Desde los primeros sapiens, todo sistema de coexistencia social está asentado sobre las arenas movedizas de la obediencia política. Pero siendo que no existen derechos absolutos, es razonable también que las responsabilidades sean relativas y por tanto limitadas.
A partir de ahí se derivan ciertas discusiones que entran sin necesidad de calzador, en la horma de la insumisión civil, como uno de los grandes temas de nuestro tiempo: la relación entre ciudadanía e instituciones, la vinculatoriedad preeminente del derecho constitucional -y de un tiempo para acá, también de los derechos humanos-, la distancia entre democracia real y formal, e incluso el devaneo constante de los conceptos más manidos de la democracia liberal: participación y representación.
Sea desde la historia, la sociopolítica o el velo siempre rasgado de lo iusfilosófico, hoy el deber/derecho a la protesta se erige como el espinazo al dorso, de buena parte de los debates públicos más duros e insolutos.
La objeción de conciencia, la rebeldía fiscal, el sabotaje, los bloqueos de vías públicas y puertos, la ocupación de inmuebles en desuso, el amotinamiento carcelario por hacinamientos pauperizantes y la descolegiación profesional alcanzan como temas nada orbitales, para componer un prontuario que desdibuja la autoridad del derecho (legalidad), al introducir en la sala al elefante blanco de la insumisión (legitimidad), ese recurso humano y político tan temido como defenestrado, históricamente, a partir de simplificaciones legalistas e incluso de galimatías gremialistas.
Cuestión de caer en cuenta de que hay bastante más terreno para la discusión, allí donde los abogados puristas y los políticos escasos, solo quieren mencionar la legalidad de un lado y la legitimidad del otro, como si se tratase de una tirante tensión que no se resolverá sin la imposición arbitraria de los que tienen el sartén del poder por el mango.
Lo que pasa -lo que realmente pasa- es que bien lejos de las inamovibles definiciones de diccionario y la ramplona retórica legislativa, queda el reverberar de los movimientos sociales que, al menos desde 1968, segmentan la realidad política, a partir de sus intereses; así como de los valores con que escudan, precisamente, esos intereses. Esto es hoy, la discusión política sobre la desobediencia civil, que no escasea en importancia ni complejidad. Así como tampoco merece que se le simplifique in extremis al ancho de las calles públicas por las que todos transitamos.
Muy por el contrario, falta reconocer la dialéctica perceptible, entre sindicatos y cámaras. Tensión extensible, además, a la prensa comercial como arma blanca de los empresarios que, desde siempre, no son dueños solo del capital, sino de los resortes de poder y transformación social. Y lo que es aún más peligroso, de los molinos nada inocentes que igual erigen héroes como desarman honras, y desechan como villanos, hoy, a quienes apenas ayer armaban como salvadores. Moliendas donde se construyen candidaturas que igual se demuelen por desobediencia, o se catalizan agendas antropófagas, mientras se desplazan y procrastinan problemas estructurales, sabidamente inaplazables.
De ahí que el desespero insolente de ciertos plutócratas, por contener la insumisión política, deba cribarse, desde la valentía del crítico severo y no desde la obediencia prebendal del académico apolillado o el periodista entreguista.
¿O es que acaso, como Nación culturizada desde los trillos del olvido, seguiremos obviando que la participación ciudadana no solo es un derecho fundamental (9 constitucional) sino que, y muy a la par, es en paralelo, una suerte de espejo a cuyo reflejo debemos atenernos para medir la (in)suficiencia de los cauces institucionalmente previstos, para posibilitar esa participación cívica?
Entramparse a estas alturas de la Segunda República en supeditar crecientemente la participación a la representación equivaldría a una grave insolencia, en todo antidemocrática. Algo así como indicarle al ciudadano: “De usted, solo me sirve el voto. Después, tenga la gracia de perderse y volver, eso sí, silenciosamente, al término de lo que en suerte, resulte mi mandato”.
Por tanto, bien haríamos en desgranar la mazorca, pero al revés de como se viene, malhadadamente, acometiendo en estos lares y por estos tiempos semejante tarea.
Si bien es cierto la protesta es un derecho humano y con él nos inauguramos al nacer, la esencia del problema radica en el umbral social de tolerancia, respecto de la alteración del orden público que porta, “genéticamente”, la desobediencia civil.
Abreviando y al menos para los efectos de Costa Rica, sí pareciera cuando menos, que los gremios debieran ir valorando si el bloqueo de vías, lejos de concitar la empatía de la opinión pública y torcer el brazo institucional presionado, les granjea el efecto diametralmente contrario. Consideración que también aplica al suspender ciertos servicios, ya no digamos esenciales sino, sumamente urgentes y sensibles. En una palabra: caros.
A los protestantes les cobijan y potencian suficientes herramientas de disuasión, como para limitar su arsenal, al menos creativo de todos los recursos de insumisión: el cierre de vías.
A fin de cuentas, en un país de medias tintas y navegantes de agua dulce, cuyos referentes y edificadores han venido o abrevado casi siempre, de fuera, bien haríamos en reconocer -con Pascal- que “todo error proviene de una exclusión”.
De tal suerte que la proscripción genérica de la desobediencia civil -en cuenta de aquella subespecie, que vendría siendo la huelga-, es tan ociosa, al final de las sumas y las restas, como también lo es suponer, que los políticos y los judiciales -o quien sea que estos representen mañana- puedan contener con las manos la corriente del río de insatisfacciones ciudadanas acumuladas que, por gravedad, correrá siempre hasta desembocar en el vastísimo y bravío mar de la protesta cívica.
