Hace siglos se están realizando procesos de despojo contra los territorios y los pueblos originarios de América Latina, la lógica de acumulación de los bienes comunes ha generado violencia sistemática sobre comunidades campesinas, costeras, y principalmente hacia los territorios indígenas. Las élites políticas, económicas; las empresas privadas, las transnacionales, y los gobiernos neoliberales se han encargado de implantar y validar el discurso de desarrollo, una propuesta que evoca a las desigualdades.
Si algo tenemos claro a partir del trabajo con comunidades y la investigación académica, es que “extractivismo” es sinónimo de criminalización, disputa y muerte. La expansión de estas formas de despojo en la región se ha intensificado de forma acelerada, en consecuencia, se ha dado una tendencia por parte de los gobiernos latinoamericanos y las empresas que operan en los territorios de criminalizar las acciones de resistencia y expresiones de malestar que surgen desde las comunidades costeras, campesinas e indígenas ante esas dinámicas que responden al modelo capitalista.
En los últimos años, hemos sido testigos del aumento de acciones colectivas que realizan organizaciones comunitarias para exigir el derecho a la tierra, a la semilla criolla, al acceso al agua. Sumado a intereses privados y la falta de voluntades políticas, señalamos particularmente a los gobiernos, porque lastimosamente, promueven y aprueban normas en materia de fiscalización ambiental que benefician a las empresas extractivas y normas laxas que en la práctica, no garantizan la protección efectiva de los derechos de los distintos territorios y de las personas defensoras.
Las acciones colectivas de las comunidades y organizaciones, son manipuladas por los medios de comunicación hegemónicos, quienes se han encargado de contribuir a la consolidación de un discurso de odio y de desinformación acerca de los conflictos, invalidando y descalificado las movilizaciones, acciones y testimonios de las personas que se organizan para defender el ambiente y los territorios. La deslegitimación mediática desempeña un rol importante, ya que, la imagen negativa que han construido en torno a las personas ecologistas, activistas ambientales, defensores campesinos e indígenas ocasiona que se pase por alto y se justifiquen los actos de opresión, violencia e injusticia; que se originan desde la población, las empresas y la misma institucionalidad con sus mecanismos de criminalización.
En el año 2019 en América Latina se presentó una cúspide de violencia, que dejó arrebató 148 vidas debido a la resistencia de los habitantes de las comunidades en contra los megaproyectos, posicionándose en primer lugar de la lista global en criminalizar las luchas, personas defensoras del ambiente y territorios (Casas y Álvarez, 2020), mientras que en el 2020, según Global Witness (2021), fueron 227 ataques letales en el mundo, convirtiéndose en el año más peligroso registrado para las personas que defienden sus hogares, la tierra y los medios de vida.
Costa Rica ha sido escenario de esta situación, en el año 2019 y 2020 fueron asesinados los defensores indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera respectivamente, hechos que se mantienen en impunidad. Las violaciones y agresiones persisten mayoritariamente sobre los pueblos indígenas, y son ejecutadas por la misma Fuerza Pública, quienes son un recurso de poder del Estado costarricense para contener y reprimir los conflictos que no han logrado gestionar de forma efectiva. Cuando las personas defensoras analizan los años de violencia y desprotección, apuntan a la invisibilización del Estado de sus sentires y vivencias, a la impunidad e ilegalidad, se sienten vulneradas ante un sistema institucional y legal que no asegura sus derechos, ni sus vidas. Las agresiones y amenazas no cesan, las personas indígenas, así como personas defensoras contra la minería, Proyectos Hidroeléctricos y megaturismo, también están en el ojo de los círculos de violencia y desprotección.
Frente a la vulneración estructural, sistemática e intencionada ¿Quién defiende a quienes defienden?
Referencias
Casas y Álvarez. (2020). Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica. Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON): Costa Rica.
Global Witness. (2021). Última línea de defensa. Tomado de https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
