El proyecto n.º 23.098 Ley para Hacer más Eficiente la Lucha Contra la Pobreza, presentado a la corriente legislativa por el Partido Liberal Progresista, podría ignorar que nuestro país es ya uno de los más desiguales de América Latina con un índice de Gini de 0.504. Una de cada cuatro personas se considera en condición de pobreza. Así mismo, la vulnerabilidad para caer en esta condición ha crecido en un contexto donde el precio de los alimentos sigue al alza. De esta manera, el país ya refleja un decaimiento en su bienestar social, relacionado con la pobreza y la desigualdad. Por ejemplo, con el alto aumento de los homicidios dolosos, lo cual ha sido documentado por el Informe del Estado de la Nación (2022).
En los últimos dos años, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) ha perdido una quinta parte de sus ingresos. Este es el principal fondo económico encargado de atender a las poblaciones más vulnerables. Hoy están en riesgo las fuentes de ingresos más importantes de los programas sociales y su financiamiento es cada vez más insostenible. Como consecuencia de esta carencia de recursos financieros, actualmente no se puede atender a todas las personas que requieren de ayuda financiera para vivir (Estado de la Nación, 2022).
El proyecto de ley del Partido Liberal Progresista busca crear un consejo rector de política social que oriente y defina la política selectiva del gobierno para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, además de una secretaría técnica que provea los requerimientos para la toma de decisiones. Para ello, se propone, entre otras cosas, la modificación de algunas de las responsabilidades del IMAS y el traslado de personal de las instituciones encargadas de estas funciones hacia el nuevo consejo rector.
A pesar de que es una iniciativa que busca resolver uno de los problemas históricos del sector social, como lo es la desarticulación de la política del Estado, no crea ninguna fuente de financiamiento nueva para esto, ni para resolver las principales carencias de la población en vulnerabilidad social. De hecho, en reiteradas ocasiones su principal figura pública ha destacado que su propuesta es reducir un Estado social, ya de por sí debilitado.
El proyecto de ley en discusión no busca resolver la principal debilidad del sector como lo es la falta de recursos económicos para atender a las personas en condición de pobreza. Han existido ya varios intentos de ley para crear una rectoría de la política social, todos infructuosos hasta el momento. Fundamentalmente porque carecen de una definición de qué es lo que se busca con la política social, para luego consecuentemente establecer la estructura institucional que servirá para ello como establece el Estado de la Nación del 2022.
La desigualdad y pobreza en América Latina en general, y en Costa Rica en particular, se explica a través de una limitada distribución de la riqueza y una débil capacidad del Estado para desarrollar mecanismos de distribución adecuados. Los impuestos indirectos predominantes en nuestro país, por ejemplo, al consumo, benefician a la población más adinerada. En vez de impuestos progresivos que puedan mejorar la redistribución económica, en un contexto de un elevado déficit fiscal, el gobierno anterior de Carlos Alvarado aprobó 104 exoneraciones fiscales, mientras, a su vez, tasaba la canasta básica alimentaria, es decir, implementó una carga tributaria claramente regresiva. Así entonces, no es casual que la distribución de recursos económicos por ejemplo en Centroamérica, sea siete veces menor que el promedio de la OCDE.
El proyecto de ley n.º 23,098 resulta insuficiente para resolver los problemas del sector más vulnerable de Costa Rica. Además, no se centra en su principal problemática ni en la solución que muestra la ciencia social para reducir la desigualdad y la pobreza en América Latina (Irarrával, 2022). Para ello, se necesita aumentar los impuestos directos a los ingresos de los sectores más ricos del país (el primer decil de la población económica) y, de esta forma, igualarnos a la mayoría de los países de la OCDE en términos de recaudación. Con estos nuevos recursos, se podrían implementar políticas sociales universales como seguro de desempleo, seguro para personas cuidadoras y un ingreso mínimo vital. Solo así podemos enfrentar la pobreza y reducir la desigualdad.
