En México, una guerra interna motivada por el tráfico de drogas tiene al Estado nacional más desarticulado y desangrado que nunca, incluidos los tiempos de la Revolución, eso es prueba de que el método policiaco contra el comercio de drogas es inútil y contraproducente. En ningún país esa guerra ha disminuido el consumo.
En Costa Rica cualquier persona, incluso menor de edad, compra drogas cuando lo desea. El esfuerzo del OIJ es admirable, dicen las empresas de difusión masiva, pero continúa el tráfico por el territorio nacional, desde Suramérica hacia USA; y el consumo interno aumenta. Los narcotraficantes invaden nuevos sectores, como colegios de secundaria, y reclutan familias enteras en los barrios marginales, las narco-familias. Ya existen narco-pescadores, y lo peor de todo: la narco-oligarquía.
Los efectos indeseados de enfrentar la drogadicción de modo policiaco destrozan el tejido social. Los sistemas judicial y penitencial se saturaron hace decenios, pero rara vez caen peces gordos. Caen vendedores al menudeo, a veces madres acosadas por el hambre de sus hijos. Mamás encarceladas, hijos indefensos. Algunas esposas de obreros tratan de idiotas a sus maridos honestos por tanto trabajar y ganar poco, pues envidian el poder adquisitivo de las narco-familias.
La parentela de los adictos ve desaparecer los electrodomésticos y hasta los cubiertos de la mesa. Hijos rateros de su propio hogar. El enfrentamiento entre las pandillas por el dominio de los territorios envía docenas de baleados a los hospitales de la CCSS y a los cementerios. No siempre son miembros de esas bandas, pues hay heridos y fallecidos por pura mala suerte. Ha aparecido el nuevo y terrorífico oficio del sicariato, comisionado para “cobros exprés”.
La prohibición del comercio de drogas propicia el surgimiento de mafias multimillonarias, que pronto controlarán la economía y la política de los países centroamericanos. El narco-crimen hace años penetró el Poder Judicial, informa el nuevo presidente Chinchilla (Crhoy 23 mayo 2017). Infiltra empresas de capital originalmente honrado mediante el trasiego hormiga, indetectable desde los bancos. Los empresarios honrados se quejan por la competencia desleal. El blanqueamiento de capital tiene dimensiones monstruosas. El Director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, informó en 2014 que en Costa Rica se lavan unos $4000 millones por año (Miguel Rojas, “El narcoestado transnacional y la complicidad ciudadana”, Universidad, 17 de mayo). No hay ningún motivo para pensar que el “narcodinero” se contenga ante los partidos políticos; todo lo contrario.
Urge cambiar de estrategia, pues la guerra contra el narcotráfico está irremediablemente perdida. No es el método adecuado para enfrentar el problema. Admitirlo es el primer requisito para buscar alternativas. Harto enseña sobre esto la ley seca en USA (1920-1933).
La legalización del comercio de las drogas no aumentará el consumo, ¡ya consume todo el que quiere! Tal vez lo disminuya al quitarle el encanto de lo prohibido.
Desde luego, la legalización del narcotráfico es complicada. Sería necesaria mucha reflexión, apoyada en las experiencias internacionales exitosas, aprender sobre la marcha, a la par de campañas que mejoren el conocimiento de la población sobre la nocividad de las diferentes drogas.
Los primeros enemigos de la legalización son los propios narcotraficantes, porque protegen el negocio. Luego se encuentra la DEA, agencia de USA dedicada al combate del narcotráfico, con muy cuestionable eficacia, pero que facilita la cercanía de funcionarios de ese país con nuestros cuerpos policiales y militares, esto último en los países donde existen. La legalización del narcotráfico es por esa circunstancia un asunto internacional. Costa Rica debe tomar la iniciativa para obtenerla, mediante un inteligente y sostenido esfuerzo diplomático. ¿O preferimos que una narco-oligarquía nos domine?
