En el año 2022 un cruzrojista atendió en horas de la madrugada un accidente de tránsito en la autopista Florencio del Castillo, mientras este desarrolla sus tareas, un conductor lo embiste con su vehículo y le quita la vida; el rescatista en cuestión tenía 61 años de edad y contaba con una amplia trayectoria en atención prehospitalaria.
En otro incidente, una unidad de la fuerza pública fue desplazada a atender un robo, el oficial que atiende era un señor de 62 años aproximadamente y resultó herido de muerte por un delincuente que estaba dentro del inmueble donde atendió el caso.
Un oficial de seguridad y tránsito de la Universidad de Costa Rica en su último día de labores para acogerse a su pensión, cayó en su puesto de trabajo con un problema médico y murió en el hospital.
Lo anterior es una introducción que refleja una situación que ya es constante con muchos policías y personal de respuesta en atención de emergencias, donde muchos no llegan a disfrutar de su jubilación, otros, que si lo logran, el tiempo de disfrute en muchos casos resulta muy corto, dado que distintas enfermedades que muchos de estos trabajadores acumulan con el tiempo, les cobra una muy alta factura y fallecen a una edad más corta que la mayoría de personas que dedicaron su vida laboral a otras actividades.
Con la variación del cambio de edad para la jubilación que ya rige en nuestro país bajo el régimen de la Caja del Seguro Social a los 65 años, no hay duda, que se vino a dar un grave perjuicio para todos los trabajadores, pero, peor aún, para el sector laboral que labora en la respuesta de emergencias y la seguridad.
Muy lógico que una persona que arrastra problemas de sobrepeso y distintas patologías no pueda rendir laboralmente igual que una persona joven para realizar diferentes tareas en materia de seguridad, como también en la atención de emergencias por más experiencia que tengan acumulada.
En ese sentido, una propuesta de ley que ya está presentada en la Asamblea Legislativa para ser acogida para comisión pretende una pensión anticipada para el personal operativo de bomberos, una justificación totalmente lógica que expone el director de ese cuerpo de emergencia, es que un bombero mayor a los 60 años de edad no puede hacer sus funciones de forma eficiente y pone en riesgo su integridad y la de terceros.
Junto con esta propuesta se ha planteado también otra iniciativa que incluye al personal policial, de seguridad y de los diferentes cuerpos de emergencia, (dicha iniciativa) se presentó al despacho de la diputada Sofia Guillen que impulsa el proyecto para bomberos y la razón se deriva de que todos estos grupos desarrollan tareas totalmente análogas de peligro y de desgaste físico, emocional, así como de diferentes problemas de salud producto de estas actividades.
La razonabilidad y lógica que conlleva el generar una ley que permita poder pensionarse a este grupo de trabajadores a una edad más temprana no solo vendría a generar justicia y equidad para estas personas que por años han desarrollado tareas de alto riesgo poniendo en peligro sus vidas y que, además, producto de las extensas jornadas laborales, cambios de horarios y otro sinfín de situaciones, la gran mayoría de estos trabajadores comienzan a acumular problemas de todo tipo que con el tiempo ya no les permite desarrollar sus funciones en forma eficiente y profesional.
Al final, la discusión para definir cuál opción resulta más viable para permitir que estos trabajadores puedan acogerse a su jubilación sería esto: si a partir de cierta cantidad de años de servicio o de cierta edad será la tarea de nuestros legisladores al momento de la redacción final de la ley; por el momento, lo que se aclama es que estas propuestas sean acogidas y llevadas ante comisión para que después se debata y por fin generar una ley que, como la mayoría de países ya lo han hecho, se les permita una jubilación más temprana a estos trabajadores en el campo de las emergencias y la seguridad.
