En 1869, durante la administración de don Jesús Jiménez Zamora, se incluyó, en la Constitución Política de Costa Rica, por primera vez, la enseñanza primaria costeada por el estado, para ambos sexos. Ese fue un gran logro para aquella época, dentro de un contexto nada sencillo, que no es el propósito de este artículo. Este mandato se ha preservado con el tiempo, y más bien ha sido ampliado a la secundaria y al preescolar, como se puede verificar en el artículo 78 de nuestra Carta Magna, con sus reformas; una de ellas, incluso, define el histórico 8% del PIB como monto a destinar para tales fines, incluyendo a la educación universitaria pública. Estadistas distribuidos a lo largo de nuestra historia, en distintos momentos y en distintas realidades. Personas con visión de estado, y con misión.
Haber dado ese paso, junto con otros como la creación de la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1940, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 1941, la abolición del ejército en 1948, la promulgación de nuestra Constitución Política en 1949, entre las más icónicas y significativas, le han permitido a Costa Rica gozar de un estado social de derecho construido a punta de sudor y sangre, pero también de mucha mente lúcida, con alto sentido ético y incuestionable compromiso con la patria. Egregios personajes que no escatimaron en dar luchas frontales contra los intereses de muchos que estaban interesados en dejar por fuera a la mayoría de los ciudadanos costarricenses en cada época, especialmente los más necesitados de esperanza, oportunidad y protección. Gracias a ello, Costa Rica es la que es hoy, aunque las últimas décadas hayan sido más bien una especie de “vivir de las rentas” de las cosas buenas que hicieron generaciones pasadas.
La Ley Nacional de Vacunación de 2001 viene a cumplir con las obligaciones que los legisladores le confirieron al estado mediante la Ley General de Salud de 1973 y el Código de la Niñez y la Adolescencia de 1998. Esta ley, en su artículo 2° deja clara la gratuidad y obligatoriedad de las vacunas, y marca incluso casos especiales: niñez, inmigrantes y sectores ubicados por debajo del índice de la pobreza. De seguido, el artículo 3°, indica que serán obligatorias aquellas vacunas así consideradas por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, en coordinación con el Ministerio de Salud y la CCSS.
Pero es que el derecho a las vacunas es tan añejo como el derecho a la salud y a la vida, instrumentalizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Quién que conozca las vacunas puede cuestionar que son uno de los elementos fundamentales para el logro de una buena salud y una larga vida, junto con el saneamiento ambiental, los antibióticos y el lavado de manos con agua y jabón? Creo que nadie, o muy pocos, y estos serían aquellos a los que la información no les ha llegado o se les ha negado.
Las vacunas salvan vidas: ¡no debe quedar duda alguna de esto! Las vacunas han venido a prevenir enfermedad grave, internamiento, discapacidad e incapacidad y muerte. Una triste realidad es que el acceso o no a ellas puede hacer la diferencia en que un país sea más o menos pujante, en un círculo muy poco virtuoso en que la pobreza condena a la mala salud, y esta condena a la pobreza. El efecto de las vacunas sobre la calidad y la esperanza de vida ha sido ampliamente estudiado y documentado; pero fue con la covid-19 que el tema fue vivido de una manera tan palpable e incuestionable: al menos para la mayoría de los que creemos en la ciencia, así ha sido.
Muchas comparaciones se han realizado, por los más diversos grupos de investigadores alrededor del mundo, sobre la efectividad de las vacunas, y en todas ellas, al menos en las publicadas en las revistas más prestigiosas y mejor ponderadas por su robustez y rigurosidad, las personas vacunadas con dos, tres y cuatro dosis de una vacuna competente, han tenido mayor probabilidad de evitar un internamiento hospitalario, estar en una unidad de cuidados intensivos (UCI) o morir, a causa de una infección por alguna de las variantes predominantes desde la existencia y distribución de las vacunas.
Por si existía alguna duda, el ejemplo de China nos da muchas lecciones: los adultos mayores no vacunados son los que están llenando las UCI y las morgues; las personas se enferman por decenas de miles al día y la economía se tambalea. ¿Las causas? Bajas tasas de vacunación, uso de vacunas de mediana capacidad inmunogénica, baja exposición como producto de la estrategia estatal de “cero covid”, y una repentina eliminación de todas esas restricciones sanitarias. En el resto del mundo, a pesar de la eliminación de tales restricciones, la existencia de coberturas vacunales con vacunas competentes, han mantenido a la covid-19 dentro de los márgenes de lo controlable, y la economía se ha ido recuperando, lentamente, pero lo hace.
Hago esta especie de parangón entre la educación y la vacunación, con una serie de datos cronológicos intencionalmente incluidos, una vez que he tenido la mala fortuna de escuchar al presidente Chaves arremeter, una vez más, contra la obligatoriedad de las vacunas, en su más reciente conferencia de prensa. Abro paréntesis: esta conferencia de prensa, la del lunes 9 de enero, debería ser tema de decenas de artículos científicos de las más diversas ciencias, no sólo de artículos de opinión de escasa permanencia en la memoria de la gente.
Es muy probable que el presidente Chaves no vaya a leer estas líneas, como tampoco les importen a los muchos le aplauden sus impresentables (re)presentaciones. Lo cierto del caso es que irse en contra de la vacunación obligatoria contra la covid-19 es abalanzarse no solo contra los beneficios de tal práctica, a pesar de las discusiones bioéticas siempre necesarias, sino contra el beneficio de las otras vacunas que conforman el programa ampliado de inmunizaciones de Costa Rica, uno de los más robustos en el mundo, y que nos ha permitido lograr estándares de país desarrollado. Algunas expresiones del presidente sobre lo que es nuestro sistema educativo, y lo que pretende que sea, o, que no sea, tienen cierto paralelismo con este tema de las vacunas.
Si la máxima figura de la representación ciudadana -no autoridad-, siembra la duda sobre la pertinencia de aplicarse una vacuna, y prometa dar la lucha por acomodar la ley a su favor con tal de lograr la eliminación de la obligatoriedad de la inmunización -los hechos son evidentes y abundantes-, aunque con su discurso de que “seguiremos ofreciendo las vacunas” quiera aparentar ser un provacunas: ¿cómo pretender que una persona cualquiera, sin mayor formación académica o víctima de las múltiples formas de excusión, crea en las vacunas? No hablo solo de la vacuna contra la covid-19, sino de las demás que previenen las enfermedades producidas por 14 agentes infecciosos.
Una buena educación puede ser la diferencia entre una buena vida y una en condiciones marginales. De igual manera, una vacuna, puede hacer la diferencia, entre una buena vida y la otra, o “simplemente”, entre la vida y la muerte. Nuestros estadistas así lo entendieron y nos legaron esa herencia bajo el sustento de normativa robusta, clara y blindada de ocurrencias que son cada vez menos infrecuentes. Cuestión de visión, sí visión de estadistas, no delirio de populistas.
