Desde noviembre del año anterior, se viene denunciando la inexistencia del Código de Trabajo en la empresa piñera Empaques Bellavista S.A., en Los Chiles de Alajuela. Esta situación dio paso a la organización sindical de más de cien trabajadores y trabajadoras agrícolas, con la finalidad de que poco a poco sus derechos fueran reconocidos por su patrono.
Como pasa en Costa Rica, la denuncia y la organización son la bandera de salida de una serie de formas de combate por parte de la empresa, la cual lucha con todos sus recursos para eliminar aquel germen de conciencia, democracia y organización que llamamos sindicato.
Denominamos dictadura patronal a eso que va más allá de la cultura antisindical del costarricense. Nos referimos a las prácticas con las que los empresarios, armados con su potestad imperial de despedir y usar el hambre de los más pobres como mecanismo privilegiado de coerción, se abalanzan contra el ejercicio de la libertad sindical, con el fin de impedir intercambio de ideas, reuniones y reclamos por parte de “sus” trabajadores.
Durante el mes de noviembre y los primeros días de diciembre, el grupo de sindicalistas afiliados a Sitrasep (Sindicato de trabajadores del sector privado) vieron pasar el libreto completo de la dictadura patronal, que inició con amenazas de muerte para el presidente de la seccional, así como de despidos selectivos de algunos trabajadores por ser “desleales” al ir a una asamblea sindical, o de las mujeres que usando como palanca al sindicato, decidieron parar el acoso sexual dentro de la empresa.
A finales de diciembre, los sindicalistas vieron aparecer a dos altos mandos del PNG (Partido Nueva Generación), como Mario Varela y Sergio Mena, buscando “llegar a acuerdos” con los trabajadores para terminar contratos de trabajo; como los abogados no sirvieron y la mayoría no se dejó engañar, la empresa usó lo de siempre: los despidos masivos.
Ya para el 5 de enero, poco más de dos meses después de la fundación del sindicato, la experiencia estaba completa: los 120 afiliados al sindicato, incluidos sus dirigentes, ya no tenían trabajo sin justificación válida. Un día no los dejaron entrar a las plantaciones y guardas de seguridad en las entradas definían, con lista en mano, quiénes eran aptos para trabajar y quiénes no.
Esos despidos dieron paso a una lucha que después de un mes no se ha solucionado. De un día para otro, los trabajadores pasaron de ser indeseables a bandidos; la policía de migración, los antimotines y perreras han sido la compañía cotidiana en los piquetes de huelga diarios en las afueras de la empresa.
Con los despidos vinieron denuncias penales contra los trabajadores y otros procesos promovidos por la empresa para solicitar al Estado que se disuelva el sindicato. Se propusieron eliminarlo por significar un estorbo en la paz de la semi-esclavitud que reina en las plantaciones agrícolas.
En la dictadura patronal todo se vale, y el Estado apoya esa dictadura con sus gendarmes y jueces, porque ejercer la libertad de pensamiento, asociación, reunión y protesta, nunca pesarán más en la balanza de la “justicia” que la libertad de despido y de la propiedad privada empresarial.
Al tiempo de que en un juzgado se resuelve la existencia o no de una de las pocas organizaciones que luchan por los derechos humanos en las plantaciones como lo es Sitrasep la otra parte de la dictadura patronal, en su ala más pública, tramita cuatro proyectos de Ley en la vía rápida de la Asamblea Legislativa. Todos ellos tienen como objetivo combatir abiertamente la posibilidad de que los trabajadores puedan usar la huelga para ganar derechos o defenderse de los ataques diarios que vienen de los dictadores en la empresa o en el gobierno.
En la dictadura patronal, tan importante es Giovanni Paniagua, dueño de Empaques Bellavista, como el diputado Carlos Ricardo Benavides: uno ejecuta la dictadura en su empresa, el otro legisla para fortalecerla.
