La Asamblea Nacional Constituyente es una caja de Pandora

El mito de la Caja de Pandora cuenta que Zeus, para vengarse de Prometeo por haberles dado el fuego a los mortales, presentó

El mito de la Caja de Pandora cuenta que Zeus, para vengarse de Prometeo por haberles dado el fuego a los mortales, presentó al hermano de este, una mujer llamada Pandora, con quien se casó. Como regalo, Pandora recibió una misteriosa caja con instrucciones de no abrirla bajo ningún motivo. Sin embargo, su curiosidad la llevó a ver qué había dentro. Al abrirla, escaparon todos los males del mundo.

La idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es más reciente que la caja de Pandora pero no es nueva. El pretexto repetido por décadas es que la institucionalidad costarricense quedó obsoleta y que no funciona por culpa de una Carta Magna que no es acorde con el signo de los tiempos. No obstante, este argumento es enteramente falaz. No es necesario convocar a una Constituyente para arreglar los vicios del régimen político institucional. Los cambios necesarios se podrían realizar por medio de reformas constitucionales parciales, pues se trata de cambios que se pueden hacer con los procedimientos previstos en el mismo texto que hoy pretenden borrar algunos, sin correr los riesgos que implicaría convocar a una Constituyente.

Al igual que el mito griego, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente liberaría males imparables, pero prevenibles y evitables si detenemos la tentación de abrir esa caja.

El primer mal lo anuncia la propia propuesta de convocatoria en su artículo primero, en el que exige que la Constitución Política se adapte a los tiempos actuales. La Carta Fundamental de una Nación no debe ser resultado de los caprichos del día a día, sino la guía constitucional que perdure en los años. Reformar radicalmente la base legal sin tener una discusión previa de qué anda mal y por qué, equivale a poner la carreta por delante de los bueyes. El resultado sería desastroso.

El segundo mal fue reconocido por los promotores de la convocatoria que llevaría a un nuevo proceso electoral protagonizado por los partidos políticos que actualmente detentan el poder público. Los proponentes originalmente plantearon una Asamblea conformada tanto por listas de partidos políticos como por sindicalistas, solidaristas, cooperativistas, empresarios, colegios profesionales e individuos que contasen con firmas de respaldo. No obstante, el Tribunal Supremo de Elecciones señaló que una Asamblea Constituyente solo puede conformase por listas de partidos políticos; de la misma manera en que actualmente se compone nuestro parlamento. Así que la propuesta actual no plantea ningún tipo de salvaguardia que permita blindar el proceso de convertirse en un plenario legislativa más, pero con el mandato y poder de reformar toda nuestra Constitución Política.

El tercer mal de una nueva Asamblea Constituyente es lo que Robert Beers denomina el complejo de Frankenstein, pues sin importar las nobles aspiraciones que orientan a los impulsores de su convocatoria, les pasará lo que al Dr. Frankenstein: no solo les saldrá algo bien feo, sino que una vez que ese algo tenga vida propia logrará tanto poder que será incontrolable. Los proponentes también reconocieron este mal.

El proyecto original imponía límites a la propia Asamblea, al establecer que sus integrantes se obligarían “a no eliminar ni disminuir los derechos y garantías fundamentales contenidos en la Constitución vigente, de manera especial los de contenido social o los asociados con la propiedad privada”. El TSE también advirtió del peligro, pero señaló -citando el Voto constitucional 2771-03- que la propia naturaleza soberana de una Asamblea Constituyente le permite modificar y eliminar esos y cualquier otro derecho fundamental. Los proponentes levantaron los límites con tal de seguir con su caja de Pandora.

A diferencia del poder Constituyente, la Asamblea Legislativa, como poder derivado, no puede disminuir estas garantías fundamentales y las reformas parciales a la Carta Magna deben ajustarse a ellas: lo cual sí asegura una protección frente a los males descritos. Si se les quitara todo límite, ¿qué clase de Constitución surgiría de una Asamblea conformada por individuos como los que actualmente integran el Legislativo?

El cuarto mal es la trampa de la inmediatez. Los impulsores de la Constituyente establecieron una serie de plazos relámpago que impiden un debate adecuado para el delicado trabajo que implica el discutir y aprobar una nueva Constitución Política, sin que al día de hoy esos impulsores articulen ninguna propuesta concreta para el texto.

Convocar a una Asamblea Constituyente en los momentos de polarización y división política que vive el país, significaría un retroceso y pondría en jaque los progresos alcanzados por décadas de diálogo pausado que han permitido que nuestra sociedad posea los niveles de protección social que nos han diferenciado de otras latitudes. Las Garantías Sociales, el mayor logro de nuestra Carta Magna, fueron producto de un diálogo puntual y una reforma parcial, no arrebato de una Constituyente.

Lo anterior no significa que nuestra Constitución Política no requiera cambios importantes. La reestructuración del Estado debe acompañarse de una reforma política y electoral para contiendas políticas en equidad e igualdad de condiciones, que erradique las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas y mafiosas de la política. Una reforma que siente las bases para recuperar la credibilidad y transparencia del sistema político y que de peso a las iniciativas sociales y populares en esta materia, incluidas las iniciativas de carácter legislativo.

Para estas reformas existe un mecanismo para reformar la Constitución, que aunque no es célere, sí resguarda los logros alcanzados por nuestros antecesores. En las actuales circunstancias la pluralidad y garantías de la Costa Rica actual no quedan garantizadas con esta caja de Pandora.

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