Don Adrián Torrealba, en un artículo publicado en el diario La Nación (14/11/2018), cuestiona la regresividad del plan fiscal, pese a que admite que el plan “no aumenta la tarifa de las empresas”.
Tal regresividad es aún más evidente cuando se considera que los grandes empresarios son los que más incumplen en términos tributarios (elusión legal e ilegal, evasión, mora y amnistías). Al respecto, basta ver las listas de contribuyentes empresariales que han declarado pérdidas o cero utilidades en los últimos años, dadas a conocer el pasado 5 de diciembre.
Lleva razón don Adrián al afirmar que el plan grava las ganancias e incrementa la tributación de las rentas de capital, introduce controles antielusivos y aumenta el aporte de los socios de las cooperativas y de las personas con los salarios más altos.
Pero también es cierto que las cooperativas quedan exentas del impuesto sobre la renta, y que el 10% que se cobraría a sus socios por los excedentes es inferior al 15% que tendrían que pagar los asalariados con sueldos entre ¢1.226.000 y ¢2.103.000, aun cuando aquellos excedentes fueran muy superiores a esos salarios.
A su vez, el 15% sobre las ganancias y rentas de capital se aplica tanto al pequeño inversionista como al magnate o a la corporación capitalista, y la efectividad de los controles siempre va a estar mediada por las desiguales cuotas de riqueza, poder e influencia de que disponen las distintas categorías de contribuyentes.
En relación con el impuesto al valor agregado (IVA), don Adrián reconoce que “es inevitable su regresividad”, pero afirma que tal efecto es compensado por la progresividad del impuesto sobre la renta. Dado que las empresas y cooperativas no son afectadas por los cambios en ese impuesto –algo que el propio don Adrián admite–, la compensación provendría solo de lo pagado por los hogares, en su mayoría de sectores medios. Además, aplicar el IVA a la canasta básica supondría que casi veinte mil personas caerían en la pobreza.
En el 2016, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el sistema tributario costarricense tenía esta estructura: renta, beneficios y ganancias de capital 20,4%; contribuciones sociales 28,5%; bienes y servicios 40,2%; y otros impuestos 10,9%.
Con el plan fiscal esa estructura quedaría así: renta, beneficios y ganancias de capital 22,4%; contribuciones sociales 26,9%; bienes y servicios 40,4%; y otros impuestos 10,3%. Al comparar ambas estructuras, es claro que la regresividad tributaria persiste y que la progresividad es mínima: dos puntos porcentuales.
Según el Gobierno, el 81,2% del plan fiscal sería pagado por los hogares y el 18,8% por los no hogares. Si se asume que todos los no hogares son grandes empresas –que no lo son–, su aporte sería inferior al 20,2% pagado por los hogares con un ingreso promedio mensual inferior a ¢1.266.000, que agrupan a las clases trabajadoras y a los sectores medios más modestos.
De acuerdo con el Gobierno, el 51,1% de todo el plan sería pagado por los hogares más ricos; pero si los datos correspondientes se desagregan, cerca del 57% de todo el plan sería pagado por hogares con ingresos mensuales inferiores a los cuatro millones de colones.
Se desconoce qué porcentaje aportarían los grandes empresarios, pero si se supone que dicho sector social se concentra en los hogares con un ingreso mensual igual o superior a los diez millones de colones, pagarían cerca del 3,5% de todo el plan.
Esta discriminación a favor de los verdaderamente ricos y poderosos explica que los grandes empresarios respalden un plan fiscal que apenas les abanica el rostro, mantiene la regresividad del sistema tributario y exprime aún más a las clases trabajadoras y a los sectores medios.
Al profundizar las desigualdades existentes y crear otras nuevas, el plan ha renovado la vigencia de un desolador pensamiento de Pascal: “no pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte sea justo”.
