La realidad histórica tiene ironías aleccionadoras. Hace pocas semanas dio inicio un “reforzamiento estructural” del edificio que ha alojado a la Corte Suprema de Justicia por más de seis décadas. La obra viene exigiéndose desde hace veinte años por expertos en ingeniería y sismografía por el riesgo inminente de que un terremoto de cierta magnitud, con ondas en dirección sur-norte pudiera golpear de manera letal nuestro principal palacio de justicia. Se trata entonces, muy en resumen, de levantar columnas, vigas y paredes paralelas a las existentes, para que un evento grave no tire por los suelos a la Corte.
Pero como bien sabemos, una cosa es la función institucional y otra muy distinta el edificio que la alberga. El remesón institucional que se ha desatado a raíz del escándalo por la importación del cemento chino, y cuyo impacto ha alcanzado directamente al máximo tribunal de la República, nos da espacio para preguntarnos si no es llegada la hora de que sean promovidos los “cambios estructurales”, para evitar que la Justicia en Costa Rica se derrumbe del todo.
Al momento de escribirse esta columna, ha sido suspendido el Fiscal General (después de una rocambolesca sesión de Corte donde todo se hizo mal jurídica y procedimentalmente, cuestión que tuvo que corregirse por intervención de la nueva Fiscala General, para vergüenza ajena de todos); ha sido también suspendido el Magistrado Gamboa, bajo el peso contundente de un alud de indicios y evidencias de actuaciones no solo presuntamente irregulares sino delictivas; como efecto secundario, ha sido suspendido también el letrado estrella de don Celso por interferencias indebidas y, como finalmente tenemos Ministerio Público, han sido practicadas las actuaciones que esperaron por meses y años, en una serie de asuntos de corrupción pública y privada que dormían el sueño de los justos.
La onda tectónica ha removido a varios y toca ya las puertas de la Sala Tercera. Calamitosa tesitura la que enfrenta Carlos Chinchilla y los compañeros que suscribieron la desestimación a favor de los diputados Guevara Güth y Morales Zapata. Al día de hoy está totalmente desacreditado, por las pruebas documentales, que el informe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, le fuera ocultado a los juzgadores; está desvirtuado que tal probanza no viniera adjunta al expediente; está desacreditado que fue la emergencia de “prueba nueva” la que obligó a la reapertura del caso; y está desacreditado que en estos supuestos los magistrados están prácticamente obligados a acatar lo que solicita el Ministerio Público. Al menos cuatro falsedades que se han sostenido públicamente y que se han desvanecido por efecto de la dura realidad que las desmiente. De manera que esos magistrados están en el dilema de, o bien aceptar que no realizaron su trabajo con el debido cuidado, lo que los descalifica como funcionarios idóneos para la delicada labor que realizan; o bien, peor aún, que teniendo frente a sí, una solicitud de desestimación improcedente (por la prueba en contrario que la falseaba), decidieron hacerse de la vista gorda y beneficiar a dos diputados en ejercicio.
La función judicial al más alto nivel queda letalmente falseada. Hoy no sabemos si puede ser reforzada o estamos en necesidad de derrumbar escombros y reconstruirla desde sus cimientos. Hoy no sabemos si es pura negligencia, ignorancia o algo peor.
El maldito (¿o bendito?) escándalo por el cemento chino ha desnudado verdades de mucho más calado que quizá no queríamos conocer. Ha puesto a la democracia más antigua de América Latina a revisar su consistencia, su resistencia y su identidad misma. Lo que hoy se juega en Costa Rica es si somos una democracia capaz de contestar al gran desafío de la corrupción, o si somos una “banana-republic”, o para actualizarnos, si somos una “narco-república”, un “estado fallido” más en la padecemos de una élite que se ha autoerigido en dueña de la finquita y actúa en consecuencia, sin importarles el daño irreversible que ocasionan al régimen republicano.
Las debilidades estructurales que están a punto de derrumbar la institucionalidad, pasan por una columna vertebral que consiste en partidos políticos con dueños tipo gamonales, que han dejado de estudiar y de pensar; de diputados –en su mayoría- sin el nivel intelectual y personal para los grandes desafíos de la época; con esos diputados nombrando magistrados de listas en donde los mejores son borrados de un plumazo; y de magistrados nombrando a jerarcas del Poder Judicial sin atreverse a pedirles cuentas. Una cascada viciosa y perversa que nos tiene donde estamos.
La ciudadanía trabajadora y honesta de la Costa Rica que todavía vale la pena rescatar, tiene que tomar la palabra, las instituciones, los movimientos sociales y, cuando haga falta, también las calles.
