En nuestra realidad latinoamericana, especialmente en las regiones periféricas de nuestros países, se ha demostrado que, donde no llega el Estado, se crean vacíos de ordenamiento territorial y de administración pública. Dichos vacíos pronto son ocupados por las guerrillas, el narcotráfico internacional o el crimen organizado. En el mejor de los casos, estos espacios están siendo absorbidos políticamente por movimientos religiosos, interesados en incursionar en la política nacional con una agenda propia y separada del poder político tradicional instalado en nuestras metrópolis nacionales, que parecen no entender lo que está pasando a su alrededor y pierden paulatinamente la capacidad de planificar y administrar dichos territorios periféricos. Esto redunda en un desarrollo cada vez más antagónico y peligroso del campo y la ciudad.
En Costa Rica, a fines de la década de los ochenta, después de la administración Monge Álvarez y los primeros intentos de implementar los Programas de Ajuste Estructural (PAES), se dio un debilitamiento y prácticamente el desmantelamiento del Subsistema de Dirección y Planificación Regional, a cargo del Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan). El Partido Liberación Nacional (PLN) capituló su obligación de planificar el territorio Nacional, según la Ley Nacional de Planificación N°5525 del 2 de mayo de 1974 y su enfoque sistémico. Esta ley apuntaba a promover la desconcentración y descentralización del aparato estatal para lo cual formulaba claramente los subsistemas sectorial y regional. El subsistema regional (Decreto N°15227-PLAN) garantizaba, mediante sus órganos y autoridades, la presencia del Estado en las regiones periféricas y el desarrollo integral de las mismas en una forma articulada y complementaria con los espacios urbanos y metropolitanos nacionales. Las ideas neoliberales, que comenzaban a imperar, provocaron que el Sistema Nacional de Planificación derivara hacia un cambio estructural de Mideplan. Se privilegió el área de Reforma del Estado (proceso privatizador y desmantelador dirigido a importantes instituciones estatales) y se perdió el espíritu del balance y coordinación entre los subsistemas sectorial y regional, desapareciendo prácticamente este último. Empezaron entonces a formularse los Planes Nacionales de Desarrollo, de difícil comprensión para el común de la gente, basados en enormes matrices de planes y proyectos sectoriales nacionales.
En el transcurrir del tiempo y con la llegada del siglo XXI se dio una manifestación política clara del abandono en la planificación y gestión de nuestras provincias o regiones más alejadas. Aparece el Partido Acción Ciudadana (PAC) que logró sacar del juego político en las zonas más urbanizadas de nuestro país al otrora glorioso PLN. Pero vendría posteriormente el golpe de gracia para el PLN cuando el naciente partido Restauración Nacional (PRN) logró sacar al PLN del juego político en las regiones o provincias más alejadas. Parece que el discurso temporal de un grupo religioso tuvo mayor efecto en las regiones periféricas que todo el trabajo político de décadas realizado en las mismas por parte de los grandes partidos tradicionales. Tampoco pesó la gestión nacional de emergencias de gobiernos que se niegan a planificar y se limitan a esperar las emergencias nacionales.
Ojalá la nueva administración Alvarado Quesada retome el deber de planificar el desarrollo con enfoque sistémico y fortalecer los mecanismos legales de descentralización y desconcentración, hoy tan vigentes como en las décadas pasadas. El Plan Nacional de Desarrollo debería ser simple y entendible para la sociedad civil del campo y la ciudad, y presentable en un simple mapa de programas, proyectos y obras (desagregado en provincias o regiones, cantones y distritos) para que cualquier estudiante de secundaria, con una buena educación cívica y de Estudios Sociales, lo pueda consultar.
