La Organización Mundial de la Salud estableció como tercer reto mundial por la seguridad del paciente reducir los daños causados por medicamentos. Este reto se denominó “Medicación sin daños” y se definió en función de cuatro ejes de trabajo que involucran a pacientes, profesionales en salud y autoridades sanitarias.
La participación del paciente está en estrecha relación con el uso responsable de medicamentos, concepto propuesto por la Federación Internacional de Farmacia, el cual implica una consciencia sobre el uso de medicamentos y la salud en general. Incluye al paciente como un actor más en la prescripción, despacho y uso de medicamentos, reconoce su autonomía y le confiere la responsabilidad que esta conlleva.
Para que la persona pueda cumplir con esta tarea es necesario analizar dos situaciones comunes a las que se ve expuesta: conceptualizar al medicamento como un bien de consumo, y basar las decisiones en información sesgada o pseudocientífica.
De acuerdo con la Ley General de Salud, un medicamento es toda sustancia que sirva para curar, diagnosticar, paliar o prevenir enfermedades. Esta definición lo designa como un instrumento de salud y es clara en que este insumo no constituye un bien de consumo. Empero, en ocasiones se considera como tal, favoreciendo su uso desmedido e irracional. Por lo tanto, para evitar caer en estas prácticas se propone que debe existir un equilibrio entre acceso y seguridad, basado en la evidencia científica.
En nuestro país, el acceso ha sido una prioridad desde el punto de vista jurídico y sanitario, tanto en el sector público como en el sector privado. De igual manera, las autoridades sanitarias se han preocupado por buscar un acceso seguro al prohibir la comercialización de productos no registrados en el país o adquiridos en establecimientos que no cuentan con el permiso de operación adecuado. Recientemente, el Ministerio de Salud lanzó una campaña para evitar que las personas adquieran productos ilícitos, con el fin de que la población no se exponga a potenciales riesgos en su salud.
A pesar de estos esfuerzos, el consumo de productos de dudosa procedencia a través de redes sociales u otras vías va en aumento. En estas circunstancias, el usuario no tiene la certeza de que el producto adquirido cumple con las buenas prácticas de manufactura, almacenamiento, distribución o dispensación.
Estos fenómenos se pueden presentar en cualquier momento de la vida; sin embargo, merecen especial atención en las personas adultas mayores. En general, este grupo poblacional se caracteriza por un mayor consumo de medicamentos. Por lo tanto, si a este consumo se le suman prácticas inseguras como las mencionadas, la persona se expone a un mayor riesgo.
En este sentido, los sistemas de salud, los entes rectores y las instituciones académicas tienen la responsabilidad de empoderar al paciente, ofreciéndole espacios de información seguros, fidedignos y accesibles para toda la población. La Universidad de Costa Rica responde a este llamado y, desde distintas instancias, fomenta en los pacientes una apropiación de la salud en general y de la terapia farmacológica en particular. Aún así, es necesario seguir trabajando en iniciativas basadas en un enfoque de educación para la salud, que logren generar en la población el conocimiento y la criticidad necesarios para la toma de decisiones.
En conclusión, es necesario que los profesionales, las autoridades, las instituciones y la población trabajen al unísono por una medicación sin daños. Esta propuesta no es la única solución a una situación de por sí bastante compleja, pero, al fomentar un uso responsable de medicamentos se desencadenan pequeñas acciones que tienen grandes efectos en la salud pública del país.
