La ley de Planificación Nacional (N°5525) y su subsistema de planificación regional buscan generar espacios subnacionales coherentes y viables, que faciliten la planificación regional y sectorial del país, así como la operatividad de la Administración Pública (AP). La AP debería implementarse desde el poder provincial, en tanto que el aparato presidencial debería abocarse solo a los grandes temas de las políticas de Estado y a aquellos problemas cuya administración se escape de las manos de uniones provinciales de gobiernos locales o del conjunto de Municipalidades de cada provincia. Ya es hora de homologar los conceptos de región y provincia para frenar el caótico, costoso e incoherente esquema de regiones institucionales, definidas a contrapelo de la División Territorial Administrativa (DTA). Podría lograrse mediante la reinclusión del criterio demográfico (en valores absolutos y no relativos) en la ley de DTA actual. Bajo el amparo técnico científico del geógrafo alemán Helmuth Nuhn, desde los años setenta del siglo pasado se justificó la creación de nuevas regiones o provincias para enmendar los errores históricos del sur de Puntarenas y del norte de Alajuela, pero se tropezó con la gran maraña legal de la AP y la falta de compromiso político del Ministerio de Planificación (Mideplan), que no pasó de tímidos intentos de formular planes de desarrollo regional y de conformar efímeros consejos de desarrollo regional en la década de los ochenta, para las regiones periféricas. En la llamada Región Central (sustantiva para el sistema por contener la GAM) Mideplan no logró ni siquiera conformar el equipo técnico asesor en dicha región.
Una estrategia de desarrollo metropolitano al año 2030, en la fallida Región Central del Mideplan, debería partir de la formulación de una imagen objetivo clara, con dos grandes subsistemas urbanos, a saber: a) Valle central histórico, semejante al planteado en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (Potgam), el cual comprendería las provincia de San José y Cartago y; b) Valle central occidental con una ciudad satélite llamada Nueva Alajuela, como centro metropolitano funcional y de servicios, que canalizaría y redireccionaría la AP de las provincias de Heredia, Alajuela y Guanacaste. Ese sería un primer gran paso de desconcentración y descentralización del aparato estatal, altamente concentrado en San José, como he comentado en artículos anteriores.
Nuevas provincias podrían crearse mediante la fusión de al menos dos cantones, si se garantiza la continuidad territorial de la provincia segregada. Deben contener una población superior al cantón más poblado del país además de una extensión superior al promedio cantonal nacional.
El resto de la provincia de Alajuela, no perteneciente a la GAM, conocido generalmente como “zona Norte”, y ubicado entre la Cordillera Volcánica Central y la República de Nicaragua, cumpliría con esos parámetros para ser provincia y debería enfocarse en el desarrollo fronterizo, mediante una adecuada y coordinada administración de la ruta nacional N°4, la operación eficiente del paso fronterizo “Las Tablillas” y el fortalecimiento de un consejo de desarrollo regional o provincial, con apoyo de la estructura sectorial-regional del Gobierno Nacional.
Por otra parte, la llamada “zona Sur” o región Brunca, que rebasa la capacidad político-administrativa de la ciudad de Puntarenas, también cumpliría con los parámetros indicados, y podría convertirse en nueva provincia, en armonía con la DTA y el planteamiento científico del geógrafo Nuhn. Como incentivo se debería garantizar al menos un puesto de diputado por cada nueva provincia creada, para que un político con poder real, asuma la presidencia del consecuente consejo regional o provincial de desarrollo como lo establece la ley de Planificación Nacional. Otras propuestas de provincias, que podrían aparecer, serían material de trabajo y recomendaciones para la Comisión de DTA y el Mideplan.
