Los partidos políticos cuentan con reconocimiento a nivel constitucional, así lo expresa el numeral 98, párrafo segundo de nuestra Constitución Política: “Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la participación política”. El Código Electoral, por su parte, establece en sus artículos 48 y 49 que los partidos políticos son vehículos de la participación ciudadana en la política nacional, y que cumplen una función de interés público.
Las agrupaciones políticas mantuvieron anteriormente, una vinculación continua y directa con los diferentes movimientos sociales, diversas organizaciones no gubernamentales o movimientos específicos que conforman la sociedad civil; el movimiento cooperativista, el movimiento solidarista, los movimientos de trabajadores, las cámaras empresariales, el movimiento de juventudes, los frentes de mujeres, entre otros.
Actualmente, a pesar de muchos, se han convertido es un simple medio conveniente y momentáneo, que algunas personas utilizan para ocupar puestos de elección popular. Se desvincularon, también de manera alarmante, del reclutamiento de potenciales líderes y lideresas desde los colegios y universidades, y descuidaron la formación de sus cuadros en la ideología y doctrina partidaria. En ese sentido, se debería fortalecer de igual manera, la relación con las fundaciones extranjeras y sus programas de formación política.
Por un lado, los partidos políticos son el medio para canalizar mediante la constante comunicación con los dirigentes comunales que ocupen puestos públicos en el ámbito municipal, sean estos, regidores, síndicos, alcaldes y alcaldesas. Por otro lado, se encargan del constante diálogo con los diferentes grupos que confirman la sociedad civil organizada, sean estos los grupos de interés o grupos de presión como medios idóneos e institucionalizados dentro de un sistema democrático, republicano y social de derecho. El objetivo de lo anterior es la búsqueda constante de soluciones a los problemas de sus respectivos sectores, a través de la propuesta y elaboración de proyectos de ley o la formulación de las políticas públicas.
Todo eso se extraña de los partidos políticos desde hace años. Asimismo, son la causa u origen del descontento y desconfianza de los ciudadanos y electores con sus representantes populares, quienes una vez electos, se desvinculan de las necesidades y aspiraciones de las personas que les confiaron su voto, desoyendo sus inquietudes más inmediatas. Solamente responden, -con muy contadas excepciones- a sus intereses personales y los intereses políticos de su partido a corto y mediano plazo. El elector solo importa cuando se inician los respectivos ciclos y procesos electorales de cara a la siguiente y próxima elección.
No en vano, el artículo 52 incisos p) del Código Electoral vigente, establece que los partidos políticos dentro de sus estatutos deben contener “la forma en la que se distribuye en el período electoral y no electoral la contribución estatal de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, de lo que el partido disponga para capacitación, deberá establecerse en forma permanente y paritaria tanto a hombres como a mujeres, con el objetivo de capacitar, formar y promover el conocimiento de los derechos humanos, la ideología, la igualdad de géneros, incentivar liderazgos, la participación política, el empoderamiento, la postulación y el ejercicio de puestos de decisión, entre otros”. Pero, lamentablemente, en la actualidad los partidos se han convertido en simples medios para satisfacer intereses personales, -y de quienes tienen intereses creados- para acceder al poder, y en maquinarias electorales de corto plazo.
Los partidos políticos y los representantes populares electos deberían replantearse la vinculación y la comunicación con la sociedad civil y los movimientos sociales, reclutar a nuevos prospectos de liderazgo, mantener la formación ideológica y doctrinaria de sus miembros, continuar mesas de análisis de la realidad nacional, pero principalmente, retomar la vinculación con sus representados.
Decía Juan Jacobo Rousseau, en su libro El Contrato Social de 1762, fuente de inspiración de muchas revoluciones: “Para que una voluntad sea general no siempre es necesario que sea unánime, pero es necesario que tengan en cuenta todas las voces; una exclusión formal rompe la generalidad”.
