Con un pequeño impuesto a los súper ricos estos seguirán siendo sumamente ricos, pero se podría financiar un programa de Ingreso Mínimo Vital (IMV) para familias y personas que no pueden generar sus ingresos debido a condiciones inherentes, tales como minoría de edad, vejez o discapacidad.
También, si se toman medidas claras y contundentes para disminuir significativamente la evasión y la elusión fiscales, se contaría con más recursos para invertir en familias y personas que, por su situación particular, no están en condiciones de conseguir los ingresos necesarios para salir de la pobreza.
Nótese que digo inversión y no gasto, dado que cuando se invierte en quienes menos tienen, se obtienen importantes niveles de retorno social, que benefician tanto a los pobres como a la sociedad en su conjunto. El punto clave aquí es reconocer que hay familias y personas que, debido a sus condiciones particulares, no pueden generar recursos suficientes para dejar la pobreza permanentemente.
El IMV se debería establecer de acuerdo con lo que las personas y familias con estas condiciones inherentes necesitan para salir de la pobreza. Con esto se podría reducir enormemente la pobreza y la pobreza extrema, y se contribuiría a la reactivación económica, pues estas personas y familias deben consumir la amplia mayoría de sus ingresos, con lo cual se estaría creando un nuevo motor de capacidad adquisitiva que ayudaría a diversas empresas y servicios a tener nuevos clientes e incluso a contratar más empleados para poder responder a la demanda agregada producida por el IMV.
Además, cuando se reducen la pobreza y la desigualdad, tienden también a reducirse otros problemas conexos, tales como la inseguridad, el abandono educativo o el estrés patológico, y tienden a reducirse los gastos en salud, en seguridad y en administración de la justicia, lo cual puede liberar recursos para reducir el déficit, aumentar reservas y financiar ambiciosos proyectos de inversión, que a su vez pueden generar muchos empleos.
Por ejemplo, Costa Rica tiene un paso en llanura por toda su franja norte que le puede permitir crear un canal seco entre el Caribe y el Pacífico, que podría producir enormes divisas al país, generar miles de empleos y llevar mayores oportunidades a tres regiones periféricas con bajos niveles de desarrollo: Huetar-Caribe, Huetar-Norte y Chorotega. Una inversión como esta se pagaría a sí misma en el tiempo, gracias a los miles de empleos de calidad que crearía.
Erradicar la pobreza extrema es un buen negocio para los pobres y para la sociedad en general. El grave problema aquí es que los gobiernos del neoliberalismo: Partido Liberación Nacional, Partido Unión Social Cristiana, y el Partido Acción Ciudadana se han dedicado solamente a políticas de alivio a la pobreza, pero no a la erradicación de ella, que es algo muy diferente. Como lo ha señalado Yanis Varoufakis, los ricos y sus socios políticos posiblemente se van a oponer a políticas como el IMV, pues les tiemblan las rodillas porque la clase trabajadora se empodere y pueda decir no a condiciones laborales injustas. Para los más codiciosos es importante tener muchos desempleados sin ingresos, para poder jugar con el hambre de la gente y poder imponer condiciones de explotación y negación de derechos laborales, como lo es el caso de las multimillonarias empresas de servicios de reparto que lucran del hecho de no reconocer derechos a quienes, de hecho, trabajan para ellos, pero sin derechos laborales.
Como lo ha señalado Rutger Bregman, otro de los argumentos contra el IMV es que los pobres lo malgastarán y perpetuarán su condición de precariedad, pero, contrario a estos prejuicios, algunas investigaciones señalan que más bien tienden a gastarlo primordialmente en mejorar su condición.
Una sociedad sin pobreza será, sin duda alguna, una mejor nación para todos, incluyendo a los más ricos que se beneficiarían grandemente de esto, pues aumentarían sus ganancias en sociedades con mayor capacidad adquisitiva. Por esta razón es que en la oposición al derecho a ingresos básicos lo que subyace no son motivos económicos, sino políticos: mantener a los que menos tienen en una situación de opresión y humillación que los haga más fácilmente explotables. Esto se puede cambiar, y el primer paso es que cambiemos nuestra forma de mirar la pobreza y el derecho universal al bienestar.
Si podemos reconocer que la actual pandemia deja a muchos excluidos de la posibilidad de generar ingresos, ¿por qué no podemos reconocer que sin pandemia esta exclusión también ocurre?
En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, en su meta 1.1., Costa Rica se ha comprometido a erradicar la pobreza extrema a 2030. Esto no es solo posible, sino que es una obligación moral, por más que los defensores del statu quo se opongan. Esta es una lucha que vale la pena.
