En los últimos meses hemos asistido y presenciado un clima de total polarización en el seno del tejido social costarricense. En este artículo se busca una descripción breve de lo que, considero, fueron los tres grandes episodios de polarización social en nuestro país durante el presente año.
En primera instancia, es inevitable señalar el contexto electoral en el que se da la primera ola de polarización social, sobre todo, con la respuesta de la Corte IDH a la opinión consultiva realizada por el gobierno Solís sobre cómo proceder y cómo abordar el tema de los derechos de la comunidad LGTBI en nuestro país. Ese dictamen de la corte implicó que el Estado reconociera y garantizará los derechos de la comunidad LGTBI en relación con el matrimonio igualitario y la identidad de género, lo que impulsó el ascenso de una fuerte oposición conservadora en defensa de lo que consideran los valores de la familia.
Era un fenómeno ajeno y extraño a nuestra realidad (si se compara con la realidad de la región latinoamericana, no lo era en absoluto) que grupos conservadores se empoderaran en un movimiento en común contra lo que ellos consideraban como “ideología de género”, un término que acuñaron para iniciar una especie de cruzada contra los temas que hacían referencia a los derechos de la diversidad sexual, de las mujeres, entre otros. En una especie de lo que Weber denominó “afinidad electiva” y que implicaba un proceso de convergencia de acción entre comportamientos o formas culturales, religiosas o económicas distintas, el catolicismo y los evangélicos se adhirieron a una lucha frontal contra la “ideología de género” y se expresó en muchas manifestaciones y concentraciones de estos grupos bajo un lenguaje común.
Este primer período de polarización social a raíz de esta respuesta de la Corte IDH reflejó un escenario costarricense poco receptivo al tema de los derechos humanos. Igualmente, se evidenció que la fuerza de estos grupos conservadores se nutrió principalmente de las comunidades o distritos de las provincias con mayores índices de desigualdad, en los que predominan procesos de exclusión social (falta de acceso a las vías institucionales: empleo, educación, entre otros) y que encontraron en estas iglesias evangélicas y partidos conservadores una forma de sustento espiritual ante la adversidad de su situación, una especie de resarcimiento de un daño que había sido provocado por el completo abandono estatal.
Una segunda ola de polarización tiene ligamen con la situación de crisis social y política que enfrenta Nicaragua desde el mes de abril a partir de un intento de Ortega de aplicar un paquete de reformas al INSS para subsanar la crisis. Lo que comenzó como una lucha social por la derogación de esas reformas terminó convirtiéndose en un movimiento interseccional a gran escala y de carácter político, cuyas demandas eran la salida de Ortega y la democratización de Nicaragua y sus instituciones; todo esto motivado por las escenas de represión, violencia y ataques contra la población civil por parte de los policías y la operación de bandas paramilitares a favor del régimen.
Los episodios de violencia y represión sistemática en Nicaragua reconfiguraron el panorama y la situación en ese país. Nicaragua se convirtió en inhabitable para quienes disentían del accionar de un Estado represivo que silencia a las y los opositores, y así lo constatan los numerosos informes de organizaciones que señalan desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, presos políticos, torturas y otras formas de terrorismo de Estado. Estas condiciones favorecieron un masivo auge de la migración hacia otros países de la región, principalmente el nuestro.
La oleada de migración en nuestro país y la articulación de una serie de factores y situaciones referentes a delitos o a la criminalidad caldearon los ánimos de muchos sectores de la población y así se hizo ver en las manifestaciones antiinmigrantes que se dieron en el Parque de La Merced, cuando increparon a personas nicaragüenses con consignas nacionalistas y algunas discriminatorias. A su vez, este movimiento antiinmigrante tuvo su contra movimiento en la realización de una gran marcha contra las prácticas y discursos xenofóbicos.
Lo que subyace tras este fenómeno es la presencia de percepciones de incertidumbre e inseguridad dentro de gran parte de sectores de la sociedad costarricense, que reaccionaron negativamente a este masivo ingreso de migrantes y por la incapacidad del Gobierno para adoptar medidas que pudiesen atender la crisis migratoria que repercutió nuestro país fuertemente.
Un tercer y último episodio de polarización social se vivió y se vive por la situación fiscal del país y la necesidad de una reforma para fortalecer las finanzas públicas Desde el primer día ha existido mucha polarización entre los movimientos sindicales, organizaciones sociales que se han posicionado en contra del proyecto de ley y el Poder Ejecutivo, y que se agudizó después de muchos episodios de represión sistemática y uso de la fuerza por parte del gobierno de Alvarado.
La huelga general e indefinida por parte de los sectores sindicales, con el apoyo de otras organizaciones de la sociedad como las estudiantiles, campesina, entre otros, tuvo sus fuertes repercusiones para el país. El movimiento en sus inicios contó con una gran aprobación de parte de la sociedad costarricense, pero, a medida en que se fue utilizando mecanismos de acción colectiva como el bloqueo que impedía el libre tránsito, fue ganando la desaprobación de unos sectores y ensanchando la conflictividad entre quienes apoyaban el movimiento y quiénes no, y, si analizamos concretamente el papel de los medios de comunicación, podemos observar que tendieron más a una deslegitimación del movimiento y a maximizar los daños y afectaciones.
