El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Ing. Juan Ramón Rivera, fue víctima este miércoles 10 de junio de un artículo publicado en Semanario UNIVERSIDAD, en el que se le recrimina públicamente la liquidación de viáticos que realiza cuando se debe trasladar a Puerto Caldera, a pesar de que, en múltiples ocasiones, se le aclaró al periodista que dicha gestión no presentaba ninguna irregularidad según nuestro marco legal vigente y que todas sus liquidaciones se realizan acorde al reglamento de viáticos de la Contraloría General de la República.
Muy lamentablemente, el titular de esta nota alude, de manera muy pretenciosa, que el “Presidente de INCOP cobró ¢4,1 millones en viáticos para ir a su oficina en Caldera”, sin precisar el ámbito del período en el que se realiza este cobro (dos años), ni mucho menos que el centro de trabajo donde se encuentra nombrado el Sr. Rivera es la sede de San José. Al ser omitidos en el titular, esos datos inducen a error a la audiencia, situación que ha provocado un incalculable daño a la imagen pública de nuestro jerarca, al ser sometido a un linchamiento público, infundado, injusto y de muy mala fe.
La publicación de UNIVERSIDAD también falla, de forma claramente voluntaria, al presentar argumentos y datos del acumulado total de las liquidaciones de viáticos, citando giras a San José erróneas y un monto total impreciso, pese a que se aclaró por escrito que dichas giras y el monto correspondiente de esos viáticos pertenecían al funcionario Noguera Castillo; no obstante, el periodista Córdoba opta por citar primero el error para posteriormente aclarar lo que desde semanas antes ya tenía conocimiento.
Esta institución lamenta profundamente la falta de exactitud y la poca objetividad con la que UNIVERSIDAD trató dicho tema. Ante este hecho, como INCOP nos corresponde hacer un llamado público a los medios de comunicación para que promuevan el buen periodismo, sano, constructivo y objetivo. Cuestionamientos de este tipo, precipitados e infundados, solo desestabilizan la institucionalidad de nuestro país, ya que al inducir a error a la población se distorsiona el correcto control ciudadano que debemos llevar los costarricenses en las instituciones del Estado.
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