Opinión

¿Regiones o provincias en Mideplan?

Ya jubilado y después de más de 30 años de haber salido del Ministerio de Planificación (Mideplan) para trabajar en Gestión Ambiental del ICE, retomo el tema del Desarrollo Regional, lo encuentro adormilado y a la deriva. Según lo que se publica, se siguen discutiendo los mismos tópicos: ¿Cómo llamar los Consejos de Desarrollo Regional?, si Aredes, Coredes, etc. ¿Si deben hacerse consultas públicas para que la gente decida sobre el estatus político administrativo de los distritos del sur de la Península de Nicoya o del distrito Colorado de Abangares? Se continúa promoviendo la creación de nuevos cantones de mentirillas, inviables demográfica, política y económicamente. Se continúa en discusiones eternas y ni qué decir del carácter vinculante de la regionalización oficial irrespetado por las instituciones. Incluso el INDER, llamado a ser la yunta del Mideplan para formular el Desarrollo Rural Integrado (DRI), tiene su propia organización por “territorios rurales” y no por regiones. Por lo anterior, me pregunto si el subsistema regional de Mideplan falló y fue incapaz de implementar el robusto modelo de regionalización, formulado desde 1973 por el geógrafo alemán Helmut Nuhn, para la planificación y la administración pública.

En los inicios de los noventa participé en el estudio para la creación de la región de Heredia, impulsada por el exdiputado Danilo Chaverri Soto; con la nueva ruta 32 inaugurada en 1987 se acortó el tiempo entre Heredia y Sarapiquí, de unas cinco horas a poco más de una hora. Al revisar cómo quedó finalmente la ley (N°7775 de 1998, derogada sin mayor consideración por el anterior gobierno PAC y la nueva ley de Desarrollo Regional), creo que es viable y podría aplicarse con fuerza de ley. Sería la puerta a la creación de Consejos de Desarrollo Regional (CDR) o provincial, como instancias coordinadoras y supervisoras de planes, programas y proyectos sectoriales y territoriales de desarrollo provincial, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

Para confirmar el carácter constitucional legal de los CDR, cada gobernador provincial en funciones debería formar parte de la Comisión Especial Permanente Legislativa de su misma Provincia (con voz, pero sin voto). Así tendríamos una alianza estratégica de los CDR con el primer poder de la república para formalizar y solucionar los problemas de cada provincia o región. Se fortalecería la gobernanza provincial (tremendo vacío de nuestra constitución actual). El hecho de que a cada CDR lo presida el gobernador junto a los presidentes de los Consejos municipales y otros representantes públicos y privados, definidos por reglamento, les daría solidez legal y político administrativa. Las llamadas Zona Norte y Zona Sur se homologarían a provincias. No se tocarían, inicialmente, los cantones que constituyen las provincias actuales para evitar roces limítrofes provinciales añejos, como el existente entre cantones de Heredia y Alajuela. La actual Región Central sería sustituida por una gran Zona Especial de Control Metropolitano (ZECM) bajo la rectoría de Mideplan y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), con el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (Potgam) y la participación de los cuatro alcaldes de los cantones centrales provinciales del Valle Central y el IGN.

Nos dice el exministro Carlos Fco. Echeverría que “las gobernaciones de provincia se han reducido a entidades anémicas, limitadas a otorgar permisos para tómbolas y a pedir favores a los diputados (…) Las provincias son entidades históricas, sociales y culturales que las burocracias se han empeñado en borrar del panorama, pretendiendo sustituirlas por inermes esquemas regionales sin ninguna legitimidad política”. En síntesis, otras provincias —además de Heredia— como Cartago, Guanacaste y Limón podrían avanzar en ese formato de: Consejos Regionales o Provinciales de Desarrollo, Comisiones Legislativas Provinciales y comités técnicos sectoriales regionales, para simplificar las estadísticas oficiales y sacar del bache político administrativo a la adormecida Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, donde siguen vegetando provincias creadas en el siglo XIX.

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