Para entender el tema del desarrollo regional es necesario entender la planificación regional como una “función cruzada”, en donde las funciones “verticales” de coordinación sectorial e institucional de la planificación nacional se articulan para ser ejecutadas en un territorio subnacional (a escala regional, municipal o local). Ese ejercicio de administración pública (“acuerdo preliminar” entre planificadores y gobernantes) ha estado en manos del subsistema regional del ministerio de planificación (Mideplan) sin mayores resultados concretos, en el ámbito técnico. En casi 50 años de existencia, los técnicos que aprendieron esas artes “se instalaron”, de esa planilla salieron diputados y jerarcas de gobierno (predominantemente del partido Liberación Nacional), pero no la esperada división territorial para una moderna y simplificada descentralización, planificación y Administración Pública. Desde hace 50 años Mideplan formuló, pero nunca implementó realmente las regiones oficiales, casi nadie las respeta ni aplica por estar sustentadas en decretos y no en leyes.
Como resultado de ese largo divagar del subsistema regional de Mideplan, no se ha asumido con seriedad la rectoría y consolidación de un verdadero sector de Ordenamiento Territorial (O.T.), el cual ha rebotado entre el Ministerio de Ambiente (MINAE) y el de Vivienda (MIVAH) sin una clara definición. Ese vacío sectorial lo ha llenado la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), apagando incendios provocados, precisamente, por la falta de O.T. y planificación regional.
La solución corriente, en países desarrollados, ha sido establecer autoridades especiales de desarrollo para espacios subnacionales (autoridad regional). El único rasgo que caracteriza a tales autoridades es que el campo de sus actividades no es vertical (por función o sector) sino horizontal (por región o territorio). Este vacío importante se concreta en la falta de una autoridad política de alto calibre que podría ser el diputado de mayor edad de cada provincia (con facultad de reelección, si tiene buen desempeño) o bien refacultar al gobernador de provincia para dirigir los Consejos Regionales de Desarrollo (Coredes) de cada provincia o región. Solo el ministro de la presidencia tendría poder de veto sobre las resoluciones de los Coredes, mientras que los planes regionales serían oficializados en la Asamblea Legislativa.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Nacional y el Mideplan está destinado a todo el país (macro planificación) y no incluye, per se, los factores que operan en la escalas regional o local (micro planificación). Ahí debería desembocar, pero un vacío constitucional no previó la gobernanza provincial o regional, imposibilitando una descentralización sana y eficaz hacia unas solo siete o nueve provincias. La Constitución estableció representantes provinciales, que no gobiernan sus territorios, por ser “diputados nacionales” (sin residencia comprobada ni interés real porque no pueden reelegirse) y, que restan importancia a sus Comisiones Permanentes Provinciales. Falló el Código Municipal que fomenta numerosos gobiernos cantonales sin viabilidad económica ni política (graves problemas de presupuesto y nunca elegirán un diputado para representar sus intereses políticos). Y finalmente falló el Ejecutivo que permitió la erosión del rol del Gobernador de Provincia a simples permisos para ferias de barrio; además permite y facilita la creación de Municipios de mentiras, como los últimos creados con anuencia de Mideplan y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). En fin, falló el Sistema Nacional de Planificación (SNP) y particularmente el Subsistema Regional de Mideplan, responsable de implementar las regiones oficiales con sus órganos y autoridades.
