ellos. Es un grupo que no pocas veces ve vulnerados sus derechos y son re-victimizados en procesos administrativos a través de las entrevistas. La Sala define los términos para las entrevistas en procedimientos disciplinarios en estos casos. Así, sus declaraciones, en tanto víctimas del delito, deberán ser tomadas por profesionales debidamente capacitados, de las áreas de Trabajo Social, Psicología u otro similar, o una persona de confianza. Además, no debe ser interrogada directamente por el tribunal o las partes. Las salas de entrevistas serán un entorno seguro, no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; no deben ser interrogados en más ocasiones que las estrictamente necesarias, atendiendo a su interés superior, y debe evitarse la re-victimización. El texto es contundente en contar con personal capacitado: autoridades fiscales, judiciales, administrativas, personal de salud, entre otras. Sobre esto se tienen como referencia distintos Protocolos: el de Michigan, RATAC, CORNEHOUSE, EASI, en materia de entrevistas[1].
La Unidad de Delitos Sexuales y Violentos de la Fiscalía Nacional del Ministerio de Chile cuenta con una guía en la que se propone lo siguiente para las entrevistas: 1. Su planificación para determinar las cuestiones relevantes (hora, lugar, duración, grabaciones, director de la entrevista). 2. El sitio debe ser sin interrupciones. Las personas de apoyo deben estar fuera del campo visual del niño. 3. Utilización de dibujos con niños más pequeños. 4. En casi todos los casos, se puede ampliar el relato inicial, teniendo claro que nunca se preguntará sobre lo que ya se tiene información. 5. Sobre episodios abusivos reiterados ya atendidos, solo se solicitará descripción de hechos o episodios nuevos. 6. El entrevistador no puede finalizar la entrevista sin abordar aspectos centrales para la investigación[2].
El Poder Judicial en Costa Rica también utiliza instrumentos específicos y las reglas prácticas para reducir la re-victimización de las personas menores de edad en los procesos penales (Reiterada mediante circular N.° 92-2005)[3], en la cual se explica el procedimiento para las entrevistas y se reitera que quien participe en las entrevistas debe estar capacitado; en otras palabras, no puede ser cualquier persona. El punto VIII establece que cuando se requiera, la autoridad correspondiente deberá solicitar, con la prontitud debida, la colaboración de un profesional en Trabajo Social y/o Psicología del Poder Judicial o, en su defecto, de otras instituciones. El punto XIV define que “(…) las autoridades judiciales y personal de apoyo a cargo del proceso deberán recibir la debida capacitación por parte de la Escuela Judicial, a fin de que en dichas causas se minimice la re-victimización del niño, la niña o adolescente, para ello deberán diseñarse y programarse los cursos necesarios”.
El resaltado y subrayado no son del texto original en ningún caso.
[1] NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES: IMPLICACIONES DESDE LA PSICOLOGÍA FORENSE. Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Departamento de Justicia y Administración Pública, 2016, pp. 101-103.
[2] Fiscalía Ministerio de Chile. Guía de Entrevista Investigativa con Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos Sexuales. Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violentos. Fiscalía Nacional del Ministerio de Chile, 2012, pp.
[3]http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48909&nValor3=52174&strTipM=TC, consultado el 03/02/2020 a las 11:20hrs.
