Costa Rica necesita consolidar una banca ética y solidaria

Durante las últimas semanas, la situación financiera de Bancrédito se ha discutido en la opinión pública.

Durante las últimas semanas, la situación financiera de Bancrédito se ha discutido en la opinión pública. No es nuestro interés conducir un análisis pormenorizado de esta situación, más bien deseamos tomar su caso para reflexionar sobre la pertinencia, carácter de oportunidad y sentido estratégico de disponer de una banca estatal.
Se afirma que el desencadenante de la crisis ha sido un crédito otorgado a la empresa Casa Blanca, cuyo negocio principal es la venta de línea blanca mediante financiamiento. Según distintos reportajes, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Bicsa y Bancrédito prestaron, en conjunto, 16,1 millones de dólares a esta empresa (LN, 09/02/2017). Una inadecuada gestión financiera de Casa Blanca le condujo a carecer de la suficiente liquidez para honrar sus deudas en el tiempo y forma pactada con sus acreedores. En el fondo, es un problema de calces (LN, 10/02/2017).
El volumen de la deuda de Casa Blanca es un dato revelador sobre el tamaño de este lucrativo negocio. Es también revelador saber que la banca estatal, perteneciente a todos y todas las costarricenses, apalanca esta intermediación financiera, informal y desregulada, que mueve cientos de millones de colones todos los meses.
Este escenario nos obliga a referirnos al menos a tres núcleos problemáticos.
El primero de ellos es la existencia de un mercado de intermediación financiera que opera por la libre, pero que depende del apoyo de los bancos estatales, con el consiguiente riesgo que esto entraña para el sector financiero formal.
En segundo lugar, es evidente que existen amplios segmentos desatendidos. Son personas, sectores productivos y territorios claramente identificados que, ante la ausencia de apoyo financiero y técnico por parte de la banca estatal, acuden al sector financiero informal, lo que limita aun más sus posibilidades de desarrollo. La Asociación Bancaria Costarricense, a través de un estudio realizado en 2015, señala que más del 40% de la población mayor de 18 años está excluida de los servicios financieros formales, con brechas importantes por razón de sexo, edad y nivel de ingreso, lo que nos permite dimensionar el desafío en materia de lograr una inclusión financiera universal y significativa.
Tercero, la carencia de apoyo financiero a los segmentos anteriormente aludidos se conjuga con un factor adicional: la carencia de una cultura de finanzas sanas, que permita a las personas tomar decisiones informadas y ser usuarias competentes. Esto explica fenómenos como el alto endeudamiento a través de tarjetas de crédito, uno de los instrumentos financieros más caros, así como el éxito de negocios como Casa Blanca, que básicamente costean bienes de consumo cuya vida útil, merced la obsolescencia programada de las mercancías, será menor al plazo del crédito para adquirirlo.
¿De cara estas problemáticas, ¿cómo podemos permear a la banca estatal de las prácticas y enseñanzas de la banca ética y solidaria?
En esencia, es imperioso recuperar y reivindicar la noción de que la banca se nacionalizó en Costa Rica para fomentar la democratización financiera y económica. Los bancos estatales y públicos no son un fin en sí mismos, sino mecanismos para el logro de objetivos de la colectividad. Por ello, su gestión no puede medirse simplemente por la utilidad generada, sino por sus impactos positivos en las distintas dimensiones del desarrollo humano sostenible.
Urge generar espacios para el diálogo social que permita a los distintos actores sociales, en conjunto con las autoridades de la banca estatal, dar forma a una estrategia nacional para la inclusión financiera significativa, que prevenga de la usura a la población, principalmente a los segmentos más vulnerables. Además, es tiempo que como sociedad nos demos a la tarea de discutir la necesidad de dar forma e implementar un programa nacional de educación financiera y promoción de una cultura de finanzas sanas, una iniciativa que no puede estar a merced de la buena voluntad de los departamentos de responsabilidad social de ciertos operadores financieros.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal es plenamente consciente de estas necesidades, y expresa su mayor disposición a participar de los espacios de diálogo y construcción colaborativa que nos permitan, en conjunto, hacer frente a estos desafíos.

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