¿Quién pagará la crisis?

En estos tiempos de unidad y lucha compartida, nos ha sorprendido el texto firmado por varios economistas llamando a cerrar instituciones, que según ellos no tienen ninguna función durante la emergencia.

La grave emergencia sanitaria producida por el coronavirus nos ha puesto a prueba como sociedad planetaria. Las respuestas de cada país han sido variadas y los resultados irán mostrando la efectividad de cada estrategia. En nuestro país, toda la institucionalidad pública ha reaccionado de forma ejemplar, cada entidad aportando desde sus capacidades. La valentía del personal de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud es seguida por el personal del ICE, FANAL, del AyA, Fuerza Pública, Migración y muchas otras entidades y personas que se juegan su salud para cuidarnos a todos. El Estado de Bienestar está de regreso y la capacidad de las sociedades para recomponerse dependerá de la solidez de sus instituciones.

En estos tiempos de unidad y lucha compartida, nos ha sorprendido el texto firmado por varios economistas llamando a cerrar instituciones, que según ellos no tienen ninguna función durante la emergencia, y a recortar salarios del sector público. Esa narrativa no es nueva, para ellos el Estado no es la solución, es el problema. Lo curioso es que en esta ocasión utilizan una frase, si hay patadas hay para todos, que expresa una violenta amenaza que pretenden disfrazar bajo una idea de equidad.

Hay varios argumentos para combatir esta narrativa divisiva pero poco novedosa que afirma que los funcionarios públicos son los que deben pagar la crisis. Parte del argumento es que como a algunas personas trabajadoras del sector privado se les rebajará su salario, entonces debemos hacer lo mismo con los del sector público. En vez de proponer medidas para evitar la reducción de los salarios del sector privado o público o la destrucción del empleo, su solución es que (casi) todos se empobrezcan. Es la misma lógica que afirma que como en el sector público se respetan las garantías laborales y en algunas empresas del sector privado no, el problema está en el sector público. Además de retorcidamente ideológico, el argumento es poco solidario e incoherente con nuestra aspiración de ser una mejor sociedad, no una peor. También podría elaborar sobre la poca empatía de estar atizando la guerra de clases en un momento en que el país demanda unidad y una ética de la responsabilidad colectiva.

El argumento tampoco se sostiene desde la perspectiva económica, pues la reducción de ingresos de la clase media, compuesta en buena medida por personas trabajadoras del sector público, tendrá un impacto en el consumo y la propia actividad económica, es decir profundizaría la crisis.

Thomas Piketty ha demostrado, con amplios análisis de más de dos siglos, que la desigualdad es producto de la acumulación de rentas de capital y no producto de la rentas generadas por el trabajo. Dicho en sencillo: las personas que más dinero tienen no son las asalariadas sino aquellas que además de su trabajo tienen propiedades, empresas, acciones, herencias etc. Si realmente se busca una salida de la crisis desde posiciones de equidad, se deben proponer medidas que contribuyan a disminuir la desigualdad.

Suponemos que a los autores del escrito citado antes, les faltó espacio (ideológico) para enumerarlas, así que vamos a hacer un esfuerzo por proponer algunas:

  1. Aprobar el proyecto de tasas de usura, esto automáticamente liberará buena parte del dinero disponible de las familias para el consumo, lo que a su vez ayudará a reactivar la economía. Esto además obligará al sector financiero a ser más eficiente.
  2. Solicitar al BCCR que fije la tasa para el uso de datáfonos lo más pronto posible y con estándares de la OCDE para cumplir con el mismo fin de liberar recursos y hacer más eficiente el comercio, el sector financiero y la economía en general.
  3. Establecer un subsidio para que las personas que pierden su trabajo puedan enfrentar períodos de crisis como el actual. Para ello se debe complementar el retiro de los fondos de capitalización laboral (FCL) con la devolución de un monto equivalente del régimen obligatorio de pensiones (ROP) distribuidos en 3 meses.
  4. Establecer una línea de crédito (y posteriormente establecer un seguro) financiado por el BCCR para que las empresas pueden enfrentar eventuales crisis de liquidez temporales.
  5. Eliminar el encaje sobre los depósitos por los próximos 12 meses, momento en que se elevaría paulatinamente hasta llevarlo a los niveles actuales. Esto buscaría que los bancos mantengan fondos para las empresas que requieren liquidez y que la reducción de los costos por el recalculo de los recursos liberados se traduzca en la consecuente reducción de las tasas de interés a los usuarios. Los bancos estatales deberán informar del uso de los fondos semanalmente al Consejo de Gobierno y verificar los mecanismos de reducción de los costos de los usuarios.
  6. Aumentar por un período de un año las tarifas más altas del impuesto sobre la renta para crear un fondo que permita establecer un ingreso mínimo vital para las personas que trabajan en la informalidad o no tienen empleo fijo. Eso permitirá que aquellas personas que más ganan, ya sea por su trabajo o las rentas de capital, paguen solidariamente la salida de la crisis. Y sí, esto incluye los salarios más altos del sector público pero también del sector privado.
  7. Aprobar de forma inmediata los préstamos internacionales que actualmente están en proceso de discusión para el financiamiento de proyectos de inversión pública.
  8. Aprobar los proyectos recomendados por la comisión de los Panama Papers para combatir la evasión y la elusión fiscal.
  9. Establecer un impuesto, tipo Tobin, para gravar las transferencias financieras al exterior. Estas tasas deberían ser más altas cuando el destino de las transacciones sean paraísos fiscales.
  10. Trasladar temporalmente el ahorro obligatorio, ahora destinado al Banco Popular, al régimen de IVM de la Caja.
  11. Flexibilizar el uso del impuesto a los cigarrillos de manera que el Ministerio de Salud y la CCSS puedan utilizar el 100% en la atención de la emergencia sanitaria.
  12. Aprobar de manera inmediata el proyecto PAGAR para fortalecer la Hacienda Pública.
  13. Suspender la aplicación de la regla fiscal durante los años 2020 y 2021 para atender las necesidades de inversión y gasto asociadas a la emergencia.
  14. Solicitar al BCCR que compre deuda del gobierno para disponer de recursos frescos a bajo costo financiero.
  15. Flexibilizar los procesos de contratación pública y/o administrativos para aquellos proyectos de inversión pública que ya hoy tienen empréstitos aprobados y/o están en ejecución. Todo aquello que fuera ejecutado bajo esta modalidad sería revisado por la Contraloría General de la República una vez pasada la crisis y bajo los parámetros aprobado por una ley especial para ello.
  16. Solicitar una  moratoria con organismos internacionales sobre los créditos que posee el país e iniciar negociaciones para que las condiciones de pago de deuda externa con organismos multilaterales sean modificadas.

Estas medidas pretenden aumentar el dinero disponible de las familias para mantener el consumo y proteger el empleo durante la crisis. También se busca combatir el eventual aumento del déficit fiscal y  el desbalance financiero en la CCSS. El fortalecimiento de la hacienda pública dará mayor margen de acción para tomar medidas contracíclicas temporales. La emergencia sanitaria nos ha mostrado la importancia de contar con una institucionalidad eficiente y bien financiada. Así como nuestro personal médico y demás funcionarios públicos ponen todo su compromiso para enfrentar el coronavirus, nosotros creemos necesario proponer acciones para enfrentar los problemas económicos que ya se vislumbran en el país. Es tiempo de trabajar juntos y de forma solidaria para asegurar que la crisis no produzca mayor desigualdad.

 

SUSCRÍBASE A LA EDICIÓN SEMANAL EN FORMATO DIGITAL.Precio: ₡12.000 / añoPRECIO ESPECIAL

0 comments