La Fábrica no se vende

Al Consejo Nacional de Producción se le dieron  las rentas que producía la Fábrica Nacional de Licores para cubrir tres actividades fundamentales: Subvencionar los intereses de los préstamos  de los pequeños agricultores, cubrir la operación de los estancos,  y se solventaban los precios de sustentación.  En  los años 70-80 del siglo pasado, las ideas neoliberales empiezan a tomar  fuerza en el mundo y viene la era de las privatizaciones, Costa Rica no es la excepción y se desata una campaña intensiva para privatizar, entre otras cosas, la Fábrica Nacional de Licores.
En realidad la Fábrica no les interesaba, lo que sí evidentemente querían era el monopolio de la fabricación del alcohol etílico y el etanol.  A la Asamblea Legislativa entra a la corriente parlamentaria el expediente que originó la Ley N°7197 del 03 de setiembre de 1990, que modifica al Código Fiscal, a efecto de que se autorizara a las Cooperativas productoras de caña de azúcar, a producir alcohol etílico. Termina la administración  1986-1990 con el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Jurídicos.
Se pone a despacho en la siguiente legislatura y se sustituye el texto por otro que autoriza solamente a los ingenios a producir alcohol etílico. Se aprueba el proyecto de ley por el plenario con dos inconstitucionalidades. Veamos: 1-) Cuando un proyecto de ley sufre una transformación por el fondo, debe publicarse en la Gaceta nuevamente, y no se publicó. 2-) Tratándose de una institución  autónoma se debe hacer la consulta constitucional y no se hizo.
Presenté la acción de inconstitucionalidad, en mi condición de diputado, haciendo uso de la jurisprudencia constitucional, de que los diputados, por antonomasia, son los titulares de los derechos difusos, y la acción fue rechazada inlimite littem, aduciendo la Sala que yo no era productor de caña de azúcar. Volvió a la carga sobre el mismo tema la Defensoría de los Habitantes y la acción fue rechazada en la misma forma, en esta oportunidad aduciendo, que quien tiene la legitimación para litigar es la institución  autónoma afectada y no la Defensoría de los Habitantes. Esto es lo que nos ha hecho afirmar que hay algunos funcionarios públicos que roban exigiendo propinas por las obras públicas que hace la administración y otros roban por medio de leyes inconstitucionales con lo que se cubren sus espaldas para no ir a la cárcel.
Por supuesto desaparecieron los estancos, los precios de sustentación para los pobres, pero sí hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Hoy no producimos frijoles, maíz y en un corto tiempo, tampoco arroz. Hoy no se habla de vender la fábrica, de romper el monopolio del alcohol, porque –una vez más- con la aquiescencia, beneplácito o la alcahuetería de la Sala Constitucional -llámelo usted como quiera- un monopolio del Estado está en manos de muy pocos ingenios.
Podemos afirmar que hay ladrones, sin ley y hay ladrones que valiéndose de una posición de mando, hacen leyes para robar “legalmente”. Por eso nunca más se oirán las voces que repetían por doquier que la Fábrica Nacional de Licores  debería venderse, porque hoy el monopolio es de ellos sin pagar un solo cinco. Más claro que nunca está la frase que dice “algunos políticos cogen el poder para servirse y no para servir”. “Que mueran los monopolios públicos  pero que vivan los monopolios privados”.