Mucho se ha escrito sobre las limitaciones que enfrentan las poblaciones discriminadas y en condición de vulnerabilidad para hacer efectivos los derechos fundamentales que derivan de su dignidad como seres humanos y que resultan necesarios para el desarrollo integral de su personalidad. Las demandas por empleo, salud, educación, vivienda y garantías laborales, para citar solo algunas, concentran la atención de las políticas públicas que intentan combatir el fenómeno de la desigualdad social.
En estas líneas pretendo desarrollar un ámbito específico de esa problemática, uno poco abordado pero no por ello menos relevante. Me refiero al tema de la desigualdad política y su impacto en sectores de la población que enfrentan obstáculos para su participación efectiva en la política electoral y en los procesos de toma de decisiones colectivas.
Recientemente, en una alocución sobre democracia el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado González (2016), atinó al señalar que estos sectores, y muy especialmente los que se encuentran bajo el nivel de pobreza extrema “carecen de voz en la discusión de los asuntos comunes. Claro, tienen cédula y pueden votar, pero, en la práctica, la poca información, tiempo libre y espacios de expresión que tienen limita seriamente, hasta tornarla en cruel ficción, su participación e incidencia en las decisiones que nos afectan a todos, incluidos ellos”.
En el campo de los derechos político electorales la atención de esta problemática debe enfocarse hacia la tutela y promoción del principio de igualdad política según el cual todos los miembros de la ciudadanía son políticamente iguales y, como tales, deben tener una participación efectiva, informada e igualitaria en la toma de decisiones, lo cual a la vez garantiza su intervención en el control final de la agenda pública.
En ese sentido, resulta necesario que todos los institutos políticos y, en particular los electorales, incorporen medidas que garanticen hasta el extremo la vigencia de este atributo ciudadano -la igualdad política- y la consecuente construcción de un sistema político inclusivo. Y es que debe reconocerse, como lo expresaba el autor Rober Dahl (1999) que “…debido a la desigualdad en recursos sociales, algunos ciudadanos obtienen una influencia significativamente mayor que otros sobre las decisiones, políticas y las acciones del gobierno. Estas asimetrías no son, por desgracia, triviales. El resultado es que los ciudadanos no son iguales políticamente –ni mucho menos– y así, la fundamentación moral de la democracia, la igualdad política de los ciudadanos, se ve seriamente vulnerada”.
En el mismo sentido, el sociólogo francés Alain Touraine (2006) afirma que la igualdad política “…no es únicamente la atribución a todos los ciudadanos de los mismos derechos; es un medio de compensar las desigualdades sociales en nombre de derechos morales. De modo que el Estado democrático debe reconocer a sus ciudadanos menos favorecidos el derecho de actuar, en el marco de la ley, contra un orden desigual del que el Estado mismo forma parte. El Estado no sólo limita su propio poder, sino que lo hace porque reconoce que el orden político tiene como función compensar las desigualdades sociales”.
Cabe indicar, en ese sentido, que la entrada en vigencia del nuevo Código Electoral en el año 2009 puso a prueba la capacidad del TSE para hacer frente a las demandas de una ciudadanía que ha cambiado, no solo en sus preferencias electorales, sino también en su concepción sobre el papel que debe jugar en la política electoral.
Así, desde la consolidación normativa de la jurisdicción electoral, el TSE ha abordado el tema en múltiples resoluciones que desarrollan temas promovidos por ciudadanos o agrupaciones políticas, tales como la igualdad del voto, las oportunidades de participación política sin discriminación, la democracia interna en los partidos, el acceso a la información y a la capacitación política sin exclusiones y la equidad en la contienda electoral, todo lo cual a su vez motivó la proposición del proyecto de franjas electorales que pretende asegurar espacios de exposición y difusión para todos los partidos.
Todo ello constituye, a la vez, un mensaje y un encargo. Un mensaje ciudadano cargado de aspiraciones de igualdad política dirigido a toda la institucionalidad democrática del país y, además, un encargo explícito de acciones concretas para lograr la igualdad de oportunidades y la equidad electoral. Sin duda, una exigencia democrática que demanda construir un sistema político inclusivo y participativo.
