Vanessa tiene nueve años. Un día llega con marcas en su cuello y dice que fue su maestra. Esto lo llega a conocer el Poder Judicial y la administración del MEP. Habiendo prueba forense que establece relación entre el alegato legal y las marcas en el cuello de la niña, el caso fue desestimado en ambas instancias. Tres años después, la hermanita menor vive agresión psicológica con la misma docente. Esta actitud, que podría catalogarse de negligencia y omisión por parte de las entidades estatales, es común y contraria al compromiso que ha adquirido Costa Rica con infancia, niñez y adolescencia y ante la Comunidad de Derecho Internacional.
Juan José tiene ocho años. Al estar en clases su profesor lo introdujo en el basurero del aula para apretar la basura que había dentro del recipiente; además, fue alzado por el mismo docente para borrar la pizarra con su cuerpecito. Curiosamente años atrás el docente había pasado por un proceso disciplinario por otras situaciones contrarias a lo que se espera debe ser una relación positiva con estudiantes, por lo que fue reubicado. Sin embargo, al cabo de un tiempo las mismas autoridades institucionales lo reinstalaron como docente en el mismo centro educativo.
Ricardo es un niño del espectro autista y estudia en un colegio privado de trayectoria. Es sabido que el sistema educativo costarricense se rige por normas de derecho internacional y en jurisprudencia constitucional. Ejemplo de ello es la Resolución N°2017-009798, en la cual se ordena al MEP regular el ingreso y permanencia de los estudiantes con alguna discapacidad en el sistema educativo; así, se promulga el Decreto N°40955-MEP sobre el Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el Sistema Educativo Costarricense. Sin embargo, la indiferencia y rigidez en centros educativos privados hacia la población con alguna condición especial es una realidad. La ignorancia sobre cómo trabajar con esta población es otro factor negativo en escuelas oficiales y privadas, aun cuando la Sala Constitucional desde 1992 resolvió que la educación pública y la privada son de interés público, y que por encima de los reglamentos de centros privados prevalece el oficial del MEP. Con todo ello, muchos de estos niños diariamente experimentan las consecuencias del maltrato en escuelas privadas. Ricardo asiste a la escuela desde hace siete meses y todavía sus maestros no saben cómo atender sus conductas. Boletas van y vienen; quejas constantes con amenazas de “expulsión” y rebajo de puntos en la nota de conducta. La lista de especialistas es todo un combo de terapias. Sin embargo, por más esfuerzo, los docentes no dan muestras de saber cómo hacer el trabajo con ellos.
Un factor que genera violencia es la judicialización de conflictos escolares para corregir situaciones de conducta, evaluación y otros temas. Se trata de un sistema coercitivo, punitivo, propio de la edad media, para solucionar conflictos escolares. Con herramientas equivocadas del ámbito judicial, fracasan una y otra vez, y no logran combatir la violencia estudiantil que más bien se incrementa, con signos de violencia visibles entre adultos. Con el sombrero de abogados y jueces, docentes y directores se confunden y olvidan su rol pedagógico; se enfrascan escribiendo “resoluciones con formato de sentencia” distantes de lo que pudiera ser un proceso formativo, de aprendizaje significativo y transformador de conductas negativas en positivas. Así, la violencia social se aprende en escuelas y colegios no solo con la agresión que propinan no pocos docentes a sus estudiantes, sino también con la violencia que se genera de las normas con que se trabaja.
