La propuesta de financiamiento de las universidades públicas para el año 2023 planteada por la representación del gobierno en la Comisión de Enlace, resulta totalmente inaceptable, al violar de forma abierta y directa nuestra Constitución Política, específicamente a los artículos 78 y 85 relacionados con el financiamiento de la Educación Pública y el de las Universidades Públicas respectivamente-
A primera vista, pareciera que la ministra de Educación está actuando como ministra de Hacienda. La visión detrás de la propuesta presentada por el gobierno evidencia una grave falta de entendimiento sobre cuál debe ser el funcionamiento del sistema educativo, donde sus distintas etapas no solo no deben competir por recursos, sino que deben fortalecerse y complementarse para lograr que funcionen como un sistema encadenado e integral.
Debilitar las universidades públicas tendrá un efecto negativo sobre las otras etapas educativas. Se habrá preguntado la señora Ministra ¿quién va a liderar el proceso de formación de las nuevas generaciones de estudiantes de escuelas y colegios? ¿quién va a contribuir a disminuir el rezago educacional provocado por la epidemia del COVID-19 y quién va a realizar la modernización de la malla curricular que hoy en día muchos consideran obsoleta? Por ello, en vez de intentar dividir y, como consecuencia, debilitar los distintos componentes, debería convencer al presidente Chaves de revertir la tendencia a recortar el presupuesto de la educación, alejándonos del compromiso constitucional de llegar al 8 por ciento del PIB para el sistema educativo.
Llama la atención que este enorme recorte propuesto (23 %), se da en un contexto en que la situación fiscal no se está deteriorando, sino que, según indican voces expertas, está mejorando. El gobierno exige información y se la estamos brindando, pero no ha brindado ningún detalle técnico sobre las causas que lo están obligando a hacer este recorte brutal a toda la Educación Pública y no solo a las universidades estatales. El gobierno no solo debe pedir cuentas, también debe rendirlas de una manera transparente y precisa.
El debate en medios y redes sociales se ha centrado en aspectos salariales y de la docencia universitaria. Sobre lo primero, es necesario insistir que la UCR ha venido haciendo reformas importantes en los mecanismos que contribuyeron a generar algunos salarios con montos muy altos. En esa línea, se ha eliminado el escalafón universitario y se reducido la anualidad y, pronto, la Rectoría presentará una propuesta de reforma salarial y al régimen académico para garantizar una mayor equidad dentro de la institución.
Sin embargo, esas críticas no deben obviar el significativo aporte que hacen nuestras instituciones en formación de profesionales en todas las carreras que requiere nuestra sociedad para funcionar, formación que, como demuestran los rankings internacionales, es realizada con excelencia y con inclusión, contribuyendo a generar movilidad social dentro de nuestra sociedad.
Pero hay otro aspecto que, como Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Costa Rica, no puedo dejar de mencionar: que las universidades públicas en general y, la UCR en particular, somos el principal centro de generación de investigación y desarrollo y, por tanto, un actor clave en la transferencia de conocimiento orientado a la innovación, contribuyendo a la generación de valor agregado en el sector productivo y en los demás sectores que integran la sociedad costarricense. Para dar una idea de la dimensión de la actividad que desarrollamos, tenemos cerca de 1800 proyectos de investigación activos, 1850 investigadores e investigadoras, más de 250 proyectos que se insertan en distintas cadenas productivas en todo el territorio nacional. Por eso, somos la entidad que produce el 80% de la inversión en I+D, y de conocimiento orientado a la innovación y el emprendimiento dinámico y tecnológico.
Resulta importante destacar la pluridad del aporte de la UCR a la investigación, pues contribuimos en todos los focos de innovación posibles: agricultura sostenible y nutrición saludable, energía y ambiente; ciencia y tecnología, educación y sociedad; cultura, arte y creación y salud y calidad de vida. Por eso, somos la institución mejor valorada por la ciudadanía costarricense.
Nuestro quehacer no solo forma profesionales de calidad y ciudadanía democrática, lo que explica parte de lo que somos como país, sino también es un instrumento que crea ciencia, tecnología y cultura, conocimiento orientado a la innovación y al emprendimiento, que se transfiere a diversos sectores y que beneficia a la sociedad como un todo. Por todos estos elementos, el gobierno comete un grave error al hacer una propuesta como esta, que no solo es inconstitucional, sino que lesionara de manera significativa nuestra trayectoria democrática y la posibilidad de un desarrollo inclusivo y sostenible. Mucho se habla de la necesaria reactivación económica del país, pero definitivamente para lograrla, es indispensable contar con un bagaje de conocimiento que solo es dado por la investigación.
Termino citando las palabras de Louis Pasteur, “La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso”. Un rebajo tan feroz en el presupuesto de la educación costarricense como el que propone el gobierno significa lapidar nuestra investigación, nuestra innovación y eventualmente nuestro progreso, algo que como comunidad universitaria y como costarricenses, no podemos permitir.
