Costa Rica es un país que presenta una variedad de ecosistemas terrestres y marino-costeros, los cuales se han utilizado como medio para identificar las particularidades de este país a nivel internacional. Tal ha sido su éxito, que se han empleado como un elemento de política exterior, apostando así por la construcción de una imagen de “país verde” para promover la inversión extranjera directa, el turismo y las exportaciones. Tanto es así que desde el año 2011, estos esfuerzos se han aglutinado bajo la marca país Esencial Costa Rica.
A nivel internacional y local, este discurso ha permitido ocultar consecuencias socioambientales que ha generado este mismo estilo de desarrollo. Por lo que estamos ante la construcción de un espejismo que niega la existencia de tensiones, denuncias y conflictos ocasionados por la forma, dimensiones y características de distintos proyectos, muchos de los cuales son promovidos por el mismo Estado: infraestructura turística, represas hidroeléctricas, mercantilización del agua, biopiratería y monocultivos, entre otros.
Dentro de este contexto, nos concentramos en este artículo en desarrollar algunos datos alrededor de la producción del monocultivo de piña, la cual ha ocasionado impactos socioambientales diversos en las zonas de emplazamiento. Específicamente, en Costa Rica la siembra en grandes extensiones de esta fruta para la exportación, inicia en la década de 1970, llegando a su punto de consolidación en los años de 1990, bajo la creación de una variedad del fruto adaptada a las condiciones climáticas del sur de Costa Rica (MD-2 o piña dorada); variedad que luego fue exportada para su uso a otras latitudes. El cultivo de piña en forma de monocultivo ha provocado transformaciones significativas en los territorios y ha generado la aparición de sistemáticas consecuencias negativas en poblaciones que habitan alrededor de estas plantaciones, muchas de ellas han quedado atrapadas ante la expansión del monocultivo.
La piña como commodity se publicita como una fruta tropical y nutritiva, pero son adjetivos que están lejos de retratar la deforestación de hectáreas de bosques que se realizan para extender los cultivos; el desvío de ríos que se utilizan para nutrir estas plantaciones; el desplazamiento de comunidades tras el cercamiento en el que quedan sumidas; la contaminación de agua debido al excesivo uso de agroquímicos (vale recordar que Costa Rica es el primer país del mundo con mayor consumo de agroquímicos); o menos aún, las enfermedades asociadas a los efectos tóxicos ocasionados por la fumigación de estas plantaciones. Es así que la idea de Costa Rica como país verde, la podemos usar para pensar en los desiertos verdes que dejan estos paisajes de monocultivo.
Este problema se agrava cuando determinamos que no existe un acuerdo nacional sobre la cantidad de hectáreas de piña que hay sembradas a nivel país. Para citar un ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), institución encargada de contabilizar estos datos por medio del Censo Agropecuario (último realizado en el año 2014), señala que en Costa Rica hay una extensión territorial de piña de 37.000 hectáreas; mientras que el Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat), bajo la coordinación del Programa de Investigación Aerotransportada (Prias), utilizando como herramienta la teledetección (análisis de imágenes satelitales), determinaron que en el país había una extensión territorial de 57.326,9 hectáreas, en el año 2015; representando una diferencia de 20.329,9 hectáreas entre ambas fuentes. Lo anterior puede ser utilizado para sustentar el argumento de que existe un deficiente control por parte del Estado a la producción de piña.
En este sentido, desde el Programa Kioscos Socioambientales, de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, se ha venido acompañando en los últimos años a la organización comunitaria en contra del monocultivo de piña en la Zona Norte-norte del país (ver mapa). Dentro de este proceso, se realizó una investigación que dio como resultado la sistematización de expedientes de Estudios de Impacto Ambiental que tiene la Secretaría Técnica Nacional (Setena), dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía, de la producción piñera.
La Setena es la institución encargada de otorgar los permisos de viabilidad ambiental, los cuales son necesarios para la implementación de cualquier proyecto agrícola, entre otros desarrollos. Este es un instrumento que tiene la finalidad de evitar algún daño en el ambiente, por lo que su registro es de suma importancia. De esta forma, con esta fuente sumamos un tercer registro de información hacia la producción de piña.
Para la Zona Norte-norte, el Cenat registró para el año 2015 una extensión de 8.996, 5 ha; Setena contabiliza para el mismo año, 6.105,39 ha; y en el Censo Agropecuario del INEC, contabilizó 4.798, 9 ha, para el año 2014. Estos datos señalan que no existe una homogeneidad en el registro de la cantidad de territorio que ocupan las piñeras en esta zona del país.
En el mapa adjunto podemos observar la ubicación espacial de las plantaciones piñeras según los registros del Cenat y de la Setena, de donde determinamos que existe un subregistro de información por parte de la segunda fuente, ya que hay una mayor presencia de cultivos de piña en la zona de lo que se encuentra registrado en la Setena. Esto nos permite hacer un señalamiento a la negligencia de esta institución, cuestionando con evidencia que hay fincas piñeras en funcionamiento que no han sido evaluadas según los instrumentos establecidos. Además, existen otros casos donde no se concedió una viabilidad ambiental para su funcionamiento, pero aun así, se registró su presencia territorial.
En este punto nos encontramos ante la disyuntiva de seguir generando productos técnicos (que ya de por sí existen), o que las autoridades decidan aplicar la normativa y reconocer los impactos comprobados que ha generado este tipo de actividad, los cuales violentan derechos humanos fundamentales como el acceso a agua potable. Los perjuicios generados por este tipo de producción, han sido sistemáticamente denunciados por las comunidades afectadas en distintas instancias nacionales e internacionales, como es el caso del Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
