Rodrigo Cháves abogó por su expertise económico durante la campaña, graduado de una universidad “más prestigiosa que la UCR”. Su comunicación política mezcló rasgos tecnocráticos con demagógicos. Eso le permitió acceder a sectores populares y medios que aguardan por soluciones.
Pero, en sus primeros días, sus planes económicos están lejos de ser innovadores, menos aún progresivos. En general, es la misma línea de los tecnócratas repartidos en las oficinas públicas en las últimas décadas, incluyendo gobiernos del PAC.
La “ruta del arroz” cumple el sueño de liberalización de Anabel González, con la promesa hipotética de reducir el precio y destruir el oligopolio. Pero ese oligopolio tiene la capacidad de reconvertirse en importador, con menos empleos y con condiciones más desfavorables para pequeños y medianos productores. Un golpe al agro que hasta La Nación celebró.
Las medidas se han propuesto con argumentos discutibles. Pasó con el presidente del ICE, Marco Acuña, quién, para justificar la reforma del ministro Tattenbach, libertario pro generadores privados, ha dicho que el modelo energético es obsoleto. Pero el modelo no solo produce a precios competitivos, reconocido en informes de la CEPAL, sino que es admirado en países como Alemania, donde sus medios hacen relucir el liderazgo del ICE para producir sobre una matriz competitiva y verde. Lejos de ser obsoleto, es un modelo a seguir.
Ahora, Chaves ha mencionado la propuesta de privatizar el BCR y el INS. La justificación es el pago de la deuda pública con los recursos de las ventas, que se calculan entre 3,5% y 4% del PIB, mientras que la deuda costarricense es de casi 70% del PIB.
La privatización es un ingreso único que no repara el problema, mientras que las rentas generadas cada año en manos públicas garantiza un ingreso constante a las arcas del Estado y servicios como Conape, Banca para el Desarrollo o el Régimen de Pensiones de la CCSS.
Otro elemento, destacado por el economista Luis Paulino Vargas, es que la banca pública ofrece mejores condiciones de intermediación que la banca privada. Es decir, es un sistema que permite competitividad a la economía. A ello hay que agregarle la estabilidad macro que ofrece. Con la crisis del 2008, multinacionales como HSBC o City Bank huyeron del país. En países con una banca privada como El Salvador o Panamá el impacto de la crisis fue mayor, con una variación del PIB en el 2009 de -2,1% y -1,2% respectivamente.
A pesar de los efectos no resueltos a largo plazo, el país soportó mejor el impacto inmediato de la crisis (-0,9%) en parte gracias a la banca pública, cuando en otras regiones tuvieron que rescatar su banca privada con sumas inmorales. Más aún, en media crisis la banca estatal redujo un 2% sus tasas para préstamos productivos, y puso más de ₡200 mil millones de crédito vía SBD.
En el 2019, con la crisis sanitaria, se dispuso de ₡900 mil millones para avales y garantías de créditos con tasas favorables, con recursos obtenidos y dados principalmente a través de la banca estatal. Estas medidas difícilmente se realizarían con bancos privados sino es a cambio de grandes pagos, mientras que los bancos estatales se financian con recursos propios.
La banca pública debe mejorar: transparencia, servicio al cliente, justicia salarial, etc. Pero la privatización del BCR o del INS no ayuda a resolver el problema de la deuda ni hace el sistema bancario o de seguros más solidario. Solo satisface las expectativas de sus virtuales compradores y da la solución fácil de los tecnócratas neoliberales: si es ineficiente, hay que privatizarlo y si es eficiente y rentable, también ¡vaya genio de estos PhDs!
En el 2021, el promedio de deuda de los países de la OCDE (95%/PIB) fue mayor al de Costa Rica. Es un problema que debe solucionarse, pero sin ocurrencias. Hay margen para controlar la deuda sin amenazar la estabilidad bancaria o de seguros. La solución estructural pasa por una reforma fiscal realmente progresiva.
