Como egresada de la Universidad de Costa Rica y ex profesora de filosofía, he abanderado siempre al ejercicio de una conciencia crítica, misma que se desarrolle bajo la consigna que alberga los principios de equidad, igualdad y justicia social.
En las últimas décadas, en la academia, estos postulados se encuentran ausentes, debido al fenómeno y crecimiento de la corrupción institucionalizada, la cual ha permeado a gran parte de los organismos públicos y donde la Universidad de Costa Rica, como entidad estatal, no se encuentra excluida de ello, lastimosamente.
La falta de ética y moral, dentro del ejercicio de la función pública, aunada a la ausencia de estas en los planes de estudio, y recomendada desde las vicerrectorías, ha contribuido a que se incremente la naturalización de una cultura de corrupción. Es allí, desde la función pública, donde no importa lo que tengas que hacer, mientras esto asegure tus notas o salario, el cual ha crecido en detrimento y perjuicio de los fondos públicos que pagan los costarricenses, fondos necesarios para solventar las becas y atención socio-económica que no están recibiendo adecuadamente los estudiantes.
Por ello, la revolución en la granja en que se encuentra sumida en este momento la Universidad de Costa Rica, ante la falta y aplicación de pensamiento crítico, social, político y económico, era de esperarse y más, debido a que este no se percibe desde el discurso y menos en la práctica. Así, el marco constitutivo de los Derechos Humanos ha sido violentado a través de la instauración y naturalización del flagelo que representa la violencia sexual, enquistada en sus diferentes sedes y recintos, desde hace años, como expresión de un discurso misógino, machista y patriarcal.
De esta manera, las reiteradas denuncias no solo se realizaron por las estudiantes, sino también por docentes y funcionarias, las cuales fueron amenazadas, re-victimizadas y de igual forma criminalizadas. Esto sucede por esa estructura paralela que aquí funciona a vista y paciencia de las altas autoridades universitarias que, desde la Rectoría, aducen asombro, preocupación e incapacidad, cuando en realidad son cómplices por omisión de estos hechos, con la justificante de no querer manchar el buen nombre del que gozaba esta universidad, basado solo en sus avances en el campo de la ciencia y la tecnología.
No es un secreto que se despida a quienes denuncian, como también que se rebajan las becas o no se apruebe a los estudiantes, cuando los mismos se atreven a hacer público la serie de violaciones, agresiones y anomalías de que son objeto, ya que como se dice a lo interno, tienen que mentir para sobrevivir, porque si no estarían mordiendo la mano que los alimenta, cuando en realidad estos recursos provienen del bolsillo de todos los costarricenses.
Ha sido lamentable presenciar como el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) no se ha prestado a actuar en conjunto con otros organismos estatales, para intervenir a esta casa de estudios superiores como se debe, conociendo incluso otras denuncias hechas públicas en torno a estos temas, por parte de un gran número de víctimas. La interpretación del principio de autonomía universitaria, como norma constitucional, dentro de nuestra Carta Magna debe ser respetada, pero nunca en detrimento de los derechos humanos que aquí, están siendo violentados desde hace años.
El ser estudiante, profesora o funcionaria dentro de cualquier Sede y Recinto de la Universidad de Costa Rica equivale a no tener derechos, más allá de quienes ahora aducen todo lo contrario, pero de espaldas a la verdad y la justicia, porque en algunos ámbitos de esta institución, ni siquiera existe libertad de expresión y mucho menos libertad de cátedra.
