A través de la educación, la sociedad decide las formas que los sujetos necesitan para integrarse a los procesos sociales. Costa Rica tuvo, durante varias décadas, una convicción básica: la alianza entre sociedad, cultura y educación. La educación del pueblo, para la constitución de la ciudadanía era la consecuencia de la acción de sus maestros (as) y profesores (as). Esa convicción hoy está perdida en el profesorado universitario.
Los maestros de escuela y los profesores de colegio hacen un gran esfuerzo para mantener viva esta convicción republicana y progresista. Pero entre los universitarios la creación de un vínculo con el partido de gobierno ha arruinado las finanzas, los valores éticos y pedagógicos y el fundamento político de la autonomía.
Las finanzas se desplomaron cuando los rectores apoyaron el Plan Fiscal y firmaron el acuerdo del FEES para el 2020. El hecho de andar firmando, todos los años, un acuerdo para el FEES, en lugar de firmarlo por quinquenio, debilita a las universidades. Además, aceptaron el 2,32% de aumento, dando por perdidos los 10.000 millones que, unilateralmente y violentando la Constitución Política, la Asamblea Legislativa redujo para el año 2019. Y han permitido que no se le reintegre a las universidades lo que se les cobró como impuesto a las compras. Por último, firmaron la cláusula número 5 en el FEES 2020, la cual tiene, como mínimo, una redacción ambigua. Esa ambigüedad es la que ha provocado la crisis que espera solución.
Los valores éticos quedaron abatidos cuando las universidades (y no solo sus autoridades) apoyaron el “Plan Fiscal”, que perjudica a las universidades y, sobre todo, a los pobres de este país. Especialmente perjudicadas salen las mujeres pobres con el impuesto a la canasta básica y la posterior modificación de sus contenidos. Solo la Escuela de Nutrición cuestionó esta operación, sin que al resto de la universidad se le ocurriera romper la relación tóxica con el gobierno. Así, al ignorar a los pobres, perdimos legitimidad moral.
Del mismo modo, la autonomía se liquida, porque solo reaccionamos cuando “tocan” a las universidades. Las universidades se defienden, amparando a los pobres y al Estado Social de Derecho; pero no se defienden cuando solo se protegen sus intereses. Y si estas defecciones empiezan a ser cuestionadas por los estudiantes más politizados (apenas una minoría después de varios años de desmovilización), entonces se apela a la “inseguridad”, transformando la protesta estudiantil en una cuestión policial. El rector de la Universidad Nacional (cofundador del PAC y hoy líder de la derecha académica) se vuelve instintivo y trata a los estudiantes que lo cuestionan, como delincuentes que merecen represión.
La filósofa feminista Nancy Fraser acuñó el (ahora aparente) oxímoron “neoliberalismo progresista”, para referirse a una combinación de políticas económicas regresivas, con un reconocimiento (meramente gestual) de multiculturalismo, ecologismo y derechos sexuales y reproductivos. Este aparente oxímoron hace sintagma con la expresión del filósofo Diego Tatián, quien habla del “neoliberalismo académico”.
En Costa Rica, el neoliberalismo académico es la alianza entre el Partido Acción Ciudadana (en el gobierno) y los universitarios. Estas alianzas obligan a recurrir a construcciones lingüísticas bizarras para ser descritas: cosmopolitismo segregacionista, pluralismo meritocrático (reciente invento de los filósofos analíticos) o feminismo de clase (media y alta).
La relación tóxica entre las universidades y el Partido Acción Ciudadana ha sido una creación de los rectores, en primer lugar, pero seguidos, con entusiasmo, por profesores, estudiantes y personal administrativo.
Por ejemplo, la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, llegó a solicitar un congelamiento salarial para sus profesores ante los diputados de la Asamblea Legislativa. El sindicato de esa institución universitaria le dio su apoyo al Plan Fiscal, y el rector de esa institución expresó que “…le gustaría ser un socio estratégico del Gobierno.”
Esta relación tóxica llevó a los universitarios a confundirse. Y no vieron (ni ven) que, el así llamado Plan Fiscal exacerba las desigualdades sociales, promueve la violencia física y simbólica y altera las normas básicas de la convivencia democrática. Cuando el presidente dice que tener un título universitario no es importante, está reconociendo su inmersión en el cóctel tóxico de la ignorancia y de los buenos negocios.
Ahora, la agresión continúa. Para nuestro rector, el gobierno tenía un doble comando: el bueno, liderado por el presidente y su Ministra de Educación, y el malo, liderado por la ex Ministra de Hacienda y el diputado Wagner Jiménez. Así, la política es un drama simple de buenos contra malos. La analítica maniquea es propia de las relaciones tóxicas.
El escaso volumen narrativo de las más altas autoridades universitarias (y me refiero a todas las universidades) se usa para ocultar la complicidad con el partido que gobierna el país. Sus tóxicos circunloquios son el modo de expresión, donde el ser termina yendo en dirección contraria al deber ser y, lamentablemente, se han convertido en repertorio universitario sin sustentabilidad académica y política.
Actualmente, pululan los sectores del Gobierno (el Ministro de la Presidencia, por ejemplo) y de las universidades que dicen defender a la universidad pública. Pretenden mantenernos en la relación tóxica con sus memes, declaraciones, marchas institucionalizadas y en el pantano ideológico que traiciona nuestra historia. Han perforado el techo y se hacen los sorprendidos por la goteras. Su “pensamiento crítico” no deviene en autocrítico. Quieren convencernos de que, si hay goteras, la culpa no es de ellos, sino de la lluvia.
