Como cristiano católico ferviente, practicante, inmiscuido en la realidad de mi parroquia, laico activo en comunidades de adultos jóvenes de Heredia, quiero expresar a los obispos de este país, mi Costa Rica, una situación que observo con suma preocupación desde las semanas previas a las elecciones presidenciales del pasado domingo 4 de febrero y que describo a continuación.
Existe, porque la he vivido personalmente a través de redes sociales, una seria presión de parte de un importante sector de la Iglesia Católica para forzar a los fieles a dar su voto al candidato del partido Renovación Costarricense, Fabricio Alvarado, quien además de ser pastor pentecostal protestante, representa lo que a mi criterio son los sentimientos de una importante parte de la población nacional, la cual esconde una intolerancia evidente hacia la población homosexual.
Más grave aún, se trata de un sector importante de conciudadanos que está dispuesta a sacrificar temas de relevancia nacional solo por anteponer su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual fue exacerbado por la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) y que, como ya hemos visto, cambió de forma abrupta el rumbo de la campaña electoral.
Es evidente que, de no haberse dado dicha respuesta a la consulta elevada por el Gobierno en el mes de enero, los resultados electorales del domingo 4 de febrero habrían sido otros. Ante este hecho, me parece mucho más preocupante que un grupo de católicos haya decidido apoyar al candidato Alvarado solo por evitar el “pecado” de anteponerse a supuestas enseñanzas de la iglesia, o bien, de apoyar posturas extremas que están lejanas a los contenidos expresados en la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente en el número 169 de ese insigne documento, el cual transcribo:
“En un Estado democrático, en el que las decisiones se toman ordinariamente por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, aquellos a quienes compete la responsabilidad de Gobierno están obligados a fomentar el bien común del país, no solo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías”.
El problema es que nuestra Iglesia ha dado pie al crecimiento electoral de esos grupos pentecostales, al suprimir misas para impulsar la participación católica en marchas con grupos fundamentalistas para oponerse a las Guías de Educación Sexual del Ministerio de Educación Pública. Ante ello, me pregunto: ¿era necesario crear esta alianza? ¿No podía la iglesia Católica organizar su propia manifestación, a sabiendas de que un ligamen de este tipo podría ser interpretado electoralmente? ¿Son conscientes nuestros obispos de que una actividad similar podría provocar el paso de fieles católicos a las confesiones evangélicas pentecostales? Desconozco si existe un documento donde, concienzudamente, nuestra iglesia se haya pronunciado sobre tales guías, bajo un análisis exhaustivo desde la doctrina, la sociología y la antropología. Si hay, me gustaría leerlo.
Esperaría que nuestros obispos sean conscientes de las experiencias tan negativas de Gobiernos ultraconservadores de evangelistas, como en Guatemala, que han mutado sus políticas económicas al neoliberalismo, tan denunciado y condenado por nuestros últimos destacados pontífices, entre los cuales menciono a San Juan Pablo II, Benedicto XVI y al notable Papa Francisco.
Finalmente: ¿son realmente tan importantes los temas morales que tienen relación con la familia y la sexualidad como para dejar de lado otros relacionados con la justicia social y el bien común? ¿Dónde está la iglesia de Monseñor Víctor Manuel Sanabria, que clamaba por justicia social en momentos tétricos para la clase trabajadora de Costa Rica en la década de los 40?
Cierro este tema recordándoles la cita de nuestro querido Francisco, el 20 de setiembre del 2013, cuando afirmó a la revista jesuita La Civiltà Cattolica: “No podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Tenemos que encontrar un nuevo equilibrio, porque de otra manera el edificio moral de la Iglesia corre el peligro de caer como un castillo de naipes”.
Señores obispos: Costa Rica, más que nunca, necesita de la prudencia y de la sabiduría de la iglesia para iluminar su rumbo, en momentos en que nuestro Estado Social de Derecho pende de un hilo.
Termino, queridos pastores, con tres peticiones básicas que, estoy seguro, muchos católicos comprometidos comparten conmigo. La primera, aclarar que nosotros, los fieles, no tenemos la obligación de votar por un determinado candidato, a pesar de que así se ha dicho en estos días en redes sociales. La segunda, que los temas sobre sexualidad y familia no son los únicos que deben ser valorados por el laicado a la hora de decidir a cuál candidato apoyarán. Y finalmente, la tercera, que nuestra opción preferencial por los pobres debe orientar nuestro voto, apegado a los criterios de justicia social contenidos en la Doctrina Social de la iglesia, que se resume en uno solo: la búsqueda incansable del bien común.
Dios y el beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero los bendiga.
