Ya van más de tres semanas desde que el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) se alzó en protestas contra las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). El panorama es turbio y tras los lamentables hechos que se mencionarán a continuación, parece que empeorará si no se toman las medidas adecuadas.
Motivaciones del conflicto
A partir del 2014 (podría hablarse de una fecha anterior si la intención fuese hacer un análisis histórico) se realizaron una serie de reformas a las normas académicas en dicha casa de estudios, las cuales eran consideradas lesivas por parte de los estudiantes y profesores. Según ellos, la estructura organizativa de la universidad carecía de órganos de cogobierno legítimos en los que su voluntad se viese reflejada y, por el contrario, sus intereses eran excluidos de los procesos de toma de decisiones.
En el 2016, tras períodos en que las clases fueron suspendidas dada la intensidad del conflicto, se produjo la firma de un acuerdo por parte del MEU, autoridades universitarias, la mesa mediadora compuesta por expertos independientes en derechos humanos y el testigo de honor, el sacerdote Ismael Moreno. En este se estableció un proceso de revisión de las normas académicas en el que participarían el personal docente y el estudiantado; reprogramación del calendario académico; una representatividad más equilibrada en los órganos de cogobierno; no represalias académicas o judiciales contra quienes fueron parte de las manifestaciones; entre otros puntos.
Sin embargo, el pasado 25 de mayo, policías y militares ingresaron a la UNAH y sin ninguna orden judicial detuvieron a 20 estudiantes universitarios y un periodista que horas previas habían iniciado una toma del edificio administrativo de la máxima casa de estudios hondureña.
Ellos reprochaban el proceso judicial realizado contra los estudiantes miembros del MEU, Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luis Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, y dicho sea de paso, se concretó el 7 de junio con una condena por peculado emitida por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Estos 20 universitarios forman parten de los más de 100 sometidos a juicios penales en distintas partes de Honduras (Conexihon 2017). A raíz de esto, el movimiento estudiantil ha continuado con las marchas y tomas de edificios, exigiendo la salida de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, y clamando por justicia para sus compañeros.
Violación sistemática de derechos humanos como parte del escenario
El Movimiento Estudiantil Universitario ha estado demandando mejores condiciones para el ejercicio de su derecho a la educación, pero, la respuesta de la jerarquía universitaria, las instancias policiales, militares y judiciales ha sido represiva. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y organizaciones de la sociedad civil que operan dentro y fuera del país han denunciado que la criminalización de las protestas se trascribe en la privación de la libertad de reunión y la libertad de expresión.
Asimismo, ha habido irregularidades en las audiciones de los 20 estudiantes y el periodista detenidos el 25 de mayo, ya que el Ministerio Público les ha denegado la presentación de alegatos en su favor, por lo que sus abogados los han declarado en estado de indefensión.
Por otro lado, ante dicha instancia, el 26 de junio se presentó una denuncia en contra de la rectora Castellanos por campaña de odio contra el MEU. Esto tras la circulación de un vídeo en el que las autoridades universitarias descalificaban las demandas estudiantiles y ofendían a parte de sus dirigentes. La campaña ha sido difundida por diferentes medios de comunicación como Televicentro, Hable como Habla y Canal 11, entre otros.
Pero el caso que ha causado mayor controversia e indignación en torno al conflicto, ha sido el asesinato de Roberto Antonio Gómez, el 23 de junio. Él era el padre de Johan André Gómez, uno de los 20 estudiantes detenidos. Un día antes del asesinato, don Roberto acompañó a su hijo a los juzgados, quien debía comparecer, y al ser entrevistado por medios de comunicación hizo el llamado a una solución pacífica de lo acontecido.
¿Son las protestas un caso que deba aislarse?
La rectora Castellanos fue consultada por los medios sobre lo que pensaba del asesinato de Roberto Gómez. Ella respondió que “es normal que muriera un pariente de un estudiante”. (Criterio 2017) Tales declaraciones son despreciables en el sentido que buscan encubrir las posibles causas por las cuales asesinaron a Gómez; ser un defensor de derechos humanos. Además, contribuyen con la naturalización y reproducción de la ola de violencia en la cual se encuentra inmersa Honduras, una práctica muy común en sus gobernantes que le apuestan al gasto militar-policial, en vez de invertir en educación, empleo, salud, cultura y otros elementos que mejorarían sustancialmente la condición socioeconómica del país.
Por otro parte, los gobiernos de la región y la comunidad internacional en general deben pronunciarse en torno a la crisis hondureña, la cual va más allá de las manifestaciones de estudiantes y profesores de la UNAH, pero que en este momento demanda acciones en esa línea en específico. La exposición de las violaciones a los derechos humanos mencionadas y la búsqueda de una salida pacífica son claves para que estas no sigan replicándose y por siguiente agravando la situación actual.
*Internacionalista por la Universidad Nacional de Costa Rica. Investiga en temas vinculados a la promoción de los derechos humanos en Centroamérica.
