Si bien el Plan Nacional de Desarrollo, “derrotero de este Gobierno”, dispone que uno de los “pilares fundamentales” de la Administración Solís Rivera es la búsqueda de un “Gobierno abierto, transparente, que lucha contra la corrupción”, la práctica ha proporcionado casos tan representativos como el “cementazo” y el caso Yanber, en los cuales la falta de transparencia es lo que sale a relucir. Defendemos que la transparencia y la rendición de cuentas definitivamente no pueden ser considerados elementos esenciales para el Gobierno de nuestro país entre el 2014-2018.
Nos gustaría partir con la más reciente encuesta de la Unidad de Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, la de octubre 2017, donde se muestra que la evaluación de la gestión del Gobierno ha aumentado en su calificación negativa y que “la percepción de la corrupción como problema principal [del país] aumentó”. En este sentido, queremos aclarar que diferenciamos lo que es transparencia y rendición de cuentas y lo que es corrupción. Estos conceptos no se refieren a lo mismo. No obstante, la falta de transparencia y la no adecuada rendición de cuentas pueden explicar que los ciudadanos percibamos la corrupción del Gobierno como más problemática que en años anteriores.
El presidente Luis Guillermo Solís procuró dejar claro desde un inicio que su administración iba a ser transparente: “deseo que el Gobierno –empezando por el propio Despacho presidencial– funcione como una gran vitrina o casa de cristal”, dijo. Sin embargo, parece que a esta vitrina o casa de cristal le instalaron unas cortinas bien gruesas, y que además las dejaron cerradas, debido a actuaciones inconsistentes por parte del presidente y varios funcionarios relacionados directamente con la administración Solís Rivera. Este es el caso de los escándalos del “cementazo” y el caso Yanber, y las actuaciones de la administración, que se han denunciado a través de medios de comunicación de masas.
Queremos comenzar por aclarar que esto no implica que se tenga una certeza de culpabilidad de x o y funcionario; eso corresponderá al proceso judicial atinente. En cuanto al “cementazo” y el caso Yanber, lo que sí encontramos es prueba indiciaria suficiente para concluir que existen inconsistencias en las actuaciones del Gobierno. La creación de una comisión legislativa especial para investigar el “cementazo” ya es un indicio suficiente para alegar presuntas actuaciones disvaliosas y no transparentes de la administración Solís Rivera; aún más las medidas cautelares recientemente dictadas contra algunos involucrados en este escándalo.
Con respecto al caso del “cementazo,” por ejemplo, el presidente manifestó: “a mí que me registren, que analicen el gestionar del Gobierno y que vean si hay o no interferencia de terceros en ese proceso, porque no la hay”. Mediante esto, alega que no existe interferencia de él en este proceso; sin embargo, el diputado Víctor Morales Zapata, el cual fue calificado como “embajador de Bolaños” por Mariano Figueres (Jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad), afirma que “siempre actuó con estrecha comunicación y coordinación con el presidente”. Se muestra una inconsistencia entre ambas declaraciones, provocando incertidumbre en la población respecto de la gestión del Gobierno, y poniendo en riesgo su transparencia.
Respecto de Yanber, esta compañía de plásticos presuntamente emitió estados financieros a su conveniencia para que le fueran otorgados créditos siete meses antes de que la “empresa solicitara el inicio de un proceso judicial para evitar la quiebra”. Entre sus acreedores, figuran bancos comerciales de fondos públicos, entre ellos el Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Bancrédito, quienes le otorgaron créditos por una suma de $22.8 millones. Aún más, cinco miembros de la Junta Directiva del BCR, fueron nombrados por el Consejo de Gobierno de Solís Rivera. La utilización de fondos públicos para el otorgamiento de créditos, en vista del advenimiento de la crisis de Yanber, puso en “juego el ahorro público”, la credibilidad de la gestión gubernamental y su transparencia.
Por tanto, lo que se puede aseverar con fundamento, es que hay indicios para al menos dudar de la transparencia y debida rendición de cuentas de la administración Solís Rivera (en sentido amplio) — indicios extraídos de los medios de comunicación de masas—, y, por tanto, establecer que no han sido la esencia de su gestión de Gobierno.
Es menester señalar que no son recibidos los argumentos que se limitan a describir la instauración que haya hecho la administración de canales de comunicación más directos con los administrados. No negamos que la administración Solís Rivera se haya interesado por implementar nuevas herramientas que contribuyen con la transparencia y rendición de cuentas del Gobierno. Lo que sí negamos es que la transparencia y rendición de cuentas sean la esencia de la gestión de este Gobierno y que además estas herramientas y canales de comunicación sean garantía de la transparencia. Son precisamente herramientas, entre otros posibles medios, que podrían colaborar para alcanzar el objetivo meta que es la transparencia. No basta crear un canal de comunicación que podría fomentar la transparencia, pero no profundizar luego en analizar el contenido que se transmite por este medio. Se debe partir de la criticidad, por ejemplo, preguntémonos, ¿qué porcentaje de la información de índole pública ya está disponible en estos portales nuevos? ¿Cómo asegurar que en efecto se puede confiar en estos portales? ¿Qué tan seguros son? ¿Cada cuánto se actualizan? ¿Nos revelan toda la información que tenemos derecho a saber? ¿Cómo sabemos que mediante ellos podemos verdaderamente fiscalizar y prevenir actuaciones irregulares?
Por último, nos gustaría diferenciar el cumplimiento de un deber legal o constitucional, de una muestra de que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para el Gobierno. Por ejemplo, el informe de labores que rinde el Presidente ante la Asamblea Legislativa, deriva de un mandato constitucional (artículo 139, inciso 4, de la Constitución Política). Es decir, la rendición de este informe no es un logro de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno actual, sino que es una práctica constitucionalmente obligada de todo Presidente de la República. Más aún, la reciente comparecencia del presidente Solís ante la Asamblea Legislativa responde a una atribución de la propia Asamblea de nombrar Comisiones especiales de investigación y “hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla” (artículo 121, inciso 23, de la Constitución Política), incluyendo la obligatoriedad de comparecer del Presidente.
Consecuentemente, consideramos que no vale instaurar un nuevo medio de comunicación de la administración con los ciudadanos y alegar, per se, que hay transparencia, obviando el mensaje y el contenido de la información comunicada allí. Menos vale aún celebrar el hecho de que se cumpla un precepto constitucional o legal como si necesariamente fuera muestra de rendición de cuentas y transparencia. En efecto, existen medios por los cuales la administración va rindiendo informes, como puede ser una página web o un perfil en redes sociales, pero lo que se debe demostrar, si se quiere defender verdaderamente a la administración Solís, es que la información revelada en estos sea garante de transparencia y de rendición de cuentas. Más allá de eso, los recientes casos expuestos en medios de comunicación revelan inconsistencias por parte de los funcionarios de la administración Solís Rivera, que nos fuerzan a concluir que la transparencia y la rendición de cuentas no han sido la esencia de la gestión de este Gobierno. ¿Será que la “casa de cristal” tiene cortinas o, tal vez, paredes de concreto?
