Desde hace unos años, es común escuchar que la población de nuestro país está envejeciendo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2025 se espera que la población adulta mayor esté cercana a superar las 600.000 personas.
Estos cambios no son meramente demográficos, sino que lo son también sociales y vienen acompañados de problemáticas como la violencia hacia las personas adultas mayores. Para el año 2020 el II Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, realizado por la Universidad de Costa Rica y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, señaló que 2 de cada 5 personas adultas mayores ha sentido ser víctima de violencia por su edad.
Este breve texto se basa en las recapitulaciones de las vivencias contadas por personas adultas mayores en conversatorios y charlas realizadas en el marco de las actividades realizadas por el Trabajo Comunal Universitario (TCU) 505.
Normalmente se tiende a reducir la problemática de la violencia a la física; sin embargo, casi de manera unánime, las personas que participaron de las actividades señalaron que la violencia más frecuente tiende a ser la psicológica, pero, a su vez, es la menos denunciada.
Pero la violencia se extiende a muchos otros campos, a veces tan desconocidos por las personas adultas mayores que les hace reflexionar sobre conductas tan normalizadas que nunca percibieron como actos violentos. Desde la violencia sexual hasta la patrimonial, las personas mayores de 65 años pueden ser víctimas de distintos tipos de violencia.
Los factores de riesgo son varios, pero, entre los más destacados por las personas en las charlas, es la dependencia de la persona adulta mayor hacia otras personas por razones de salud o, por el contrario, cuando personas en etapa productiva dependen económicamente de la persona adulta mayor. Asimismo, se resaltaron aquellas situaciones donde en el círculo familiar ha existido históricamente un ciclo de violencia, la cual ha sido normalizada.
Se ha comenzado a visibilizar la violencia contra la persona adulta mayor por medio de afectaciones en la salud y el bienestar de la población. Los diversos tipos de violencia que existen generan enfermedades, traumas, depresión, ansiedad, estrés y baja autoestima en la víctima, quienes no suelen denunciar por miedo a destruir lazos familiares y sociales, creyendo incluso que es culpa suya. Si bien la mayoría de las heridas físicas sanan con el tiempo, su salud física y psicológica ya se perjudicó. Los factores de riesgo incluyen la dependencia física, emocional y económica en actividades de vida diaria básica.
Los instrumentos normativos que son marco legal y de protección para la población adulta mayor van desde la Constitución Política hasta leyes nacionales e internacionales. Desde el 2002, con el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, se promulgan estrategias para la atención de esta población con el apoyo de diversas instituciones y organizaciones como el INA, MTSS, IMAS, Conapam, Desaf, Ministerio de Hacienda, Ageco, Fecrunapa, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Salud, Inamu, ONG. La Ley Integral Para la Persona Adulta Mayor (N.° 7935) da un marco amplio de protección, tratando de prevenir la violencia física, psicológica, patrimonial o sexual contra esta población. La Ley contra la Violencia Doméstica (N.° 7586) tiene como finalidad la protección, basándose en el artículo 51 de la Constitución Política.
Es labor del Estado desarrollar programas que generen actitudes positivas hacia la población adulta mayor. Iniciativas, como evitar patrones que promuevan el maltrato, negligencia y abandono, así como estrategias para detectar casos de violencia para intervenir y evitar consecuencias graves y conocer las redes de apoyo para acudir, realizar estudios sobre la frecuencia del maltrato y dar importancia al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Finalmente, hay que considerar que la familia es el principal recurso de apoyo, cuidados y protección para la persona adulta mayor.
