El Partido Acción Ciudadana enfrenta las tareas del III Congreso en una coyuntura difícil y compleja en la cual está en juego su supervivencia social y política y su reconocimiento ante las autoridades electorales del país. Enfrentamos el Congreso partidario con la firme convicción de revisar lo que sea necesario revisar, desde la acción política partidaria y parlamentaria hasta las gestiones al frente del gobierno nacional cuando circunstancias extraordinarias y el voto popular nos ha favorecido.
Han transcurridos 10 años del II Congreso partidario. Asumimos las tareas del presente con la firme convicción de que es necesario recuperar el apoyo y la confianza ciudadana con que el Partido Acción Ciudadana nació a la vida pública del país en el año 2000. La consigna de SOMOS EL PUEBLO QUE DECIDIÓ CAMBIAR fue abrazada en ese entonces con profundos sentimientos de esperanza por amplios sectores. Del 2000 al 2014 fuimos partido de oposición política a los gobiernos neoliberales de la época y asumimos tal función desde una perspectiva de defensa del interés público junto con otras fuerzas políticas y sociales. Desde la actividad parlamentaria y como fundamento de la acción política asumimos una permanente interlocución y cercanía con el amplio mundo del trabajo y el capital, de las manifestaciones del movimiento social y sindical del país sin exclusión alguna por razones ideológicas. En otros términos los principios de la participación y comunicación con la ciudadanía fueron parte sustancial en la gestión política y parlamentaria del PAC.
Indudablemente eran otros tiempos. Los fundadores y los primeros liderazgos provenían de distintos orígenes políticos, pero los unía una idea de participación incorporando a dirigentes forjados en los movimientos sociales y políticas en diferentes épocas procedentes del centroizquierda del país, se logró consolidar una alternativa política diferente que reclamaba el país y se abrieron amplios espacios plurales y democráticos de cara a la ciudadanía.
Ese esfuerzo de interlocución con la sociedad nos llevó en el 2006 2007, a encabezar junto con otras fuerzas y movimientos políticos la lucha contra el Tratado de Libre Comercio entre los países de Centro América, República Dominicana y los EE.UU. que se convirtió en la más poderosa movilización social y política desde la segunda mitad del siglo XX y lo transcurrido hasta octubre del 2007. Con el triunfo del SÍ al TLC se abre una nueva etapa en la vida económica y social con todas las consecuencias políticas derivadas en la cual la fuerza parlamentaria del PAC jugó un rol de resistencia ante las transformaciones económicas e institucionales que abrieron espacios a la implantación del TLC.
En esas nuevas condiciones el Partido Acción Ciudadana asumió la defensa del estado social de derecho como bandera estelar de su acción política parlamentaria y ejerció sus funciones como fuerza política de oposición con responsabilidad de estado, proponiendo iniciativas en temas de hacienda pública para amortiguar tendencias negativas y de evitar situaciones de apremio fiscal que ponían en riesgo la economía del país. No obstante en lo fundamental se lograron establecer vías de coordinación y comunicación partido-fracción que encarrilaron el trabajo partidario de manera positiva y espíritu unitario.
Entre el II y III congreso partidario existe un largo recorrido histórico, donde hemos ejercido el rol de oposición político hasta la conducción del gobierno de la Republica, el país avanzó sin duda alguna en la ampliación de la ciudadanía y en el reconocimiento de los derechos de colectivos históricamente invisibilidades que ha cambiado rostro del país. Sin embargo, el partido arrastra una profunda deuda respecto al reto de la desigualdad, así como el distanciamiento con los movimientos sociales, dañando la confianza y credibilidad que amplios sectores del país mantenían en el Partido Acción Ciudadana desde su nacimiento. En otros términos, dinamitamos el capital social partidario construido durante tantos años por legiones de dirigentes de todos los niveles, militantes, simpatizantes y amigos que levantaron con orgullo la bandera partidaria en todo el país, que se expresa en los resultados de febrero de 2022.
El mensaje de febrero de 2022 no es un hecho aislado, que deba tomarse a la ligera o eludirse, sino el resultado de una acumulación de errores y desviaciones que significó una expresión electoral de rechazo social al extremo de quedar el PAC sin representación parlamentaria. No hay duda que hemos pagado las consecuencias de serios errores de conducción política cuyo origen podemos ubicarlo en la liquidación de los gastos de la campaña electoral del 2010 y todas sus consecuencias judiciales y políticas situación que trascienden más allá del 2014 al perder el PAC, por diversos factores partidarios, la capacidad de seguimiento y evaluación de las acciones y decisiones del poder ejecutivo en los períodos 2014-2018 y 2018-2022. Durante ese período, el partido expresó opiniones contrarias lo que provocó desencuentros y contradicciones graves con la fracción parlamentaria y sectores partidarios, o no ejerció la capacidad mínima de generador de opinión en la formulación de iniciativas gubernamentales y en diversas oportunidades, provocando que la opinión pública no viese diferencia alguna respecto a las fuerzas que han ejercido históricamente el poder.
El Partido Acción Ciudadana debe llegar III Congreso con la firme intención de recuperar el apoyo ciudadano con que nació a la vida pública del país en el 2000. En la fase preparatoria del Congreso, en su organización y alcances se han incorporado las recomendaciones, reflexiones y aportes en general de todos los sectores y corrientes partidarias. Llegamos al Congreso con la firme disposición de cambiar lo que sea necesario cambiar y corregir lo que sea necesario corregir. En tiempos de incertidumbres y de prácticas políticas que afectan los balances democráticos y el sistema republicano del país, el Partido Acción Ciudadana debe ir al Tercer Congreso dispuesto a algo más un “lavadito de cara” y enfrentar las demandas del país y la defensa y fortalecimiento del estado social de derecho como base angular del desarrollo nacional.
