Visto en retrospectiva, el rumbo y tendencia que toma la explotación pesquera costarricense, en los escasos 65 años de haberse articulado en la economía nacional, ha pasado por varios episodios significativos; de estos, algunos acontecimientos a inicios de la década de los ochenta son medulares en cuanto a impacto sobre los recursos pesqueros en nuestro mar patrimonial.
El Golfo de Nicoya fue, hasta la primera mitad de la década de los años 60, el escenario pesquero de cuyas aguas era extraída la totalidad de la producción pesquera nacional. Incluso, todavía en 1985, contribuía con la mitad de los desembarques pesqueros que se hacían en los muelles nacionales. A nuestros días, sin embargo, estudios desde la biología pesquera dan cuenta del grave deterioro de las principales especies comerciales a causa del sobreesfuerzo pesquero aplicado a este ecosistema estuarino.
Puesto en perspectiva, estamos actualmente frente a un tema país, ya que cerca de una trentena de comunidades costeras e insulares tienen los recursos pesqueros que aporta el Golfo de Nicoya, su principal o, incluso, su única fuente de sustento económico. En efecto, la mayoría de estas comunidades pesqueras son pequeños poblados que a inicios de la década de los ochenta, con la incursión de la explotación de camarón blanco con red de enmalle, hicieron de la actividad pesquera su principal fuente de ingresos económicos.
A nuestros días, el Golfo de Nicoya da alarmantes muestras de deterioro generalizado; las causas son muchas y de origen diverso, pero con un denominador común: ausencia de una política pesquera clara con directrices y órganos estatales ejecutores de medidas concretas articuladas que permitan, al menos, apaciguar esa tendencia de pauperización ecológica y económica de este ecosistema estuarino.
Las herramientas de gestión actualmente existentes, aparte de la falta de fundamento ecológico-económico en su diseño (vedas temporales, restricciones a los equipos de pesca y control del esfuerzo pesquero) no han funcionado, principalmente por la limitada capacidad operativa institucional para hacerlas cumplir, realidad que hace del golfo de Nicoya sea, de facto, un espacio pesquero de libre acceso.
En los últimos 20 años, el proceso de deterioro ecológico se ha acelerado por una serie de modificaciones técnicas y usos de equipos de captura de nula selectividad en las capturas; equipo cuyo uso está al margen de la norma legalmente establecida (Incopesca) y, por tanto, es considerado ilegal. Incluso, cifras del mismo Incopesca dan cuenta de que alrededor del 95% de los equipos de pesca utilizados en las faenas de captura en el Golfo de Nicoya están fuera de la norma. Mencionemos las principales modificaciones técnicas normadas como ilegales:
- Aumento de longitud y caída de los trasmallos (red de enmalle) así como la disminución del diámetro de la malla (la malla mínima reglamentaria es de 3 pulgadas de luz).
- Aumento de la longitud de las líneas (palangre), así como disminución del diámetro de sus anzuelos, tanto en la Línea Planera como en la Línea Taiwanesa.
- Incursión de la pesca arrastrera artesanal de camarón carabalí que desde aproximadamente 10 años atrás, es una práctica generalizada en la parte interna del Golfo de Nicoya.
- Y en encima este este panorama de depredación, la más reciente innovación técnica de captura del recurso escama (pescado), cuyo uso data desde unos 5 años atrás: el trasmallo encerrador de corvina.
En tan difícil y alarmante contexto de deterioro generalizado del Golfo de Nicoya es donde se entiende que, en los 8 años, algunos colectivos organizados liderados por actores locales usufructuarios de los recursos costeros de su entorno inmediato han venido planteando como “tabla de salvación” algunas iniciativas concretas pro defensa de ciertos espacios marítimos adyacentes a sus comunidades y oficialmente, bautizadas estas como áreas marinas de pesca responsable.
