Con relación a las opiniones expresadas en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales alrededor del tema del cemento chino, debo decir que coincido con la opinión mayoritaria en el sentido de que el Ministerio Público no puede, sin detrimento grave del interés social que representa, asumir un rol pasivo frente a la corrupción. En ese sentido debemos afirmar categóricamente que estamos trabajando en esos casos con firmeza y decisión.
Resulta lamentable, sin embargo, ver cómo a partir de la demagogia, los prejuicios, los estereotipos y la generación de sospechas a partir de ellos, se ataca la institucionalidad del órgano más importante del país para atacar la corrupción. Es sorprendente ver como campea y se promociona el paradigma de que luchar contra la corrupción equivale a destruir la credibilidad en el Ministerio Público y en el sistema de justicia, únicas herramientas reales posibles de utilizar en el Estado de Derecho con ese fin. Y más sorprendente aún, cuando esa destrucción se conspira previamente y se ejecuta simplemente porque las resoluciones solicitadas y otorgadas por los jueces, o el tiempo que dura la investigación, no son como las que alguien quiere o o no afectan a quien se desea.
Nuestro Ministerio Público está trabajando diligentemente en todos los casos relacionados con el cemento chino y los créditos aprobados por la banca nacional que hoy se cuestionan y fueron denunciados y nadie estará, si es procedente, fuera del señalamiento que efectuemos para pedir su condena. Se trate de quien se trate.
Las investigaciones están abiertas y avanzan. Las resoluciones provisionales de los jueces que fueron solicitadas por el Ministerio Público obedecen a razones procesales fundamentadas en el material probatorio recabado en su momento, no en el afán de proteger ni perjudicar a nadie. Los resultados finales de las investigaciones en curso serán comunicadas a su debido tiempo con transparencia porque nada tenemos que ocultar.
Atacar la institucionalidad, cuyo componente más importante es la previsibilidad y la confianza de que los órganos públicos actúen conforme a la Constitución y la ley, porque un funcionario no actuó a satisfacción de un político, del propietario de un medio de comunicación, o de intereses particulares dominantes, o simplemente porque esa es la opinión de alguien en las redes sociales, equivale a proclamar la destrucción del Estado de Derecho y con él de la democracia. Quien así habla no quiere la paz en este país.
Alcanzar la verdad en sentencia, con ocasión de la corrupción y terminar con la impunidad es la aspiración de un pueblo que cree en la democracia y tiende como vocación a la justicia y con él, de cientos de fiscales jueces y policías. Esa es una tarea crítica para el operador en nuestro sistema penal, quien debe luchar día a día con una legislación procesal y penal desactualizadas, entrabadas y con recursos insuficientes, pero esto es posible y relativamente fácil de superar en una democracia, en la que todo es posible discutirlo sin necesidad de minar la confianza en sus instituciones.
Reconstruir una institucionalidad y un Estado de Derecho, sin embargo, destruidos con la utilización de papeles, grabaciones, fotos y vídeos espurios dirigidos a la manipulación consciente de los prejuicios, las sospechas o los estereotipos de los ciudadanos, por unos cuantos, no lo es.
Por esta razón tampoco puedo, como Fiscal General, sin detrimento grave del interés social que representa el Ministerio Público costarricense, dejar de alertarlo a usted ciudadano para que no se deje manipular.
Nadie sabe el valor de la institucionalidad y del Estado de Derecho hasta que los pierde. De esto pueden hablar muchas personas en el mundo.
