Hace algunos meses, señalábamos que la Asamblea Legislativa actual, tenía la delicada responsabilidad de nombrar ocho nuevos magistrados y magistradas en plazas vacantes de la Corte Suprema de Justicia. A la fecha ya se han realizado cuatro, y no hay muchas razones para ser optimista respecto de los ansiados y urgentes cambios que en esta materia requiere la debilitada democracia costarricense y su Poder Judicial.
El primer señalamiento que debe hacerse para la consideración ciudadana, es que esta Asamblea decidió mantener las cuatro ternas y nóminas que el anterior cuerpo legislativo había dejado “cocinadas”, y que se habían confeccionado con los criterios de la anterior Comisión de Nombramientos. Esto significó básicamente que la actual Asamblea no tuvo la oportunidad de valorar directamente a los aspirantes, ni tuvo, de primera mano, la posibilidad de sopesar la calidad de los mismos. De igual manera, esto significó consolidar las ternas confeccionadas en los oscuros tiempos de “la red de cuido”, la descarada injerencia de magistrados y magistradas de Corte en el lobby parlamentario, y de la crisis institucional que evidenció el favorecimiento de magistrados y magistradas penales a personajes políticos.
Después de años de espera se nombró al sustituto del Dr. Gilbert Armijo en la Sala Constitucional. Recayó esta designación en la persona del Lic. Jorge Araya, magistrado suplente desde hace tiempo en esta Sala y quien fungiera en el pasado como Viceministro en el Gobierno Figueres Olsen. Dos cuestiones resultan inquietantes, el señalado vínculo partidario del Magistrado escogido y, lo que resulta más preocupante, la designación de alguien que no estaba en los primeros lugares de la terna.
El pretexto fue que ninguna de las dos candidatas que encabezaban había obtenido el suficiente apoyo. Después de un par de rondas de votación en el Plenario sin resultados, ¡sorpresa!, salió electo don Jorge, sin que sepamos dónde, cuándo o entre quiénes se fraguó el consenso. Si dos mujeres calificadísimas no habían obtenido la mayoría requerida, ¿por qué no convenir en una de ellas? Todo este proceso además, a pocos días de que el Plan Fiscal recibiera el visto bueno en la Sala Constitucional. Cuánto pesó esta variable, tampoco lo sabremos nunca a ciencia cierta, pero flaco favor se le hace al designado, dados los matices de opacidad en que se desecharon nombres mejor puntuados, y porque se terminó sumando el número requerido de votos en circunstancias no del todo claras.
El segundo nombramiento lo era para la vacante en la Sala Tercera (Penal). Ni más ni menos la misma que recién había sufrido un terremoto grado 9 escala Richter, que terminó con la remoción de un magistrado y la renuncia de otros dos. Un par más de sancionados… gozan de buena salud y continúan en sus sillas. Así, respetándose la propuesta de la Asamblea anterior, se nombró a la Jueza de carrera Patricia Solano. Llama la atención en este caso que esta candidata, participante también para otras plazas vacantes de esta misma Sala en concursos paralelos, había sido calificada en un puesto muy lejano a los primeros de la nómina, por la actual Comisión de Nombramientos. Pero en fin, había que atenerse a la propuesta heredada por la anterior Asamblea y sus designios se impusieron.
Los otros dos nombramientos correspondían a la Sala Segunda (Trabajo y Familia). La anomalía más sobresaliente para este caso, fue la manera en que se armaron las ternas para las dos vacantes de esta Sala, donde claramente se puso a competir en la primera terna a dos excelentes candidatos (un Juez finalmente designado y una Letrada que no fue nombrada), excluyéndoseles a ambos de los primeros lugares en la segunda de las ternas, lo cual iba a favorecer a postulantes mucho menos calificados. Esto sonaba a que había por debajo acuerdo sobre el primer nombramiento, y que se le estaba además allanando el camino a alguien en la segunda terna.
No quiero hacerle un daño, pero debo reconocer que se escogió a un excelente y respetable jurista, el Dr. Jorge Olaso, para ocupar la silla de doña Eva Camacho, quien representó con toda dignidad los intereses de la Jurisdicción de Familia por muchos años. Esperamos que la calidad humana y profesional del Dr. Olaso sean garantía de la urgente independencia y fortaleza requeridas hoy en la Corte Suprema de Justicia.
En la segunda plaza de esta Sala se designó a la Licda. Roxana Chacón. Debo reconocer que no tenía noticias de ella, detalles aparte de lo que ha trascendido en la prensa, a saber, que asesoró al Consejo de Gobierno en el período Calderón Fournier, que tiene experiencia en materia laboral y que venía de la Defensoría de los Habitantes. De nuevo inquieta el antecedente de filiación político-partidario y la circunstancia de que formó parte de quienes encabezaban la segunda terna, después de la jugadilla para desplazar a candidatos mejor puntuados en la primera terna. De paso, se deja a la Sala Segunda, la misma que puede llamarse “De lo Social” porque atiende en última instancia los conflictos laborales y de familia, sin un especialista de esta última jurisdicción. Es un dato curioso, en una Asamblea Legislativa que mayoritariamente dice defender los temas pro-vida y de la familia. En fin, obras son amores y no buenas razones.
A todo lo anterior hay que sumar los evidentes atropellos que se están consumando en la confección de tres ternas para la Sala Tercera (Penal). Los análisis objetivos, sobre todo del respetable Foro Independiente, apuntan a viejos vicios una vez más reiterados: aprovechamiento de un alto porcentaje (40%) del total de la nota, asignado a una entrevista, totalmente subjetiva y manipulable; doble reconocimiento de la “experiencia” para promover a quienes no tienen posgrados académicos; y el refugio opaco e inaceptable de la calificación de esas entrevistas en secreto; todo lo cual con el objetivo espurio de levantar el perfil de algunos mediocres y sacar de la contienda a varias de las personas mejor calificadas. ¡Un verdadero asalto vandálico a la credibilidad de las instituciones!.
Pero hay otro dato relevante que no puede dejar de verse en un contexto más amplio. El señor Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Antonio Sobrado, se presentó a reelección ante la Cortes Suprema de Justicia. Dio su importante rendición de cuentas ante el órgano elector, y mostró cómo, entre muchos aspectos, entidades internacionales del más alto nivel, como la Universidad de Harvard, califican a nuestro TSE como una de las instituciones con mayor credibilidad en su materia (5° puesto a nivel mundial y 1° a nivel del continente americano).
Pues bien, no existiendo ninguna razón objetiva para no reelegir a don Antonio, ocho, -están ustedes leyendo bien, ocho- señores/señoras magistrados le negaron el apoyo. Téngase en cuenta que la potestad constitucional de elegir a los Magistrados del TSE, se le otorgó a la Corte, precisamente para alejarla lo más posible de contaminaciones político-partidarias. A este comentarista nadie le puede sacar de la cabeza la sospecha de que, casos pendientes ante el TSE, resoluciones del desagrado de algunos partidos políticos y sus obispos, ya han encontrado eco en la Corte Suprema de Justicia.
En fin, me temo que la “red de cuido” está de nuevo vivita y coleando. Hoy suma ya ocho votos en el máximo tribunal de la República, y si nos descuidamos con los nombramientos que están pendientes para la Sala Penal, “la red” volverá a ser mayoritaria, y el espectro de la corrupción volverá a tocar nuestras puertas.
José Manuel Arroyo es ex vicepresidentede la Corte Suprema de Justicia y profesor universitario.
