Costa Rica enfrenta uno de los porcentajes de privación de libertad más altos en la historia. El año anterior, la población en centros penales aumentó cerca de un 13%. Este reto ha obligado al Ministerio de Justicia y Paz a fortalecer los programas y niveles que garanticen la inserción social de las personas; ejemplo de esto es la Unidad de Mecanismo Electrónicos.
El cambio anunciado días atrás en relación con la Unidad de Mecanismos Electrónicos va más allá del cambio de un dispositivo. El cambio al que apuntamos pone en el centro de la atención a la persona privada de libertad como un ser humano con derechos y deberes. Por esta razón, el principal cambio que se da es la diferencia en los abordajes técnicos e integrales, que permiten que las personas alcancen con éxito la inserción en la sociedad.
Es necesario reconocer que los mecanismos de vigilancia electrónica son una alternativa a la privación de la libertad que surge alrededor de los años 60 y 70 bajo la búsqueda de la modernización de los sistemas de justicia alrededor del mundo.
Países europeos como Holanda y Noruega han ido a la vanguardia en la transformación de sus sistemas de justicia, y en el caso de Costa Rica no nos hemos quedado atrás y se ha avanzado en la protección de los derechos humanos hacia las personas privadas de libertad.
En Costa Rica hace seis años nació la Ley 9271 de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal. Esta legislación que obliga al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia y Paz a tener como aliados dos elementos fundamentales: la tecnología y los modelos de derechos y obligaciones establecidas en la base jurídica internacional mediante instrumentos como el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad.
Es necesario hacer mención a datos que permitan establecer una radiografía sobre el perfil de las personas que se encuentran sujetas al mecanismo electrónico. Por ejemplo, cerca del 86% de las personas monitoreadas son hombres; el 90% son costarricenses y cerca de 1.000 personas tienen su condición jurídica como sentenciadas.
Es importante señalar que la distribución geográfica de la población es a lo largo del territorio costarricense, ubicada fundamentalmente en tres provincias: el 36% en San José, el 15% en Puntarenas y el 13% en Alajuela. Es pertinente señalar que el promedio de ingresos que se dan en este sistema es cercano a 106 personas por mes.
Esta caracterización, más el interés del Ministerio, que reposa en facilitar más herramientas para que las personas alcancen su inserción social, ha obligado a mejorar la ingeniería interna de la Unidad y a replantear los procesos de atención técnica. Es aquí donde se enmarca el verdadero cambio en Monitoreo.
El Ministerio de Justicia y Paz tiene la finalidad de garantizar la efectiva gestión por parte del personal calificado, por lo que hemos de procurar la salud ocupacional y mental de las y los funcionarios. Por eso, Monitoreo cuenta hoy con mejor infraestructura: un edificio exclusivo para la atención de las personas monitoreadas.
Además, se estableció un programa de capacitación en materia de derechos humanos, se ha fortalecido la articulación entre los diversos cuerpos policiales, se está implementando un nuevo modelo de atención que busca acompañar de una mejor manera los procesos educativos, laborales, de trabajo social, psicología y derecho.
También, se cuenta con una nueva plataforma de monitoreo, que permite establecer estadísticas e informes de manera inmediata, facilitando de esta manera la corresponsabilidad con el Poder Judicial. A los jueces de la República se les habilitó un espacio exclusivo para que puedan realizar las audiencias con la privacidad y acceso a la tecnológica para la toma de una decisión. El nuevo sistema de alertas ante incumplimientos es de manera expedita y, finalmente, el dispositivo electrónico es más discreto y tiene incorporada la red 3G: la red de mayor cobertura en el territorio nacional.
Somos conscientes de que los procesos de inserción social son fundamentales para la resiliencia hacia la violencia. Seguiremos priorizando la humanización de los espacios y la mejora de la legislación para continuar como país a la vanguardia en el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas.
