Pese a la reforma económica neoliberal, impulsada a partir de la década de 1980 por políticos y empresarios pertenecientes a los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), el Estado costarricense mantuvo el dominio o una fuerte participación en servicios estratégicos, como electricidad, telefonía, agua, seguros, combustibles, banca, educación y salud.
La presencia estatal en tales áreas se convirtió en una barrera fundamental que impidió que los empresarios costarricenses y sus socios extranjeros pudieran convertir esos servicios públicos en lucrativas fuentes de acumulación de capital.
En la defensa de esos servicios como un patrimonio público han jugado un papel decisivo los empleados públicos, quienes, a partir de la década de 1980, empezaron a ser sistemáticamente criminalizados por las cámaras empresariales y los principales medios de comunicación.
De esta manera, empresarios y medios lograron que la atención pública se centrara en los supuestos privilegios de los empleados públicos, y no en sus propias prácticas corruptas, dirigidas a extraer todos los recursos posibles del Estado, mientras que defraudaban al fisco cuantas veces podían.
Ciertamente, los derechos conquistados por los empleados estatales pueden ser vistos como privilegios por los trabajadores del sector privado, pero esto solo es así porque en dicho sector el anti-sindicalismo practicado por los empresarios les permitió explotar al máximo la fuerza laboral a partir de un régimen de salarios mínimos.
Realmente, los empleados públicos constituyen un doble obstáculo: primero porque defienden servicios que las cámaras empresariales y los medios que las representan ansían privatizar, y segundo porque sus mejores condiciones salariales y laborales evidencian constantemente cuán miserablemente tratan esas cámaras y medios a sus propios trabajadores.
En tales circunstancias, poco sorprende que, en el contexto de la actual pandemia, los lobos empresariales y mediáticos se desvivan por aprovechar la tragedia y aúllen día y noche en procura de que a los empleados públicos se les reduzcan sus jornadas y salarios.
Si bien el principal efecto que tendría una medida de ese tipo sería hacer todavía más profunda la crisis e incrementar y extender su costo social, a esos lobos, como a los de la célebre película de Carlos Saura, lo único que les interesa es saciar sus apetitos, aunque al hacerlo devoren al Estado social de Derecho.
